La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) pero se negó a ser entrevistada en calidad de testigo ante la investigación por la presencia de agentes de Estados Unidos en un operativo estatal.
La panista se presentó para cumplir el citatorio girado por el ministerio público Julio César Jaimes Carmona, el cual calificó de “incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación”.
La gobernadora firmó un oficio en el que expresamente afirmó que no colaboraría en calidad de testigo.
No comparezco para rendir entrevista en calidad de testigo ni para sujetarme a acto de investigación alguno. Acudo para responder a un oficio que contiene un citatorio ambiguo, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación.
En el escrito, Campos dijo que tiene la disposición a colaborar, “pero no como un sometimiento, fáctico o legal”. Se dijo dispuesta a responder las solicitudes de información que se envíen al gobierno de Chihuahua.
También argumentó que no tiene la obligación de comparecer ante ministerio público, ya que la ley en la materia no da atribuciones a la Fiscalía para citar a gobernadores y gobernadoras.
María Eugenia Campos también afirmó que el citatorio no “precisa el objeto de la diligencia” y que no estaba debidamente fundamentado.
También criticó que se le llame como testigo, cuando en el fondo le podrían fincar responsabilidades:
El Código Nacional reconoce que el testigo no está obligado a declarar sobre hechos por los que se le pueda fincar responsabilidad penal. Esta confusión no es un defecto menor. Una citación que invoca a la vez el régimen del testigo y e l del imputado, y que omite precisar su objeto, coloca a la compareciente en riesgo de una diligencia materialmente preimputativa, encubierta bajo la fórmula de una entrevista. Ese riesgo afecta mi esfera jurídica como persona, pero, sobre todo, la función y las garantías institucionales del cargo que me ha sido conferido.