Los hermanos Maité y Alexander ya estaban acostados en la cama, era hora de dormir, cuando la ráfaga de disparos penetró las paredes de ladrillos y las ventanas de madera de su casa. Su padre intentó tumbarlos en el piso, pero no lo consiguió. Tenían 6 y 10 años cuando llegaron al hospital sin signos vitales. “Los sicarios se equivocaron de persona”, comentan los vecinos del sector de Pascuales, al norte de Guayaquil, la ciudad de Ecuador que más crímenes acumula.
“El padre de los niños es un hombre que trabaja de albañil, pero el que vive justo a lado anda metido en asuntos turbios”, coinciden varios testigos, a quienes la violencia ha encerrado en las casas. “Los niños no pueden salir a jugar a la calle, ni a la tienda, porque es bien peligroso”, comenta una de las habitantes, que prefiere no decir su nombre por los riesgos que implica hablar de lo que sucede.
Desde el año 2020 la violencia se ha recrudecido en Ecuador por la guerra entre bandas criminales que se disputan territorios para el tráfico de drogas y armas. En estas disputadas, 502 menores de edad han sido asesinados, según datos del Ministerio del Interior. La mayoría murieron por disparos de armas de fuego. En el 2022, 41 tenían menos de 12 años y 151 eran adolescentes cuando fallecieron en un contexto violento, balaceras, explosiones o degollados.
Entre las terribles estadísticas está una bebé de dos meses que después de 40 días en el hospital murió el 25 de diciembre. Estaba en brazos de su padre, un joven de 19 años, que la cargaba en el portal de la casa de un barrio de Guayaquil, cuando los sicarios llegaron en moto y dispararon a pesar de que una bebé se interponía con su objetivo. Le perforaron el estómago, pero no lo notaron hasta que llegaron a una clínica que estaba cerca de su casa. “Cuando le abrieron la ropa y los intestinos se le salieron, el doctor nos dijo que la llevásemos a un hospital rápido o se moría”, relata un familiar. Así empezó el periplo por tratar de salvarle la vida, aunque finalmente murió.
La madre, una joven de 18 años que no ha terminado el colegio, intenta levantarse de la depresión para cuidar a su hijo mayor de un año y medio. El padre también resultó gravemente herido y quedó con cierto grado de discapacidad. A la casa de esta familia no ha llegado ninguna institución del Estado para investigar el crimen de la bebé, ni para ofrecer ayuda. La vivienda todavía tiene rotas las ventanas por las balas. El único familiar que tenía un empleo lo perdió por tener que estar en el hospital y otras dos niñas que vivían en la casa han regresado a clases virtuales por temor a otro atentado.
Los programas estatales que existen son guarderías para menores de cinco años, después de eso solo les queda la escuela, que en algunos sectores de Guayaquil han tenido que cerrar por las constantes balaceras o porque han encontrado partes de cuerpos humanos en los exteriores de los centros educativos. El sistema escolar tampoco logra garantizar la seguridad de los estudiantes ni contenerlos. En 2022, un total de 195.188 alumnos desertaron del sistema escolar, según el Instituto de Estadísticas y Censos. El 34% tenía entre 16 y 17 años, la edad en la que son reclutados por las bandas delictivas.
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