La Mesa del Congreso de los Diputados no ha resuelto este jueves cómo queda la enmarañada situación del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, tras un largo debate interno en una sesión extraordinaria convocada de urgencia para aclarar el conflicto institucional abierto con uno de los más relevantes órganos del Poder Judicial. La Mesa solo ha decidido por ahora pedir una nueva aclaración al Tribunal Supremo sobre “los efectos” de su sentencia en la que condenaba al parlamentario por pegar una patada a un policía en una concentración en La Laguna en 2014. El órgano de gobierno de las Cortes se ha dividido en el debate, al final se ha producido una fijación de posturas, cinco miembros (dos del PSOE y tres de Unidas Podemos) han optado por reclamar al Supremo que determine si ejecutar la inhabilitación quiere decir retirarle ya el escaño, tres han votado en contra (dos del PP y uno de Vox) y la presidenta, Meritxell Batet, no se ha decantado con su voto, aunque en otro momento del debate sí ha llegado a reconocer que al final tendrá que ejecutarse la sentencia y quitar el escaño al diputado. El Supremo tendría ahora tres días para responder y la siguiente Mesa se volverá a reunir el martes que viene.
La reunión de la Mesa del Congreso ha comenzado este jueves cerca de las dos de la tarde y no ha terminado hasta casi las 16.30 horas, tras un debate intenso, donde las posiciones han quedado muy divididas entre los dos bloques ideológicos presentes en el órgano de gobierno de la Cámara, los cinco componentes progresistas y los tres conservadores. La mayoría formada por PSOE y Unidas Podemos entendía que la posición reiterada el miércoles por un oficio del Tribunal Supremo en el que se instaba al Congreso a señalar desde cuando se procedía a la inhabilitación del diputado Rodríguez no debía suponer de forma inmediata la retirada de su escaño para el resto de la legislatura y abogó por demandar al presidente de esa sala, Manuel Marchena, una aclaración inequívoca.
Los representantes de la derecha no tenían duda alguna y ratificaron que el parlamentario debería abandonar su escaño ya y en su defecto incluso dimitir de forma inminente. Los componentes del PP y Vox, además, advirtieron a Batet que la decisión y la responsabilidad en este caso le correspondía a ella y también sus consecuencias, lo que desde el sector progresista se entendió como una presión añadida y hasta una amenaza. Meritxell Batet ha consultado sobre ese aspecto con el secretario general de la Cámara, que según diversas fuentes ha confirmado que efectivamente la competencia de cómo se ejecuta la sentencia del Supremo le correspondía solo a la presidenta. Fue en ese momento cuando Batet ha expresado por primera vez su opinión personal sobre este conflicto y según varios de los presentes avanzó que tenía “claro” que tras el nuevo oficio del Supremo la condena debía suponer la pérdida del escaño del diputado. Pero incluso tras adelantar ese criterio, Batet ha solicitado media hora de receso para reflexionar y luego ha emitido un comunicado en el que no expresa esa posición y se limita a demandar aclaraciones al Supremo.
En el comunicado de Batet solo se informa de que en la reunión de la Mesa de este jueves se había adoptado el acuerdo, “por mayoría de 5 a 3″, de “solicitar al Tribunal Supremo aclaración sobre los efectos de su sentencia en la condición de diputado de don Alberto Rodriguez, sin perjuicio de la competencia de la presidenta del Congreso para dar respuesta al oficio del Tribunal Supremo recibido ayer sobre el inicio del cómputo de la pena”. Esa última frase también es interpretada de manera diferente según cada sector de la Mesa consultado. El vicepresidente cuarto, Ignacio Gil Lázaro, de Vox, consideró que Batet se había decantado claramente en la reunión a favor de sus tesis de retirar a Rodríguez de su escaño y luego solo indicaba que se lo iba a comunicar al presidente del Supremo. La vicepresidenta segunda, Ana Pastor, y el secretario de la Mesa, Adolfo Suárez Illana, también se sumaron a esa idea y aprovecharon para asegurar que ni la Mesa ni la presidenta debían buscar “más excusas ni maniobras de dilación” para postergar la retirada del escaño al diputado de Podemos. Vox y PP sí apuntaron a que si Batet variaba la opinión que había expresado dentro de la cita o no ejecutaba de forma inminente la condena del Supremo podría estar incumpliendo una sentencia y aceptando “presiones oscuras y escandalosas”.
