La emergente carrera política de la comisionada presidencial para los derechos del niño en Rusia, María Lvova-Belova (Penza, 38 años), alcanzó una nueva dimensión en su encuentro cara a cara con Vladímir Putin del pasado 16 de febrero, un mes antes de que fuera incluida junto con el mandatario en una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional por ser “presuntamente responsable de un crimen de guerra por la deportación y otro tipo de traslado ilegal de población (menores)”. “Ahora sé lo que es ser madre de un niño de Donbás. Es difícil, pero definitivamente nos amamos”, manifestaba la risueña política al contarle a Putin cómo había acogido en su familia a Filipp Golovnia, un adolescente de 16 años de la devastada ciudad de Mariupol del que apenas se sabe nada, aparte de que no habla con su madre biológica desde los 11.
Rusia ha sido acusada por Kiev de secuestrar y adoctrinar a estos menores y la defensora del menor hizo unas declaraciones polémicas sobre ello durante la anexión de las regiones ucranias ocupadas. “Cuando los trajimos [a los menores] a la región de Moscú para que pudieran recuperarse un poco, comenzó la historia de que hablaban negativamente sobre el presidente [Putin], de quien decían todo tipo de cosas desagradables y cantaban el himno de Ucrania, Gloria a Ucrania y todo eso. Sí, hay algún tipo de negatividad, tal vez al principio, pero luego se transforma en amor a Rusia”, aseveró Lvova-Belova durante un acto en el centro de observación de los pseudorreferendos organizados por el Kremlin entre el 23 y el 27 de septiembre de 2022.
También en septiembre, el hijo adoptivo ucranio de esta alto cargo recibió su pasaporte ruso en un acto de entrega televisado a toda la nación: “Ahora soy un ciudadano de pleno derecho de Rusia. Esto es muy importante para mí, estoy muy feliz, abrumado por las emociones”, contaba el adolescente Golovnia en esa ceremonia. “¡Hemos recibido el documento en tan poco tiempo! Se han creado las condiciones necesarias para que (los pasaportes) se tramiten en poco tiempo”, afirmaba entonces su nueva madre adoptiva, impulsora de la agilización de los trámites para conceder la nacionalidad rusa a los menores con el fin de facilitar las adopciones.
Lvova-Belova, casada con un sacerdote de la Iglesia ortodoxa rusa, tiene cinco hijos biológicos, otros cuatro adoptados y 13 jóvenes, todos ellos con discapacidad, bajo su tutela. En total, 22 personas a su cargo, según la agencia de noticias rusa Tass.
La defensora del menor de Rusia fue nombrada en el cargo en 2021. Fundadora con 21 años de una organización para promover la adaptación social de menores desfavorecidos, Blagovest, la irrupción final de Lvova-Belova en la política tuvo lugar en 2019, previo paso por algunas comisiones consultivas sociales de Penza, su región natal situada a unos 700 kilómetros al sureste de Moscú. Aquel año el mismísimo expresidente Dmitri Medvédev le entregó el carnet del partido de Putin, Rusia Unida, y fue nombrada jefa regional del Frente Popular Panruso, un movimiento político fundado por el Kremlin en 2011 para extender sus tentáculos a todos los sectores sociales, desde los pensionistas a los colegios y los sindicatos.
Un “caso extremo”
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Lvova-Belova tenía previsto conceder esta semana una rueda de prensa en Moscú, pero finalmente no compareció, y el departamento que dirige no ha respondido a este periódico sobre la situación de los menores. Sus únicos comentarios sobre su orden de arresto los hizo el mismo día del anuncio, cuando, en unas declaraciones incomprensibles, afirmó: “Es muy bueno que la comunidad internacional valore la ayuda de nuestro país a los niños”. Luego aseveró ante periodistas rusos en un viaje a Ekaterimburgo el 22 de febrero: “Lo que nos imputa el Tribunal Penal Internacional, y lo que ahora nos imputa la comunidad internacional, no tiene una base concreta. No nos han dicho un solo apellido, no hemos recibido una sola solicitud que confirme que los niños están separados de sus padres o que fueron deportados al territorio ruso”, manifestó.
El departamento que dirige Lvova-Belova insiste en que las adopciones por familias rusas son un caso extremo, pues prefiere la figura legal de la tutela para devolver los niños “si aparecen los familiares”. Sin embargo, el artículo 49 del Convenio de Ginebra establece que “los traslados en masa o individuales, de índole forzosa, así como las deportaciones de personas protegidas del territorio ocupado al territorio de la potencia ocupante, están prohibidos, sea cual fuere el motivo”, y las evacuaciones, solo permitidas por motivos de índole forzosa, “no podrán implicar el desplazamiento de las personas protegidas más que en el interior del territorio ocupado”.
La alta funcionaria ha evitado pronunciarse hasta ahora sobre los riesgos que implica para su persona la orden de arresto. El abogado Pável Chikov, antiguo miembro del consejo presidencial para el desarrollo de la sociedad civil y los derechos humanos en Rusia, y ahora declarado agente extranjero por el Kremlin, insinuó que Washington podría poner precio a su entrega: “Un hecho poco conocido es que el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene un programa de recompensas por crímenes de guerra. Por la información que conduzca a la captura de los buscados por estos delitos, el Departamento de Estado promete pagar hasta cinco millones de dólares”.
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