La Comisión de Cuentas Públicas del Parlamento británico ha advertido este miércoles al Gobierno de Boris Johnson de que le queda mucho trabajo por hacer para reducir las consecuencias negativas que ha traído consigo el Brexit. El impacto que la pandemia ha tenido sobre la economía británica, el comercio internacional y el tránsito de mercancías y viajeros durante casi dos años ha camuflado los problemas ocasionados por la salida de la UE, que el 31 de diciembre de 2020 fue ya una realidad jurídica definitiva. Pero no las ha tapado por completo. “Los nuevos controles impuestos al movimiento de bienes desde el Reino Unido a la Unión Europea han supuesto costes adicionales para las empresas y han afectado el flujo del comercio internacional”, concluye el informe de la comisión, EU Exit: UK Border Post Transition (Salida de la UE: La Frontera del Reino Unido después del Periodo de Transición).
El texto analiza los problemas surgidos hasta la fecha, pero, sobre todo, concentra sus advertencias en los inconvenientes que se anticipan en el horizonte cercano. Mientras Bruselas puso en marcha por completo, desde el fin del periodo de transición, sus controles aduaneros y sanitarios para los productos procedentes del Reino Unido, el Gobierno de Johnson ha ido autoconcediéndose periodos de gracia —hasta tres veces— para prorrogar el cumplimiento de sus obligaciones. Como conclusión, no será hasta mitad de este año cuando la importación de productos de la UE sea sometida a un control estricto.
“[El Gobierno] debe centrarse ahora en la preparación de los operadores de comercio internacional y transportistas de la Unión Europea para los controles de importación que se impondrán a lo largo de 2022″, avisa la comisión en su informe. “Cerca de un 15% de las empresas —unas 90.000— están poco familiarizadas con los procedimientos aduaneros internacionales, y hay que asegurar que, llegado el momento, sean conscientes de lo que hay que hacer”.
Respecto a las empresas británicas, la comisión hace hincapié en los datos facilitados por la Oficina Nacional de Estadística. En el primer y en el segundo trimestre de 2021, cuando los efectos de la pandemia comenzaban a aminorar, el intercambio comercial entre el Reino Unido y la UE se redujo un 25% y un 15%, respectivamente, respecto a los mismos periodos de 2018, el año en que se considera que hubo plena normalidad previa al Brexit y a la irrupción del coronavirus. “Fueron caídas muy superiores a la del comercio del Reino Unido con otras zonas del mundo”, señala el informe.
Muchos negocios han tenido que enfrentarse a costes adicionales derivados de la tramitación burocrática de las declaraciones aduaneras. Frente a la capacidad y habilidad de las grandes empresas para gestionar con su propio personal estas nuevas obligaciones, las firmas pequeñas y medianas han debido contratar intermediarios especializados para que les ayudaran a superar las nuevas trabas. La Agencia Tributaria y Aduanera británica (HMRC, en sus siglas en inglés) ya estimó en 2019 que los nuevos controles supondrían un coste anual extra para las empresas de casi 18.000 millones de euros, y, como señala la comisión en su informe, la cifra no ha sido aún revisada oficialmente, “aunque la HRMC ha indicado que cree que el coste será menor”. Las empresas agroalimentarias, que exportan a la UE animales vivos, carne o pescado fresco y plantas deben someterse, además, a controles sanitarios y fitosanitarios extra que incrementan la facturación, por las necesarias tasas en los puestos de control físico de los puertos.
Caos en la frontera
Las restricciones impuestas al tránsito de personas durante la pandemia han reducido drásticamente el volumen de viajes internacionales. La recuperación gradual, durante 2022, de las cifras habituales de pasajeros va a provocar un grave problema en las fronteras terrestres —por el tránsito rodado a través del canal de la Mancha— de Dover y Folkestone. La Unión Europea tiene previsto implantar definitivamente en la primera mitad de este año su sistema de control fronterizo EU Entry and Exit (Entrada y Salida de la UE), con el que actualizará y homologará la identificación de viajeros con datos biométricos (huellas dactilares y reconocimiento facial), que serán registrados y compartidos en una red informática de datos.
Mientras la mayoría de aeropuertos disponen ya de la logística y las máquinas para realizar este control, el problema puede surgir con camioneros, vehículos particulares o incluso autobuses que transporten viajeros. El nuevo sistema requerirá obligatoriamente que las personas deban abandonar los vehículos para el proceso de reconocimiento, con lo que supondrá de tiempo añadido. “Los modelos matemáticos independientes señalan que cualquier retraso de dos minutos en la frontera puede acabar creando colas de tráfico de más de 50 kilómetros. Es inevitable que exista cierta fricción después de la salida del Reino Unido de la UE, pero el nuevo sistema puede resultar desastroso para unas cadenas de suministro tan interconectadas como son las de este país”, ha dicho Sarah Laouadi, directora de Política de la UE de LogisticsUK, la patronal más importante de la industria logística británica.
La comisión parlamentaria señala finalmente en su informe los problemas surgidos en torno a la aplicación del Protocolo de Irlanda del Norte, especialmente en lo que se refiere al traslado de productos desde Gran Bretaña a la isla de Irlanda, pero otorga un voto de confianza a Downing Street en sus negociaciones con Bruselas. “El Gobierno nos asegura que la UE ha comenzado a ser más receptiva respecto a ideas que, previamente, aseguró que no podían ser llevadas a cabo. Las negociaciones siguen su curso y el Ejecutivo nos dice que, con buena voluntad y planteamientos constructivos por ambas partes, tiene esperanza de alcanzar una solución”, asegura el informe.
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