El Gobierno italiano, presidido por la ultraderechista Giorgia Meloni, ha vuelto a mostrar su mano dura en la política migratoria, como respuesta al naufragio del pasado 26 de febrero en las costas de Calabria, en el que murieron 72 personas que trataban de llegar a Europa. El Ejecutivo, criticado por la gestión de la tragedia, ha celebrado este jueves un consejo de ministros en Cutro, la localidad donde se produjo el hundimiento ―el peor ocurrido desde 2013 en las aguas italianas―, 11 días después y entre protestas de los ciudadanos, como “señal concreta” de que su Ejecutivo “está atento y concentrado en este tema”, dijo Meloni. Así, el Gobierno ha acordado endurecer las leyes de inmigración y las penas para los traficantes de personas, desde los implicados en la organización y cobro del viaje en origen hasta los timoneles que conducen las embarcaciones a través del mar.
Según explicó la primera ministra, se introducirá una nueva tipología de delito de “muerte y lesiones por el tráfico de inmigrantes clandestinos”, que contempla condenas de entre 20 y 30 años de cárcel. Tras el naufragio, las autoridades italianas detuvieron a tres supuestos traficantes que trabajan para las organizaciones criminales que se lucran con estos peligrosos viajes a Europa: un turco y dos paquistaníes, uno de ellos menor de edad, a los que se acusa de guiar la barca que acabó encallando y partiéndose en dos a pocos metros de la costa. La precaria embarcación había zarpado cuatro días antes de Turquía.
En una tirante rueda de prensa, los medios preguntaron insistentemente sobre la reconstrucción del desastre, ante las dudas sobre si se utilizaron todos los medios posibles para socorrer a la embarcación, en la que viajaban más de 180 personas, cuando se tenía información de su existencia más de seis horas antes del naufragio. Meloni defendió la gestión oficial, muy cuestionada en los últimos días. “¿Alguno de ustedes considera que las autoridades italianas no han hecho algo que podían haber hecho?”, lanzó la primera ministra, flanqueada por sus vicepresidentes, Antonio Tajani y Matteo Salvini. Y defendió que la agencia europea de fronteras, Frontex, emitió una alerta de “llegada de inmigrantes irregulares”, pero no advirtió en ningún momento del “peligro de naufragio”, por lo que Italia mandó a un equipo de la policía de fronteras a inspeccionar la situación, en lugar de enviar a los equipos de rescate.
Meloni en algunos momentos levantó la voz ante los periodistas que le preguntaban por la tardanza en el auxilio a los migrantes y llegó a sujetar del brazo a Salvini, que hacía gestos insistentes con la cabeza ante algunas preguntas, aunque apenas intervino.
La primera ministra intentó centrar la atención en la reforma legal y destacó que en el Código Penal el nuevo delito se considerará “universal”, por lo que podrá ser perseguido “incluso si se comete fuera de los confines nacionales”. “Tomamos esta decisión para dejar clara nuestra determinación para combatir la trata de seres humanos, responsable de esta tragedia. Nuestra respuesta es una política de mayor firmeza”, apuntó la primera ministra al comentar el decreto, que entrará en vigor automáticamente, pero que deberá ser aprobado por el Parlamento en 60 días. “El mejor modo de honrar a las víctimas es hacer lo que se pueda para que no se repitan estas tragedias”, sostuvo la líder de Hermanos de Italia.
El ministro de Justicia, Carlo Nordio, afirmó que el objetivo del Gobierno es capturar a los traficantes. En la práctica, el nuevo decreto no distingue a los traficantes que viajan en los barcos ―considerados el último eslabón de la cadena criminal y que en la mayoría de ocasiones son inmigrantes que se ven forzados a llevar el timón y son ajenos a los grupos organizados― de los verdaderos responsables de los llamados “viajes de la esperanza”, que preparan las travesías, imponen los altísimos precios, de hasta 6.000 euros en algunos casos, y se quedan en tierra en los lugares de origen. “Ahora se buscará a los traficantes en todo el globo terráqueo, antes se buscaba a los inmigrantes en el Mediterráneo”, apuntó Meloni.
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El Ejecutivo anunció, además, un endurecimiento de las políticas migratorias, entre otras cosas, mediante la restricción de la denominada “protección especial”, una tutela para los migrantes vulnerables que añade el ordenamiento de Italia, como el de la mayoría de países europeos, a las disposiciones de las convenciones internacionales en materia migratoria. Como confirmó Meloni, el Ejecutivo tiene la intención de acabar con este tipo de protección, que Salvini ya limitó considerablemente en su gestión como ministro del Interior en la etapa del Gobierno de Giuseppe Conte.
El Ejecutivo de Meloni también ha aprobado normas dirigidas a simplificar el proceso de expulsión de inmigrantes irregulares y para mejorar los centros de identificación y expulsión (CIE) donde permanecen retenidos hasta su deportación. También ha acordado instrumentos para intervenir los centros de acogida de inmigrantes en caso de gestión opaca.
La dirigente insistió en que el objetivo de las nuevas normas es proyectar un mensaje: “No conviene entrar en Italia ilegalmente, no conviene pagar a los traficantes, no conviene arriesgar la vida”.
Meloni también anunció que Italia impulsará los conocidos como “decretos de flujo”, que desde hace años establecen cuotas de entrada legal para inmigrantes de fuera de la Unión Europea en función de la economía. Será la primera vez que el Gabinete utilice esta herramienta, que ya han empleado numerosos gobiernos en el pasado. Meloni ha aclarado que se favorecerá la inmigración legal desde los países que combatan el tráfico de seres humanos y en los que “se informe a los emigrantes sobre los riesgos de pagar a traficantes para llegar a Europa”.
La primera ministra ha sido muy criticada por no haber acudido personalmente a Calabria tras este último desastre, como sí hizo el presidente de la República, Sergio Mattarella. Meloni decidió celebrar “simbólicamente” el consejo de ministros en la localidad calabresa de Cutro, donde algunos vecinos la recibieron a ella y a su equipo con aplausos y otros con abucheos y gritos de “asesinos” y “vergüenza”. Muchos lanzaron peluches contra los coches oficiales de los ministros, en señal de protesta, ya que parte de las 72 víctimas del naufragio eran niños.
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