Manuela llegó a un hospital de El Salvador casi arrastrándose por el suelo y salió de allí esposada y directo a una cárcel. Tenía 31 años y suplicaba atención médica tras haber ido al baño de su casa -en realidad era una letrina a unos metros de su vivienda- y se desmayó. Había tenido una emergencia obstétrica y fue condenada a 30 años de prisión bajo del delito de homicidio agravado. Fue encarcelada en 2008 y dos años más tarde, en 2010, murió de cáncer. Su caso es estudiado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que este miércoles y jueves escuchará a su familia y al Estado salvadoreño. La Corte IDH tendrá por primera vez la oportunidad de reconocer que negar y penalizar los servicios básicos de salud son actos de discriminación y violencia contra las mujeres que presentan problemas durante el embarazo. El pronunciamiento del organismo servirá de brújula para todos los países que hacen parte del sistema interamericano de derechos humanos.
Manuela -la familia ha pedido no revelar su verdadero nombre para cuidar su memoria- fue víctima de un Estado acostumbrado a perseguir a las mujeres que abortan, incluso cuando es involuntario. El personal médico que la recibió no la atendió, la denunció y la acusó de provocarse el aborto para ocultar una infidelidad. Manuela no pudo defenderse. Ni su emergencia obstétrica ni el cáncer linfático que ya empezaba a deteriorar su salud fueron tenidos en cuenta. “El Estado no le brindó un diagnóstico ni un tratamiento apropiado para el cáncer que padecía y esa fue una de las causas de la emergencia que sufrió”, dice Catalina Martínez Coral, del Centro de Derechos Reproductivos, una organización que junto a la Colectiva Feminista presentan sus argumentos a favor de Manuela ante la Corte.
Esta es la última etapa del caso, cuatro años después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo admitiera tras determinar que el Gobierno de El Salvador no le proporcionó acceso a la justicia ni a ella ni a su familia. “La Comisión determinó que el Estado violó el derecho a la libertad personal por la detención ilegal de la víctima, tomando en cuenta que fue detenida el 28 de febrero de 2008 bajo la figura de flagrancia sin que se llenaran los requisitos para ello, pues en el momento de la detención se encontraba en el Hospital Nacional de San Francisco Gotera”. La CIDH también concluyó que “el Estado violó el derecho a la vida, el derecho a la salud, las garantías judiciales y la protección judicial, tomando en cuenta que la víctima no recibió un diagnóstico médico integral cuando fue privada de libertad -en los primeros meses de detención perdió 13 kilos-, ni tampoco un tratamiento médico oportuno y adecuado, que hubiera permitido prolongar la vida de Manuela, quien falleció luego de padecer de una enfermedad cuyos indicios se manifestaron desde 2007. La muerte de la víctima, bajo custodia del Estado, no fue esclarecida mediante una investigación adecuada”, señaló la CIDH cuando presentó el caso ante la Corte.
“No se trata de determinar su inocencia sino la responsabilidad del Estado. Los médicos no pueden ser fiscales, los procesos penales deben tener garantías y ellas no las tuvo”, señala Martínez Coral. Manuela tenía dos hijos y su tercer embarazo avanzaba, nunca quiso abortar, estaba enferma y fue encarcelada y separada de su familia, que este jueves se presenta a través de un vídeo en la audiencia. Su mamá, hoy con más de 80 años, busca desde 2008 justicia. Fue ella quien llevó al hospital a su hija, moribunda tras expulsar el feto involuntariamente. Como vivían en una zona rural tuvo que pagarle a un vecino 60 dólares -una fortuna para ellas que no tenían dinero- para que las transportara por un camino de casi tres horas hasta San Salvador. Les urgía que la atendiera un especialista, pero se encontraron con médicos que hicieron de fiscales y la denunciaron. “Quienes la recibieron no debieron haberla declarado culpable sin siquiera examinarla. No le suturaron las heridas por el desgarro que sufrió, ni le dieron una pastilla. La interrogaron antes que atender su emergencia”, cuenta Martínez Coral.
Morena Herrera, activista de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto en El Salvador, ha dicho que esperan que la Corte ordene una reparación económica para la familia de Manuela y un tratamiento médico y psicológico para sus dos hijos. Las organizaciones que han acompañado el caso también esperan que el resultado en este proceso permita que se ordene al Estado establecer una normativa que garantice los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en un país en donde una complicación obstétrica es un delito que se paga hasta con 50 años de cárcel.
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