La detención de seis colombianos como sospechosos del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio muestra que el crimen trasnacional tiene unos tentáculos muy largos que reclutan sicarios y mercenarios capaces de actuar en cualquier parte.
Este crimen trajo a la memoria el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moise, perpetrado el 7 de julio de 2021 por un grupo de 26 mercenarios, entre ellos 18 colombianos, en su mayoría militares retirados, y el asesinato por sicarios del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, el 10 de mayo de 2022 en la isla colombiana de Barú, donde estaba de luna de miel.
La implicación en los tres homicidios de colombianos, aunque en los casos de Moise y de Pecci hay también gente de otras nacionalidades, es según algunos analistas, una consecuencia de la abundante “mano de obra” que ha dejado el conflicto armado interno y la lucha contra las drogas, dos guerras que se han prolongado por décadas en el país.
“Esto no tiene que ver con el hecho de ser colombianos; en la colombianidad no hay nada que justifique la violencia, lo que hay en Colombia es una industria del crimen que está fermentada desde hace mucho tiempo, desde la época de los carteles de la droga en los 80 y a esa industria del crimen ha llegado mucha gente”, dijo a EFE el analista Jorge Iván Cuervo, investigador de la Universidad Externado de Colombia.
El narcotráfico creó en los años 80 en Colombia una cultura mafiosa en la que los sicarios se convirtieron en el brazo armado para la eliminación física de jueces, políticos, periodistas, policías, rivales y todo aquel que supusiera un obstáculo para el negocio, una modalidad criminal que se ha prolongado en el tiempo por el crecimiento de ese problema.
En ese contexto, tres candidatos presidenciales fueron asesinados en menos de un año: Luis Carlos Galán (agosto de 1989), Bernardo Jaramillo (marzo de 1990) y Carlos Pizarro (abril de 1990), en la campaña más sangrienta que recuerde el país, similar a lo que sucede ahora en Ecuador donde, además de Villavicencio, hace menos de tres semanas fue asesinado el alcalde de Manta, Agustín Intriago.
Según Cuervo, el acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC y el desmonte de los grandes carteles de la droga dejaron a mucha gente “desocupada” pero “la persistencia del narcotráfico” hizo que parte de ellos siguiera trabajando para nuevas mafias, entre ellas las mexicanas, como el Cártel de Sinaloa, que se han extendido a Colombia y otros países de Suramérica.
“En la medida en que el narcotráfico es un fenómeno trasnacional esa mano de obra colombiana, que creció en la industria del crimen, ha sido útil y efectiva para la expansión del crimen organizado en otras regiones”, agregó el experto.
En el caso de Villavicencio, el candidato había denunciado públicamente “una gravísima amenaza de uno de los capos del Cártel de Sinaloa”.
Villavicencio mencionó directamente a alias “Fito”, señalado como jefe de la banda de Los Choneros -así llamada porque tuvo su origen en la localidad de Chone, en la provincia costera de Manabí- relacionada como él mismo lo había denunciado, con el Cártel de Sinaloa.
“El crimen del candidato de Ecuador es una manifestación de que hoy el narcotráfico es un fenómeno trasnacional y como tal recluta a quienes tienen mayor capacidad y conocimiento, no por ser colombianos, sino por vivir en Colombia. Si el crimen organizado quiere hacer un atentado como el que se hizo contra Villavicencio se pregunta si hay ecuatorianos dispuestos a eso y seguramente no los va a encontrar”, añade Cuervo.
Según Human Rights Watch (HWR) la violencia desbordada de los últimos meses en Ecuador es consecuencia de la guerra entre dos grandes bandas, Los Choneros y Los Lobos, “en alianza con narcotraficantes colombianos, mexicanos y albaneses” por el control territorial, lo que confirma el carácter trasnacional y la globalización de las mafias del narcotráfico.
“El aumento del crimen organizado está poniendo en peligro la vida de los ecuatorianos y sus instituciones. Se necesitan políticas de seguridad urgentes y respetuosas de los derechos humanos para proteger a los ecuatorianos de manera efectiva”, expresó la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus.
En la misma línea, un informe de junio pasado del centro de pensamiento InSight Crime señaló que “la tasa de homicidios de Ecuador se disparó casi un 500 % entre 2016 y 2022 -quizá el aumento más rápido en Suramérica-” y añadió que “gran parte de esta violencia está relacionada con el auge del comercio de cocaína y la conveniente ubicación de Ecuador como punto de partida de drogas hacia Europa”.
“El diverso panorama criminal transnacional en Ecuador, dominado por grupos insurgentes y criminales colombianos, además de los carteles mexicanos, lo han convertido en un foco creciente de crimen organizado”, agregó InSight Crime.
(EFE, Jaime Ortega Carrascal)
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