Manuel Lapeña ya no puede celebrar la noticia de que, al fin, el Gobierno destinará dinero para abrir las criptas del Valle de los Caídos y recuperar, entre otros, los restos de su padre y su tío, enterrados en el mausoleo, como otros muchos republicanos ―también algunos pertenecientes al bando nacional― sin el consentimiento de sus familiares. Va a cumplir 97 años y su cabeza ha empezado a fallar. “Llevamos 12 años con esta batalla, tenemos una sentencia firme desde hace cinco a favor de la exhumación y desgraciadamente, cuando le digamos que por fin se va a hacer esto, mi suegro ya no se va a enterar”, explica Miguel Ángel Capapé. Lapeña habla constantemente de su padre, de cuando él era niño, de cuando se lo llevaron en un camión… Pero ya no recuerda esa pelea que inició para recuperar sus restos. En 2016, cuando la justicia le dio la razón, antes del traslado del cuerpo de Franco al cementerio de Mingorrubio, explicaba, emocionado, a EL PAÍS: “Mi padre está enterrado con el asesino. ¡Es un insulto!”. Sí dejó dicho a su familia que quiere que les entierren juntos cuando él muera en el panteón donde yace su madre.
El Gobierno aprobará el próximo martes la partida de 650.000 euros para las exhumaciones en las criptas del Valle de los Caídos, según ha adelantado la Cadena SER. El proyecto lleva hecho desde el año pasado. El forense Francisco Etxeberria explica a EL PAÍS que trabajarán en el mausoleo equipos de entre 10 y 15 personas entre forenses, arqueólogos y personal de funeraria con formación en tanatología. La intervención se llevará a cabo por partes, comenzando por la cripta del Santo Sepulcro, donde se encuentran los hermanos Lapeña, y puede prolongarse durante meses, sin que en principio sea necesario cerrar el acceso al monumento.
Etxeberria aclara que solo se intervendrá en aquellas cajas con una referencia clara que las identifique. El Gobierno ha recibido más de 60 solicitudes de familias que quieren recuperar restos allí enterrados, de republicanos pero también de hombres vinculados al bando nacional. Al igual que ocurre en la exhumación de fosas comunes del franquismo en cementerios ―las criptas del valle tienen la categoría de cementerio civil―, la operación se llevará a cabo sin alterar otros restos, y únicamente se extraerán muestras para identificar los huesos de los familiares reclamados. “Todo se hará con el máximo respeto, con las normas éticas, forenses y deontológicas pertinentes”. Además, añade Etxeberria, se aprovechará la intervención para dignificar y adecentar el interior de las criptas. Algunas están en muy mal estado por filtraciones de agua que han deshecho las cajas de madera donde yacen las víctimas.
“Lo hemos hecho cuando hemos podido, cuando hemos tenido presupuesto”, afirma una portavoz del Ministerio de la Presidencia. “Lo contrario hubiera sido despertar en las familias expectativas que no podíamos cumplir”, añade. Capapé lamenta que se exhumaran antes los restos de Franco que los de los familiares que como él, reclaman hace años los restos. El comité de expertos nombrado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ya recomendó en noviembre de 2011 el traslado de los restos del dictador, entre otros motivos, como una medida de alivio a esas familias que pensaban que sus parientes estaban enterrados junto al verdugo, por la dificultad de intervenir en las criptas. La exhumación se llevó a cabo finalmente en octubre de 2019, con el apoyo de los tres poderes del Estado, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial y en contra de los nietos del dictador.
Eduardo Ranz, abogado que logró esa sentencia favorable para la exhumación de los hermanos Lapeña hace cinco años, lamenta el retraso de las actuaciones: “El Gobierno nos reconoce el derecho a exhumar, pero no indica fecha, lo que resulta ofensivo, más aún cuando se pretende reconstruir las chabolas demolidas en el Valle antes que honrar a las víctimas, con la incoherencia de saber que el Gobierno de España es el único que puede ejecutar la única sentencia en memoria, y exhumar a los hermanos Lapeña. Por desgracia, no hemos logrado captar el interés de la Vicepresidenta Carmen Calvo, por el cumplimiento de las sentencias firmes”.
