La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado tras los acuerdos de paz entre las antiguas FARC y el Estado colombiano para juzgar los crímenes más grave de la guerra, ha citado a ministros y altos funcionarios del Gobierno de Iván Duque y al fiscal general para explicar las medidas de protección que han tomado ante los incesantes asesinatos de exguerrilleros desmovilizados. “La JEP verificará el cumplimiento de las órdenes dadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento a las entidades estatales sobre la implementación de las garantías de seguridad para los excombatientes”, indico el tribunal.
La situación de los excombatientes es crítica. A la fecha han sido asesinados 230 firmantes del acuerdo de paz. No solo la JEP sino también la Misión de Verificación del proceso de Paz de Naciones Unidas han señalado que los exguerrilleros “siguen siendo asesinados en cantidades alarmantes”. El tema se abordó esta semana en la entrega del Informe trimestral al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. “Se debe dar prioridad a la dotación de personal y recursos a la Unidad Nacional de Protección para que pueda dar trámite al cúmulo de solicitudes de protección para excombatientes que están pendientes”, ha dicho esta semana el representante del jefe de la misión, Carlos Ruiz Massieu. En una carta dirigida al presidente Iván Duque, Ruiz Massieu instó al Gobierno a “seguir luchando contra la impunidad de esos delitos, inclusive llevando a los autores intelectuales ante la justicia”.
El llamado de la JEP a los altos funcionarios de Duque se da en un momento en que arrecian los ataques contra este sistema de justicia transicional por parte de miembros del partido de gobierno, Centro Democrático, y cuando el expresidente y senador Álvaro Uribe, líder del partido y mentor del actual mandatario, ha pedido un referendo para derogar la JEP y reformar los acuerdos de La Habana. Desde 2019, el presidente Iván Duque se propuso modificar este sistema de justicia transicional, pero el intento fracasó en el Congreso. Paradójicamente, esta semana la canciller Claudia Blum dijo ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que “el gobierno ha apoyado y sigue respaldando ese sistema independiente y sus diferentes mecanismos”.
El Tribunal es uno de los ejes del proceso de paz y ante él deben someterse no solo los exguerrilleros sino también militares para confesar crímenes cometidos durante el conflicto armado a cambio de penas alternativas de cárcel. Hasta hoy, 9.759 excombatientes de las FARC y 2.713 miembros de la Fuerza Pública (Policía y Ejército) se han sometido a este sistema de justicia, así como otras 107 civiles que participaron en el conflicto.
La actual convocatoria fue hecha por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP y a ella deberá acudir el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila; el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla; la ministra del Interior, Alicia Arango; el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; y el fiscal general, Francisco Barbosa.
A pesar de la tensa relación entre el gobierno y la JEP, Ceballos aseguró que irán a la audiencia “con el mejor espíritu de colaboración” para explicar las acciones que han tomado como garantía del derecho a la vida y a la política de los miembros del partido FARC. En el mismo sentido se pronunció el consejero Emilio Archila, para quien la audiencia es “una oportunidad” de mostrar las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno. “Hemos desplegado 3.100 efectivos entre la Policía y el Ejército y la Fiscalía ha tenido una actitud proactiva. Tenemos más de 25 sentencias que condenan a quienes han cometido esos ataques (contra exguerrilleros), hay más de 120 responsables en la cárcel”, dijo Archila sobre la audiencia que se hará el próximo 25 de noviembre.
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