“Me ha tocado la lotería por poder verte, hija”

Es un diagnóstico del desastre, un análisis del horror vivido en muchas residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia en Cataluña y en Madrid, dos de las comunidades más golpeadas por la covid la pasada primavera. En un informe publicado este jueves, Amnistía Internacional constata que se vulneraron cinco derechos humanos de quienes vivían en estas instituciones: el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas mayores, el derecho a la vida privada y familiar, y a tener una muerte digna.

En el documento, Amnistía concluye que las medidas adoptadas fueron ineficientes, tardías, no sirvieron para proteger a un colectivo especialmente vulnerable. Que hubo descoordinación entre las autoridades. Que el personal no tenía protección ni recursos y no había pruebas diagnósticas, por lo que era imposible sectorizar bien los centros para separar a los mayores contagiados de los que no lo estaban y los propios trabajadores diseminaban el virus. Que muchos mayores murieron solos. Que fue inadecuada la administración de cuidados paliativos. Que se les rechazó en los hospitales y no se reforzó la atención sanitaria en los propios centros. Que quedaron, en definitiva, “abandonados a su suerte”, expresión que da título al informe.

Por ello, y ante la “muy preocupante” situación actual, con el virus activo nuevamente en muchos centros, Amnistía llama a Madrid y Cataluña a cambiar las disposiciones discriminatorias que restringían la derivación de mayores al hospital, cuya redacción asegura que no ha sido modificada (aunque ahora no esté habiendo problemas para trasladar a los mayores que lo requieran). Y llama al Gobierno a realizar una investigación independiente y a regular por ley el modelo residencial. Critica que no se haya reforzado el personal de forma suficiente y que las visitas sigan sin estar garantizadas.

El trabajo se desarrolló entre julio y noviembre, y la organización entrevistó a 97 personas, 40 de ellas familiares de residentes. Se centra en marzo y principios de abril. Amnistía analizó legislación y protocolos, recomendaciones internacionales, los datos disponibles y se reunió con autoridades a nivel nacional y autonómico. Describe como “desgarradora” la situación en las residencias en estas dos comunidades. En Madrid, del 8 de marzo al 1 de mayo murieron 5.828 personas por covid o síntomas compatibles en las residencias de servicios sociales (también incluyen las de discapacidad), lo cual supone el 43,5% del total de fallecidos en la comunidad, según el informe. En Cataluña, hasta el 15 de noviembre fueron 7.045 decesos, el 46,9% de las muertes en la autonomía. La organización afea que no existan datos consolidados sobre el número de fallecidos y que ni siquiera se disponga de una estadística fiable sobre la población en geriátricos, así como que no hubiera un mecanismo de coordinación o supervisión de las medidas en residencias durante el estado de alarma.

Medidas de austeridad

“Amnistía Internacional ha constatado cómo las medidas adoptadas por las autoridades autonómicas y centrales fueron tardías e insuficientes”, se apunta en el informe, en el que también se indica que cuando se tomaron decisiones, “no las acompañaron de los recursos suficientes”. La organización considera que “la situación de desamparo que pasaron las personas mayores” no se puede desligar del “impacto de las medidas de austeridad”. De 2009 a 2018 el PIB creció en un 8,6%, mientras que el gasto sanitario se redujo en un 11,21%, según Amnistía. “Este proceso de debilitación del sistema sanitario explica en gran medida por qué se ha llegado a esta situación de no derivación hospitalaria de personas mayores en las semanas críticas de la pandemia”.

