La Fiscalía de la Ciudad de México informó que en total recibió y procesó a 29 personas detenidas durante la marcha convocada bajo la bandera de la Generación Z el pasado sábado 15 de noviembre. No se informó si ya se procesa penalmente a algún policía por agresiones a ciudadanos.
Según la valoración de la fiscalía, 19 personas incurrieron en conductas penales y 10 casos fueron enviados a la Justicia Cívica, al tratarse de lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, consideradas faltas administrativas y no delitos.
Según un comunicado, seis casos inicialmente valorados como tentativa de homicidio fueron reclasificados a delitos menores.
De esta forma, hay tres personas acusadas por tentativa de homicidio, cinco por resistencia de particulares, ocho por lesiones dolosas y dos por lesiones dolosas y robo; en un caso más está involucrado un adolescente, que fue remitido a la fiscalía especializada.
Del total de acusados, 13 ya fueron vinculados a proceso, mientras que cinco personas ejercieron su derecho a tener más tiempo para estudiar la acusación y reunir pruebas a su favor.
Según la valoración de cada hecho, la fiscalía solicitó prisión preventiva para ocho personas, mientras que 10 podrán enfrentar el juicio en libertad.
La Fiscalía dio a conocer que cuenta con los testimonios directos de las víctimas, quienes dicen reconocer a las personas que las agredieron, así como los informes policiales que describen los hechos presenciados por elementos de la SSC y de la Policía Auxiliar.
A ello se suman los dictámenes médicos que precisan la naturaleza y gravedad de las lesiones —incluidas fracturas y múltiples contusiones— y los peritajes en mecánica de lesiones que confirman que fueron causadas por golpes.
Además, se cuenta con videograbaciones en las que se observa a las personas imputadas en el tiempo y lugar de los hechos, participando en agresiones y, en algunos casos, utilizando piedras, palos u otros objetos.
¿Qué sigue en este caso?
Con la vinculación a proceso se abrió un periodo de investigación complementaria, fijado por los jueces entre uno y dos meses, dependiendo cada caso.
La fiscalía reunirá todas las pruebas y podrá solicitar la reclasificación de delitos. También se podrá optar por la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias, como acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso o procedimientos abreviados.
En comunicado, la Fiscalía apuntó que mantiene abiertas líneas de investigación para identificar y conducir a proceso a otros agresores ya ubicados, así como para establecer la posible participación de autores intelectuales en los ataques.