La sucursal sudafricana de McKinsey & Company, la firma de consultoría global, fue acusada de un escándalo de corrupción relacionado con el trabajo que la compañía completó asesorando al operador estatal de ferrocarriles y puertos de carga del país. Puede que sea la primera vez en los 96 años de historia de McKinsey que la empresa enfrenta cargos penales.
La Autoridad Fiscal Nacional de Sudáfrica agregó a McKinsey y uno de sus ex principales consultores en el país a una larga lista de acusados en un caso relacionado con un contrato de compra de locomotoras para el operador estatal Transnet, dijo la autoridad en un comunicado el viernes. McKinsey supervisó el trabajo en la oferta que, en el momento en que se anunció en 2012, era la contratación pública más grande de la historia del país.
Los otros acusados, incluido el exdirector ejecutivo de Transnet, enfrentan cargos que incluyen fraude, corrupción y lavado de dinero. No quedó claro en la declaración qué cargos específicos enfrentarían McKinsey y su ex socio principal, Vikas Sagar. Un portavoz de la autoridad no estuvo disponible para comentar.
“Creemos que los cargos presentados contra nuestra oficina de Sudáfrica no tienen mérito y nos defenderemos de ellos”, dijo un portavoz de McKinsey en un comunicado.
Los detalles del papel de McKinsey en las adquisiciones problemáticas se conocen desde hace años, se ventilaron ampliamente en los medios de comunicación y en audiencias gubernamentales. Las investigaciones sacaron a la luz una corrupción profundamente arraigada, que convirtió a los departamentos del gobierno sudafricano en vehículos generadores de ingresos para empresarios corruptos y condujo a la caída de Jacob Zuma, el expresidente del país. En Sudáfrica, esta corrupción endémica de funcionarios públicos y empresas se denomina “captura del estado”.
McKinsey es solo una de varias empresas internacionales involucradas en la investigación. Este mes, a su rival Bain & Company se le prohibió presentar ofertas en contratos públicos en Sudáfrica durante 10 años debido al trabajo que había realizado con la agencia de recaudación de impuestos del país durante el mandato de Zuma.
Los cargos se encuentran entre los más graves jamás presentados contra McKinsey. El año pasado, en Estados Unidos, McKinsey acordó pagar más de 600 millones de dólares para resolver investigaciones civiles sobre su papel en el asesoramiento a los fabricantes de opioides, aunque no admitió haber actuado mal.
Para asegurar un contrato de consultoría con Transnet, la ley sudafricana exigía que McKinsey trabajara con un subcontratista de propiedad negra. Pero en lugar de examinar minuciosamente a ese subcontratista, McKinsey se basó en una recomendación de Transnet de que contratara a una empresa llamada Regiments Capital para ayudar a supervisar la compra de una flota de 1064 locomotoras. Inicialmente, se estimó que las locomotoras costarían $ 2.6 mil millones, pero su precio aumentó inexplicablemente, casi de la noche a la mañana, en alrededor de $ 1 mil millones.
McKinsey ha dicho que no jugó ningún papel en la decisión de pagar el dinero extra. Pero Matthew Chaskalson, miembro de una comisión judicial que investiga contratos sospechosos con agencias estatales, dijo en una audiencia de 2020 que después de contratar a Regiments, McKinsey recibió “una sucesión extraordinaria de contratos de fuente única” durante los cuales sus tarifas aumentaron “exponencialmente”. Las investigaciones posteriores de los medios y la comisión descubrieron que Regiments tenía vínculos con la políticamente poderosa familia Gupta, tres hermanos que durante años ocultaron sus vínculos con empresas que estaban asegurando indebidamente lucrativos contratos estatales.
A fines de 2020, la comisión judicial había descubierto tres contratos de McKinsey contaminados, incluidos los de la aerolínea estatal y la compañía eléctrica del país, Eskom. McKinsey dijo que no sabía nada acerca de las irregularidades, ni se presentó ninguna evidencia que indicara que la firma había estado al tanto de ellas. McKinsey devolvió voluntariamente unos 100 millones de dólares.
“Nos disculpamos públicamente y tomamos medidas cuando cometimos errores”, dijo el portavoz de McKinsey en el comunicado. “También devolvimos nuestras tarifas completas con intereses para esos proyectos. Hicimos esto debido a nuestra firme creencia de que era lo correcto. Cooperamos con todas las autoridades y compartimos todo lo que encontramos en nuestras extensas investigaciones internas”.
Un punto focal de la investigación del gobierno es el Sr. Sagar, un líder en el trabajo de consultoría de McKinsey en nombre de Transnet y Eskom.
Antes de unirse a McKinsey, el Sr. Sagar estudió en la Universidad de Michigan y obtuvo una maestría en administración de empresas de Wharton School en la Universidad de Pensilvania en Filadelfia. Sagar ascendió rápidamente de rango en la oficina sudafricana de McKinsey. Era popular, con una personalidad vivaz y un marcado interés por la moda, pero también era un tomador de riesgos, uno que una vez hizo arreglos para que los empleados de McKinsey escribieran parte de una tesis en nombre de un alto funcionario de Transnet. Una investigación interna concluyó que el Sr. Sagar no había hecho nada ilegal. Más tarde, dejó la firma en medio de una investigación sobre sus vínculos no revelados con personas políticamente conectadas.
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