Para el hijo de una víctima de desaparición forzada, la creación de memoriales y los perdones históricos de los nuevos gobernantes son una simulación política, si no se imparte justicia a los responsables.
Cada 9 de junio, durante los últimos 42 años, Pável Ramírez recuerda la desaparición forzada de su padre, Rafael Ramírez Duarte, en manos de integrantes de la Brigada Blanca, un grupo paramilitar que se dedicó a espiar, capturar, torturar, asesinar y desaparecer a militantes de izquierda política durante la década de los setenta.
Desde entonces, siete presidentes han pasado. El octavo, Andrés Manuel López Obrador, anunció la creación de un memorial en honor de los desaparecidos en el sótano de la Secretaría de Gobernación, un espacio que se destinó a la tortura y a la represión política de opositores.
Además, el Congreso de la Ciudad de México aprobó inscribir con letras de oro la leyenda “Mártires del 10 de junio de 1971” en el muro de honor del salón de sesiones, para recordar a las víctimas del “halconazo”.
“Se da la imagen de que se está pidiendo perdón, de que se está recuperando memoria, pero no se está avanzando en las preguntas fundamentales: ¿dónde están nuestros familiares y dónde está la justicia?”, cuestionó Ramírez en Aristegui En Vivo.
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Aunque Pável Ramírez y otros miembros de la organización de familiares de víctimas de desaparición forzada, H.I.J.O.S., han identificado desde hace décadas a los responsables, el Gobierno Federal no ha hecho mención alguna sobre avances en las investigaciones pendientes.
Aunque muchos de los responsables han muerto, como Miguel Nazar Haro, agente de la hoy extinta Dirección Federal de Seguridad, el delito de desaparición forzada no prescribe, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación de esclarecer los casos pendientes.
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Uno de los mensajes más preocupantes fue cuando @lopezobrador_ tomó protesta y dijo: “perdón, pero no olvido”. Sin embargo, durante la desaparición forzada no hay perdón que quepa: Pavel Ramírez en #AristeguiEnVivo. ?https://t.co/Onqq7Al8sg pic.twitter.com/RxnHWlb4vl
— Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) June 14, 2019
“Mientras sólo haya situaciones de pedir perdón y de abrir memoriales, sin justicia, es simplemente simulación”, sentenció.
La exigencia de los activistas, explicó Ramírez, es que se desclasifiquen los archivos, cuyo acceso ha sido negado a la ciudadanía por décadas. “Las desapariciones políticas tienen soluciones políticas”, sostuvo.
Consideró que la consecuencia de la impunidad en estos casos no sólo agravia a las familias de las víctimas, sino a toda la sociedad, ya que “las décadas de injusticia lograron germinar la impunidad en la sociedad hasta llegar a niveles inauditos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayiotzinapa”.
Pável Ramírez también exigió esclarecer el destino de -al menos- dos bebés, hijos de dos mujeres que estaban embarazadas cuando fueron detenidas por la Brigada Blanca. Así como sucedió en Argentina, con las Abuelas de Plaza de Mayo, que recuperaron esta semana al nieto 130, cuyos padres fueron secuestrados y desaparecidos durante la dictadura militar que gobernó en aquel país entre 1976 y 1983.
