Laura Ballesteros, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados por Movimiento Ciudadano, detalló que el próximo 10 de octubre se realizará la audiencia final para saber si la suspensión provisional que le concedió una jueza de Querétaro se convierte en definitiva y dijo que su partido confía en que así sucederá.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, aseguró que lo que busca su partido con este amparo promovido en Querétaro es proteger al Poder Judicial, a la gente, así como a la procuración de justicia en el país.
Señaló que la suspensión provisional que les fue concedida impide que se puedan realizar las adecuaciones legislativas en las 32 entidades federativas, es decir, lo tocante a la implementación de la reforma judicial.
Acusó que la reforma judicial supedita la impartición de justicia a un partido político, ya que Morena impondría al menos al 70% de los jueces, lo que va en contra de cualquier norma internacional. La intención sería construir una nueva clase judicial emanada de un partido político.
Sobre la posibilidad de que el gobierno federal y el Legislativo incumplan con la suspensión provisional, dijo que durante los últimos seis años, el lopezobradorismo se pasó los amparos “por el arco del triunfo”, como sucedió con el Tren Maya y otros que pretendían proteger los derechos de las personas.
En el caso de la reforma judicial, señaló que el desacato viene desde la votación de la misma en las cámaras, pues ya existían suspensiones que lo prohibían.
Sin embargo, considera que el momento es distinto pues el pasado viernes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó -con ocho votos a favor y tres en contra- analizar los recursos en contra de la reforma constitucional en materia judicial.
Planteó que es necesario permitir que la SCJN haga su trabajo y que los poderes de la Unión se equilibren: “Cada uno va a tener que cumplir con las responsabilidades y facultades que les da la Constitución y se van a tener que equilibrar entre sí. Eso es lo deseable y no hay que tenerle miedo”.
“Afortunadamente no es Noroña, ni es el Ejecutivo, ni siquiera nosotros como Legislativo, quienes tenemos la la palabra final”, apuntó.
La legisladora recordó que el excandidato presidencial emecista, Jorge Álvarez Máynez, también presentó un recurso de amparo contra el proceso legislativo, así como una petición y una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación a los derechos de las personas con la reforma, en tanto se toca su acceso a la justicia.
Cuestionó si el Legislativo, como Poder Constituyente Permanente, tiene las facultades y las atribuciones para deformar la Constitución hasta dejarla irreconocible, trastocando la división de poderes y el sistema republicano que desde 1824 se había asentado en el país.
Foto: Cámara de Diputados
En ese sentido, preguntó si en el caso de que el Legislativo quisiera aprobar la pena de muerte o quitarle el voto a las mujeres, la SCJN no tendría la última palabra, por lo que le parece que la Corte está frente a un reto institucional.
“Claro que el Poder Judicial tiene problemas graves, pero esta propuesta que puso Morena sobre la mesa, lo que está haciendo es hacer una toma del Poder Judicial, que el Ejecutivo lo captura a través de un partido político y está usando al Legislativo para eso; además, con una votación en las urnas que no representa lo que hoy estamos viviendo en el Congreso, ellos están sobrerrepresentados”, señaló.
Ballesteros considera que no existe una actitud sensata de la mayoría de Morena y aliados sobre el tema, lo que ha sido palpable durante el periodo de transición, pese a la votación obtenida por el oficialismo, que les garantizaba “una transición muy tersa”.
Ve la entrevista completa:
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