Patrimonio Nacional adjudicó en julio de 2016 al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, del CSIC, el contrato para valorar el interior de las criptas. Dicho instituto presentó un primer informe el 28 de julio de 2017 describiendo las cinco inspecciones realizadas hasta la fecha. Pero a partir de ese momento, según explican los técnicos, los trabajos se suspendieron “por motivos ajenos al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja a petición de Patrimonio Nacional”. El 10 de abril 2018, Patrimonio Nacional comunicó al instituto la posibilidad de reanudar los trabajos y el 23 de ese mismo mes, los técnicos realizaron una nueva inspección en la capilla del Santo Sepulcro. En julio, Patrimonio Nacional les pidió que ampliaran la inspección a todas las capillas y comprobar su estado “desde el punto de vista estructural, describiendo patologías y humedades, así como el estado de conservación de las cajas” donde se encuentran los restos humanos. Los expertos del CSIC realizaron nuevas visitas a las capillas entre noviembre de 2018 y abril de 2019. El informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, está firmado por dos ingenieros de caminos y el director del Instituto Eduardo Torroja, y muestra las imágenes tomadas por el videoscopio. Algunas de las criptas presentan humedades por filtraciones de agua y restos cadavéricos fuera de las cajas de madera en las que habían sido inhumados.
En las siete capillas y criptas del Valle de los Caídos hay enterradas más de 33.800 personas (el equivalente a la ciudad de Teruel). El propio Franco explicó el objetivo de la construcción en un decreto del 1 de abril de 1940: “La dimensión de nuestra Cruzada (…) no puede quedar perpetuado por los sencillos monumentos con los que suelen conmemorarse en villas y ciudades (…) es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos, que desafíen al tiempo y al olvido (…) para que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor (…) los héroes y mártires de la Cruzada”. El dictador quería el equivalente a una gran pirámide egipcia que sirviera para inmortalizar su victoria, y en ella solo tenían cabida los muertos del bando nacional, pero los trabajos de construcción se demoraron y según fue avanzando el tiempo disminuía la voluntad de los familiares de trasladar allí los restos. Para alimentar la enorme cripta, terminaron trasladándose al Valle de los Caídos, sin el conocimiento de sus seres queridos, restos de republicanos enterrados en fosas comunes repartidas por todo el territorio nacional.
Fausto Canales tenía dos años la madrugada en que un grupo de hombres armados irrumpió en su casa en Pajares de Adaja (Ávila) para llevarse a su padre, Valerico, en agosto de 1936. No volvieron a verle. Cuando se jubiló, en 1999, empezó a buscarle. La investigación le llevó a descubrir, con horror, que los restos de su padre habían terminado en el Valle de los Caídos, como los de su tío. Aquella madrugada, los falangistas aporrearon otras seis puertas con una lista de rojos en la mano, según relató el propio Canales ante el Tribunal Supremo en 2012, en el juicio contra el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Los mataron en una aldea cercana, Aldeaseca, y obligaron a un vecino a recoger los cuerpos con su carro y arrojarlos a un pozo. Hasta que 23 años después, otro grupo de hombres, cumpliendo órdenes de la misma autoridad que había decidido darles muerte, desenterró los cadáveres para trasladarlos a la pirámide de Franco. Cuando, en octubre de 2003, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica acudió al lugar para exhumar los cuerpos solo encontró un cráneo, huesos de falanges, piezas dentales y el dedal de una de las mujeres asesinadas aquella madrugada: lo que se habían dejado los desenterradores en el camino al Valle de los Caídos.
“Estoy contento, pero es una alegría comedida”, afirma este viernes Canales, de 86 años, tras conocer la aprobación de la partida presupuestaria para recuperar los restos y entregárselos a los familiares. “Por fin hay voluntad política de hacerlo y eso es muy importante, pero son muchos años y seguro que surgirán nuevos obstáculos. Esto nunca ha sido fácil”, afirma. En 2012 llevó su caso hasta el Tribunal de Estrasburgo. Tiempo después recibió una resolución que autorizaba la recuperación de los restos de su tío, pero no los de su padre, algo que también se terminó solucionando con papeleo y mucho empeño. Cuando por fin se realice la exhumación en el Valle de los Caídos, su intención es trasladar los restos al monolito que han levantado los familiares de las víctimas en Pajares de Adaja con los huesos que los desenterradores se dejaron en los años cincuenta en la fosa al trasladarlos al mausoleo. “Murieron juntos y queremos honrarles juntos”, explica.
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