En las bóvedas del Banco de Inglaterra, donde las naciones extranjeras guardan parte de sus vastas reservas de oro, se encuentran 1700 millones de euros (casi u$s 2 mil millones) en lingotes de oro que se disputan Nicolás Maduro y Juan Guaidó. El presidente Maduro dice que ese oro pertenece al banco central de su administración, mientras que el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Guaidó – a quien el gobierno británico, entre otros 50 países, reconoce como el legítimo líder de Venezuela–, dice que las barras son suyas.
La cuestión comenzará a definirse la próxima semana en un tribunal comercial británico, luego de que el Banco Central de Venezuela (BCV) demandara al Banco de Inglaterra (BOE) para conseguir el acceso a las barras. La resolución del juicio, sin embargo, se espera para agosto o septiembre.
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La pelea se da en un momento crítico de las finanzas venezolanas, con la baja del precio del crudo y los Estados Unidos ejerciendo una política de presión cada vez más fuerte sobre Maduro y las empresas más emblemáticas del gobierno como PDVSA, que además está operando en mínimos históricos.
Los abogados que representan al BCV dicen que gran parte del oro se vendería para financiar la respuesta de Venezuela al coronavirus, ante la debilidad de un sistema de salud destruido por seis años de crisis económica. La oposición, liderada por Guaidó que hace año y medio comenzó una presidencia interina, alega que Maduro quiere usar el oro para pagar a sus aliados, lo que sus abogados niegan. En los últimos dos años el gobierno ha retirado unas 30 toneladas de las bóvedas en Venezuela para venderlas ante la urgencia por tener divisas, según datos del BCV y fuentes consultadas por Reuters.
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El equipo del Guaidó espera que un veredicto favorable del tribunal inglés sirva como antecedente y pueda influir en otros países para obtener el control de más activos venezolanos, incluyendo unos u$s 5000 millones en fondos estatales congelados en cuentas bancarias extranjeras.
¿Cómo empezó todo?
Preocupado por las crecientes sanciones contra el gobierno de Maduro, el BCV a fines de 2018 le dijo al BOE que quería repatriar 14 toneladas de oro que había almacenado allí bajo un acuerdo de custodia. En diciembre de ese año, Calixto Ortega, presidente del BCV, viajó a Londres para discutir la movilización del oro con funcionarios del BOE, según Sarosh Zaiwalla, un abogado con sede en Londres que representa al BCV. Pero los funcionarios del BOE le respondieron a Ortega que no podían aceptar sus instrucciones ya que había un problema con su autoridad, según le contó Zaiwalla a Reuters.
En febrero de 2019, Gran Bretaña se unió a EE.UU. y a docenas de otras naciones para respaldar el reclamo de Guaidó. En abril, el Departamento del Tesoro de los EE.UU. sancionó al BCV, alegando que Maduro lo estaba usando para “saquear” los activos venezolanos para “enriquecer a los corruptos”.
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Previo a las sanciones, el gobierno de Maduro pagó en febrero de 2019 un préstamo acordado con Deutsche Bank que usaba oro como garantía. Esto dio como resultado que se devolvieran 17 toneladas de oro al BCV, dijeron personas familiarizadas con el acuerdo, lo que elevó el total de tenencias del BCV en el BOE a 31 toneladas.
Las sanciones causaron la terminación anticipada de varios canjes de oro que el BCV había acordado con entidades como Deutsche Bank entre 2015 y 2017, según una cronología presentada ante el tribunal por el equipo legal de Guaidó.
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El equipo del dirigente opositor le pidió a la corte inglesa que determinara quién tenía la autoridad para representar al BCV y recibir el oro. En julio, Guaidó nombró su propia junta del banco central.
El gobierno de Maduro contrató a Zaiwalla en febrero para reemplazar a otro bufete de abogados. Zaiwalla dice que Ortega lo contactó después de representar al Banco Mellat, de Irán, en un caso que buscó una reparación de daños del gobierno británico por imponer sanciones que perjudicaron su reputación y buena voluntad. El gobierno británico llegó a un acuerdo el año pasado por 1250 millones de libras. “Es probable que este caso tenga cierta importancia porque la decisión de un tribunal del Reino Unido se respeta en todo el mundo”, dijo Zaiwalla.
El factor pandemia
En abril, Zaiwalla envió a los abogados del BOE una carta indicando que facilitaran la venta de u$s 1000 millones en oro y transfiriera la suma al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que compraría los medicamentos y alimentos necesarios para la respuesta venezolana al coronavirus, según documentos presentados en la corte.
Cuando el BOE no cumplió, Zaiwalla presentó en mayo un reclamo legal contra el banco, diciendo que estaba privando al BCV de fondos en un momento de “emergencia nacional y global”. Hasta ahora, la administración de Maduro dice que el coronavirus ha provocado la muerte de 28 venzolanos y hay más de 3400 contagiados.
En respuesta al reclamo, el BOE solicitó al tribunal que determinara si debía seguir las instrucciones de las juntas de Maduro o de Guaidó.
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En sus argumentos presentados ante el tribunal, el BCV de Maduro dice que el tribunal debería considerar qué lado controla el estado en Venezuela y cuyo embajador es reconocido por el gobierno británico. La lista actual de representaciones diplomáticas del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido menciona a un funcionario designado por Maduro como embajador, no al embajador de Guaidó, Vanessa Neumann. Neumann dijo a Reuters que esto se debe a que Guaidó no controla la autoridad de inmigración.
El equipo de Guaidó argumenta que el tribunal debería basar su decisión en el reconocimiento del gobierno británico de su autoridad. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en una carta al tribunal en marzo, confirmó que esa sigue siendo la posición del gobierno.
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