Uno de los episodios más aciagos de la crisis financiera en España fue la salida a Bolsa y posterior crisis de Bankia. Su impacto sobre la confianza en el sistema financiero español y sobre la estabilidad del conjunto de la economía es difícil de pasar por alto. Las anomalías descubiertas llevaron a juzgar a 34 personas por delitos de estafa a inversores y falsedad contable, entre ellos, Rodrigo Rato, su presidente desde enero de 2010. Ahora, la Audiencia Nacional sentencia que no hubo delito en esa salida a Bolsa, esencialmente porque cumplió la ley y contó con la aprobación de los supervisores: el Banco de España, la CNMV, el FROB y la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés). La sentencia señala que el preceptivo folleto, aceptado por la CNMV, incorporaba información suficiente para que los inversores fundamentaran su decisión. Los jueces critican el inconsistente criterio de la Fiscalía y concluyen que las acusaciones se centraban en “actitudes genéricas” y no en “actos concretos”. Sin menoscabo de eventuales recursos en otras instancias judiciales, esa exculpación de todos los acusados no puede impedir verificar algunas prácticas cuestionables de los agentes involucrados, desde los directivos de la entidad hasta los supervisores, a los que señala la sentencia dado que no impidieron la salida a Bolsa en julio de 2011.
A partir de ahí, los derroteros por los que discurrió la economía española y su sistema bancario fueron tributarios de una operación que, en el mejor de los casos, podía haberse aplazado hasta disponer de la información adicional que se tuvo meses más tarde. En mayo de 2012, además del cambio en la presidencia, se reformularon las cuentas con unas pérdidas cercanas a los 3.000 millones, frente a los 309 millones de beneficios en las presentadas por los anteriores directivos. La desconfianza se apoderó de la economía española y de sus instituciones, siendo necesario un rescate específico del sistema bancario bajo la forma de una línea de crédito de 100.000 millones de euros para fortalecer la base de capital de los bancos, de la que se dispuso de algo más de 40.000 millones. Bankia recibió ayudas públicas por 22.424 millones de euros.
La absolución no puede eludir las anomalías y errores cometidos incluso antes de la salida a Bolsa y la tolerancia de las autoridades. Es este último aspecto el que en mayor medida debemos tener presente. Hay razones más que suficientes para suponer que los supervisores, los auditores de cuentas y los propios directivos bancarios han aprendido las lecciones de esta crisis. La renovación en el gobierno de las principales instituciones, en la dirección de una mayor profesionalización, de una mayor fiabilidad de la información contable o de la gestión de riesgos, permite más confianza. Pero es necesario asimilar el conjunto de malas prácticas, de unos y otros.
La historia de la crisis de Bankia, de la crisis bancaria española, es una fuente de lecciones. Aun cuando el riesgo agregado del sistema bancario sea hoy mucho menor que en la anterior crisis, los supervisores tienen que buscar una correspondencia entre su predicamento regulatorio y la eficacia de sus revisiones. El Banco de España y la CNMV se enfrentan a meses complicados si la recuperación sigue siendo más tibia de lo previsto. El deterioro de la calidad de los activos bancarios puede obligarlos a velar no tanto por el valor de la inversión de los accionistas, sino por la estabilidad de toda la economía española.
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