Agentes de los Archivos Nacionales de Estados Unidos, agencia responsable de preservar los registros del gobierno, descubrieron más de 700 páginas de documentos clasificados en la casa de Donald Trump en Florida.
Estos documentos se suman al material incautado este mes por agentes del FBI.
La gran cantidad de material clasificado en 15 cajas recuperadas en enero por los Archivos Nacionales y Administración de Documentos, que incluye documentos marcados como “alto secreto“, proporciona más información sobre lo que llevó al FBI a registrar la residencia de Trump en el complejo Mar-a-Lago en Palm Beach el 8 de agosto, con autorización de los tribunales.
Una carta con fecha 10 de mayo fue enviada por la archivera en funciones Debra Steidel Wall al abogado de Trump, Evan Corcoran. Fue publicada a última hora del lunes por John Solomon, un periodista conservador al que Trump autorizó en junio a acceder a sus registros presidenciales. Los Archivos Nacionales confirmaron entonces su autenticidad y publicaron una copia en su página web.
“Entre los materiales de las cajas hay más de 100 documentos con marcas de clasificación, que comprenden más de 700 páginas. Algunos incluyen los niveles más altos de secreto, incluidos los materiales del Programa de Acceso Especial (SAP)”, decía la carta de Wall, en referencia a los protocolos de seguridad reservados para algunos de los documentos más protegidos del país.
La carta contiene información adicional sobre el manejo de materiales clasificados por parte de Trump y sus esfuerzos por retrasar la revisión de los documentos por parte de los funcionarios federales.
La misiva muestra que el equipo legal de Trump trató repetidamente de impedir que los Archivos permitieran al FBI y a los funcionarios de inteligencia revisar los materiales, diciendo que necesitaba más tiempo para determinar si alguno de los registros estaba cubierto por una doctrina llamada privilegio ejecutivo que permite a un presidente blindar algunos registros.
El Gobierno del presidente Joe Biden -en concreto, la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia- ha determinado que los materiales no estaban amparados por el privilegio ejecutivo.
Según la carta, “no hay precedentes” de que un expresidente pueda proteger los registros de un presidente en ejercicio utilizando el privilegio ejecutivo cuando los materiales en cuestión pertenecen legalmente al gobierno federal.
Incluso después de que Trump devolvió las 15 cajas a los Archivos, el Departamento de Justicia seguía sospechando que tenía más material secreto en Mar-a-Lago.
El registro del 8 de agosto fue parte de una investigación federal sobre si Trump retiró ilegalmente documentos de la Casa Blanca cuando dejó su cargo en enero de 2021 tras su fallida candidatura a la reelección en 2020 y si intentó obstruir la investigación del gobierno sobre el retiro de los registros.
En una demanda que Trump presentó a última hora del lunes contra el Departamento de Justicia por el registro, dijo que se le entregó un citatorio del gran jurado el 11 de mayo en busca de registros clasificados adicionales.
El 3 de junio, el jefe de contrainteligencia del departamento y tres agentes del FBI visitaron Mar-a-Lago para inspeccionar un almacén y recoger registros adicionales. A finales de ese mes, Trump recibió un segundo citatorio en el que se pedía la grabación de las cámaras de seguridad, que también facilitó.
Durante el registro del 8 de agosto, los agentes del FBI recuperaron más de 20 cajas adicionales que contenían unos 11 conjuntos de registros marcados como clasificados. (Rts)
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