La contaminación le ha pisado durante una semana los talones al Gobierno de la capital de México. Una semana de aire irrespirable, nocivo para la salud de los 21 millones de personas que circulan diariamente entre la capital y alrededores, con cuatro días especialmente críticos —en los que se recomendaba no hacer ejercicio al aire libre y se suspendieron las clases— ha llevado al Ejecutivo de Claudia Sheinbaum a anunciar medidas urgentes este miércoles. A partir de este jueves entra en vigor un programa para combatir la mala calidad del aire que incluye una restricción en el número de coches, la creación de una fase de alerta preventiva y la regulación de la actividad de una refinería y termoeléctrica que operan a unos 90 kilómetros de la capital, en el Estado de Hidalgo.
En una conferencia de prensa sin preguntas, junto a las autoridades del Estado de México (entidad que rodea la capital), del Gobierno federal (Secretaría de Medio Ambiente nacional) y el Premio Nobel de Química Mario Molina, que ha acompañado a la dirigente en diferentes actos relacionados con esta crisis, se ha comunicado un nuevo plan, tras una semana de críticas por la gestión “tardía” e “insuficiente” de una de las peores contingencias ambientales que se recuerdan. Especialmente por los niveles graves de partículas menores a 2,5 micrómetros (PM 2,5), que según los expertos, son las más dañinas para la salud.
Entre las principales medidas destaca la creación de una fase preventiva, que se decretará según los pronósticos meteorológicos del día anterior, una reducción de vehículos más estricta para los casos de contingencia —donde los vehículos más nuevos y menos contaminantes también serán afectados (marcados con hologramas 0 y 00)— y la reducción de un 50% a un 100% de los vehículos oficiales administrativos de todos los órdenes de Gobierno, local, estatal y federal (alrededor de 300.000 vehículos en total). Las sanciones para los conductores que se salten esta norma se ha triplicado: entre 5.000 a 7.700 pesos de multa (desde unos 263 dólares a 400).
Además, las nuevas medidas para la población, que se suman a las que ya existían —suspender actividades y ejercicio al aire libre, suspensión de clases cuando los niveles sean los más altos, reducir el consumo de productos con solventes—, consisten en la suspensión de eventos deportivos o culturales al aire libre entre las 13 horas y las 19 horas. Y recomiendan facilitar a los empleados el trabajo a distancia. También, en el caso de que los niveles de partículas sean muy altos, se cancelarán las clases de los colegios de primaria y de educación media y superior. Y se vigilará la quema agropecuaria, este es uno de los principales motivos que ocasionó una veintena de incendios en la capital y esto provocó que los índices de PM 2,5 se dispararan.
El Gobierno, junto con las autoridades del Estado de México y del Gobierno federal, ha anunciado además, medidas contundentes para la industria petrolera. La refinería de Miguel Hidalgo de Tula no operará a más del 76% de su capacidad desde que se declare la contingencia (cuando se superen los 150 puntos IMECA, dependiendo de los contaminantes que predominen) y esto se endurecería hasta no más del 46% cuando se entre en una fase 2 (más de 200 puntos). También, la central termoeléctrica de Tula deberá reducir un 30% el consumo de combustible desde que se declare la primera fase de la alerta.
Las medidas de este nuevo Gobierno han llegado después de que el pasado martes se decretara, ante la presión de la opinión pública, una emergencia ambiental que reconocía los altos niveles de contaminantes en el aire que respiraba la ciudad. Una medida que tardó en llegar, según alegó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pues no existía un protocolo previo para este tipo de contaminantes —las partículas menores a 2,5 micrómetros, PM 2,5—. Los programas de emergencia están principalmente planteados para los casos de niveles altos de ozono y se centraban casi siempre en la restricción del número de coches, precursores clave de este contaminante en la atmósfera. El plan de emergencia duró cuatro días consecutivos, las altas temperaturas, sequía y poco viento, hicieron que las medidas de contingencia ambiental no fueran suficientes para reducir drásticamente la turbia y espesa boina de contaminación que sobrevolaba la ciudad. Y durante dos días seguidos, la Secretaría de Educación nacional y las principales universidades suspendieron sus clases: una medida que afectó a alrededor de dos millones de niños y jóvenes.
La crisis ambiental se convirtió también en la primera crisis en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, que tomó posesión de su cargo el pasado 1 de diciembre. Sheinbaum es la primera mujer en gobernar una de las ciudades más grandes del mundo y también la primera científica y experta en temas ambientales que ocupa el puesto. Pocos expertos consultados por EL PAÍS esperaban que un tema en el que ella tenía ese nivel de conocimiento llegara a estallarle a los pocos meses de asumir el cargo, sin haber previsto medidas ambientales que minimizaran esta crisis para muchos anunciada. Una emergencia ambiental que ha sacudido a los Gobiernos anteriores, con escasa capacidad de resolver un grave problema de salud pública, pero que ha hecho especial daño en la imagen de la nueva jefa de Gobierno de la capital, quien anteriormente fue secretaria local de Medio Ambiente, entre los años 2000 y 2006.
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