Este es uno de los puntos en los que más hincapié hace la investigación. “Hubo residentes necesitados de atención médica a los que no se les dio la oportunidad de un tratamiento de posible covid-19 u otras patologías, ni en la residencia ni en un hospital”, se apunta. “La decisión práctica de no derivar se aplicó en bloque, sin llevar a cabo valoraciones individualizadas”, se añade en el documento, en el que se enumeran los protocolos que en Madrid y en Cataluña avalaron dichas restricciones. Se atendió a criterios como la edad, grado de discapacidad o estado de salud, sostiene Amnistía. Testimonios de personal de residencias, emergencias y hospitales lo corroboran. “Hubo vidas que se pudieron salvar, pero no se hizo”, dijo un médico de un centro de atención primaria catalán. “Una emergencia sanitaria no es excusa para no atender adecuadamente a los mayores. Las residencias no son aparcamientos”, critica en un comunicado Esteban Beltrán, director de Amnistía en España.

Tras restringir los ingresos hospitalarios, las autoridades anunciaron lo que se llamó “medicalización de las residencias”, pero esta no llegó: “Además de no ser materialmente viable transformar una residencia en un hospital, ese incremento de dotación de recursos (materiales y personales) nunca se llevó a cabo”. Jesús Izquierdo falleció en marzo a los 88 años en una residencia de Cataluña con síntomas de covid sin que un solo médico lo valorara en persona. Solo recibió atención telefónica. Su hija asegura que una enfermera le dijo que “como tenían que priorizar, [el médico que iba a desplazarse al centro] no lo iba a visitar, ya que había otros residentes que estaban peor”. Pero la falta de atención médica no solo afectó a quienes padecieron covid. Esta situación produjo, según documentó la organización, casos de “desnutrición, deshidratación y un rápido deterioro e impacto emocional en los mayores”.

La organización advierte que “la mayoría de las residencias en Madrid y Cataluña no estaban ni están adecuadamente dotadas de personal ni de equipamiento médico”. Los problemas se agravaron entonces a medida que los trabajadores se fueron contagiando. A la organización le constan residencias con más del 50% de los empleados de baja. El documento analiza además “el encierro de facto” llevado a cabo “sin supervisión legal” de los mayores “en sus cuartos por largos periodos”. Critica la prohibición absoluta de las visitas, algo que unido a la suspensión de las actividades del centro, contribuyó en lo peor de la pandemia “a la soledad de los residentes, a su rápido deterioro, vulneración de su derecho a una muerte digna y a la falta de transparencia sobre lo que estaba sucediendo”.

Más pruebas y revisar el sistema de inspección

Ahora “no parece” haber problemas de disponibilidad de material de protección y se están realizando test, según el informe. Pero de no tomarse medidas, las situaciones vividas en la primera ola, como la denegación de atención sanitaria o la restricción de visitas de forma “desproporcionada”, “podrían volver a repetirse”, alerta Amnistía. Por ello, la organización pide que se revisen los protocolos sobre derivación hospitalaria. Citan al director de Coordinación Sociosanitaria en Madrid, quien dijo: “En teoría sigue vigente, aunque sigue sin emplearse porque no hay contexto de crisis”. La ONG insiste en que no pueden repetirse situaciones de discriminación.

A corto plazo, reclama que se garanticen las visitas, de forma que las restricciones se basen en evaluaciones de riesgos individualizadas, y pide al Gobierno que impulse una investigación independiente para saber en qué medida el acceso de los mayores a la atención médica estaba sujeta a restricciones indebidas (lo cual requiere una evaluación de las medidas del Ejecutivo y autonómicas). Solicita pruebas de detección con mayor frecuencia al personal, residentes y visitas. A largo plazo, reclama que se recaben datos sobre mayores en residencias y que se revise el sistema de inspecciones. También solicita que la Fiscalía de sala para la protección de personas con discapacidad y mayores ejerza su mandato, velando por sus derechos e impulsando, cuando corresponda, investigaciones.

Fe de errores

En una versión anterior de este artículo se decía, por error, que hasta el 8 de marzo habían muerto en Madrid 5.828 personas por covid o síntomas compatibles en residencias de servicios sociales. Lo correcto es decir que del 8 de marzo al 1 de mayo fallecieron 5.828 personas.

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