Nicolás Maduro volverá a comparecer este jueves 26 de marzo ante una Corte de Nueva York, en una audiencia que marcará el siguiente paso del proceso judicial en su contra y el de su esposa, Cilia Flores. Ambos están acusados por fiscales estadounidenses de liderar una “conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos” y de asociarse con grupos designados como organizaciones terroristas extranjeras.
La comparecencia será la primera desde el 5 de enero para Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, quienes se declararon inocentes y permanecen detenidos sin derecho a fianza. Durante la audiencia, los abogados defensores y los fiscales informarán al juez federal Alvin Hellerstein sobre los avances del caso, y se espera que se discuta el calendario de la fase previa al juicio, incluidos los plazos para solicitar la desestimación de cargos o limitar las pruebas.
Una figura clave desde los inicios del chavismo
Más allá del expediente judicial, el perfil de Cilia Flores revela una trayectoria que, según el reporte “Cilia Flores: más de 30 años amasando poder con Chávez y Maduro” elaborado por Transparencia Venezuela, se remonta a los orígenes del movimiento chavista. “Cilia Flores tiene más tiempo en el chavismo que la autodenominada Revolución Bolivariana gobernando”, señala el documento.
Su relación con Hugo Chávez se forjó en los años de prisión del militar tras el golpe de 1992. Formó parte del equipo de abogados que contribuyó a que él y otros recibieran el perdón del entonces presidente Rafael Caldera en 1994, y luego se sumó al Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) que impulsaba Chávez.
De diputada a primera mujer en presidir la Asamblea Nacional
En el año 2000, Flores asumió su primer cargo público como diputada. En 2006 se convirtió en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional, sustituyendo en ese cargo a Maduro, quien fue designado ministro de Relaciones Exteriores por Hugo Chávez.
En ese período, el Parlamento dominado por el chavismo aprobó leyes que, según el reporte de Transparencia Venezuela, “fortalecieron el poder de Chávez” y “terminaron aniquilando el principio constitucional de la separación de poderes”. Flores también tuvo un papel clave en la designación de autoridades del Poder Judicial y del Consejo Nacional Electoral, asegurando perfiles afines al gobierno.
Procuradora General y artífice de la transición tras Chávez
Cuando Hugo Chávez ya se encontraba gravemente enfermo, aunque el país lo desconocía, designó a Cilia Flores como Procuradora General de la República. Según el reporte, este fue un cargo estratégico: “Ser la abogada del Estado fue un cargo estratégico, con su lealtad inquebrantable, para mantener la defensa jurídica del Gobierno y apoyar la continuidad de la llamada Revolución que se enfrentaba a uno de sus retos más importantes: el chavismo sin Chávez”.
Con Nicolás Maduro como heredero, el poder de Cilia Flores se afianzó. Desde la Procuraduría, Flores tomó decisiones y avaló criterios jurídicos que, según el documento, resultaron “fundamentales para que Maduro se quedara en el poder, con el Tribunal Supremo de Justicia labrado a la medida y con ella como artífice de esa sumisión”.
Redes de influencia y el tránsito hacia Maduro
Con los años, Flores tejió redes de influencia que abarcaron los poderes Legislativo, Judicial, Electoral y partidista. En 2013, tras la muerte de Chávez, facilitó el tránsito hacia la presidencia de Nicolás Maduro, con quien se casó cuatro meses después. “Después de 20 años insistiéndole”, dijo alguna vez Maduro sobre la relación.
Entre 2015 y 2016, Flores se mantuvo fuera del foco público cuando sus sobrinos fueron capturados y condenados en Estados Unidos por narcotráfico. Sin embargo, su influencia siguió operando en el tablero judicial. El 23 de diciembre de 2015, antes de que los nuevos diputados de mayoría opositora asumieran sus cargos, los parlamentarios chavistas, en una sesión extraordinaria con participación de Cilia Flores, nombraron a 13 magistrados principales y 21 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, una maniobra que, según el reporte, buscaba “blindar judicialmente al Poder Ejecutivo, y a Maduro, frente al nuevo Parlamento de mayoría opositora”. Entre los magistrados designados se encontraban Calixto Ortega y Christian Zerpa, quien años después admitiría que su nombramiento fue una orden directa de la pareja presidencial para garantizar el control sobre los resultados electorales.
Flores resultó reelecta en las elecciones parlamentarias de 2015, pasando a formar parte de los 53 diputados que respondían al Gobierno en la Asamblea Nacional siendo minoría, pues por primera vez en años el Parlamento quedó dominado por la oposición.
En 2017 fue elegida para la Asamblea Nacional Constituyente, un ente que en la práctica sustituyó a la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Fue electa diputada nuevamente en 2020 y reelecta en 2025 para el periodo 2026-2030, pero fue detenida el 3 de enero de 2026 en la operación militar de Estados Unidos en Caracas.
Los cargos en Nueva York y las investigaciones internacionales
En enero de 2026, tras la detención de la pareja, la acusación penal presentada en Estados Unidos señaló a Flores como parte de una “presunta estructura de narcotráfico y narco-terrorismo” integrada por altos funcionarios venezolanos y sus familiares. Según el documento judicial, el tráfico de cocaína habría operado desde Venezuela hacia territorio estadounidense con un volumen estimado por el Departamento de Estado de entre 200 y 250 toneladas anuales para 2020.
La acusación sostiene que alrededor de 2007, Cilia Flores habría participado en una reunión en la que aceptó “cientos de miles de dólares” en sobornos para intermediar entre un narcotraficante y el entonces director de la Oficina Nacional Antidrogas. El escrito afirma que entre 2004 y 2015, ella y Maduro habrían trabajado conjuntamente en el tráfico de cocaína con apoyo de escoltas militares y grupos armados.
A raíz de esta acusación, autoridades suizas informaron sobre el congelamiento de activos de Nicolás Maduro, Cilia Flores y un grupo de exfuncionarios y empresarios. Hasta febrero de 2026, Suiza había congelado por lo menos 880 millones de dólares en activos desviados de Venezuela.