Desde el PSOE y Podemos no solo no asumen esa versión sino que ofrecen una lectura totalmente contraria. Gerardo Pisarello y Javier Sánchez Serna, representantes de Unidas Podemos en la Mesa, defendieron que con su petición de aclaraciones al Supremo Batet había consagrado “la autonomía parlamentaria” porque entenderían como algo muy grave que un tribunal pudiese eliminar la condición de diputado durante casi dos años por una sanción que se había penado con solo 45 días de prisión y 540 euros de multa. Y añadieron como advertencia que si esa decisión se lleva a efecto al final podría acabar en todos los tribunales españoles y europeos.
La Mesa había considerado este mismo martes, en su anterior reunión y a la vista de un informe de los letrados de la Cámara y con la oposición de PP y Vox, que la “inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo” que había impuesto el Tribunal Supremo estaba saldada, ya que iba aparejada a la pena de un mes y medio de cárcel, sustituida en el fallo por una multa de 540 euros. El Supremo no compartía ese criterio y se dirigió inmediatamente a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, para instarle a que aclarase cuándo pensaba ejecutar la sentencia que, según esa interpretación, privaría al diputado Alberto Rodríguez de su escaño, algo que hasta ahora solo ha sucedido con los líderes del procés.
No hay un precedente idéntico al del parlamentario de Unidas Podemos, pero sí decisiones de la Junta Electoral y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que, según fuentes del tribunal, deberían servir ahora de jurisprudencia. Entre otras, la inhabilitación del expresident Quim Torra por “inelegibilidad sobrevenida” antes de que existiera una sentencia firme que le obligara a apartarse del cargo. Esta figura se empleó también contra Oriol Junqueras, el líder de ERC, para retirarle la condición de eurodiputado tras ser condenado a 13 años de prisión.
Esta resolución hace referencia al artículo 6.2.a de la ley electoral, que establece que son inelegibles los “condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el período que dure la pena”. Pero en el caso del diputado de Unidas Podemos la pena de prisión ha sido conmutada por una multa, por lo que los letrados del Congreso sostienen que este precepto ya no puede aplicarse. En el Supremo hay dudas sobre esta interpretación, pero, en cualquier caso, la Sala de lo Penal considera que la condena de inhabilitación no se ha conmutado con la multa y el diputado debe cumplirla.
La Mesa resolvió este pasado martes, con el apoyo de los seis miembros del PSOE y Unidas Podemos frente a los tres del PP y Vox, que el parlamentario podía continuar con su escaño, aunque precisamente en estos días apenas aparece públicamente por el Congreso y no se deja ver por el pleno. El debate fue agrio tanto en la Mesa como en la posterior Junta de Portavoces.
PP y Vox cuestionaron la idea, refrendada por la mayoría agarrándose al informe de los letrados, de que la multa aplicada sustituía de hecho la pena principal. El secretario cuarto de la Mesa, el diputado popular Adolfo Suárez Illana, argumentó en la reunión que el caso es “una manifiesta situación de inelegibilidad sobrevenida, que debe privar del derecho de sufragio pasivo ope legis [”por el dictado de la ley”] y, por tanto, conlleva la perdida de dicha condición de diputado para la que resultó elegido en las últimas elecciones generales”. Y rebate la tesis de que si el Supremo hubiese considerado que la multa “ya era la naturaleza de la pena, o de su resultante, no llevaría aparejada la accesoria de inhabilitación especial sobre la que el tribunal ha insistido en su escrito de aclaración de sentencia”.
El pulso con el Supremo llega dos semanas después de que la dirección del Congreso sufriese otro revés en el Tribunal Constitucional, que anuló la restricción de actividades de la Cámara del inicio de la pandemia por vulnerar derechos de los diputados. Esa sentencia causó fuerte malestar entre los partidos del Gobierno. La propia Batet salió al quite para recordar que varios Parlamentos autonómicos estuvieron cerrados en aquellos días y que Vox, el autor del recurso ante el Constitucional, también pidió la suspensión de un pleno tras contagiarse uno de sus diputados.
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