La canciller alemana, Angela Merkel, venía avisando desde hace días a los líderes de los Estados federados: para contener la tercera ola de la pandemia es necesario imponer más restricciones, no suavizarlas. El número de casos diarios no deja de subir (fueron más de 25.000 este jueves) y las unidades de cuidados intensivos de los hospitales ya están muy tensionadas, con cerca de 4.500 pacientes de coronavirus ingresados. Pese a la evidente mala evolución de la crisis, algunas regiones han empezado a desescalar. Y cada una a su manera, lo que ha provocado que haya Estados con el comercio no esencial cerrado, otros en los que se exige un test negativo para entrar a las tiendas y algunos, como el Sarre, que incluso han abierto las terrazas de bares y restaurantes. Merkel se ha plantado: ha decidido tomar el control y centralizar la gestión de la pandemia. La semana que viene propondrá una reforma de la Ley de Protección contra Infecciones que establezca límites y medidas comunes que serán de obligado cumplimiento.
De momento la canciller tiene clara cuál es la receta adecuada para cortar los contagios: aplicar un nuevo cierre, de corta duración, pero más estricto que el que ha estado vigente estos últimos meses. Y, por supuesto, con las mismas medidas en todo el territorio. El objetivo es reducir la incidencia y ganar tiempo hasta que un mayor porcentaje de población haya sido vacunado. Hasta ahora cerca de un 15% de los alemanes ha recibido al menos una dosis. Algunos líderes regionales apoyan la propuesta, como Armin Laschet, el presidente de la CDU, el partido de Merkel: “Las normas de distancia social, de obligación del uso de mascarillas y de toque de queda deberían regularse a nivel federal”, dijo el también presidente del Estado de Renania del Norte-Westfalia, una región de casi 18 millones de habitantes.
Pero también hay barones regionales que no están de acuerdo y se resisten a volver a las restricciones y a ceder competencias a Berlín. Las discrepancias son tan grandes que se ha suspendido la cumbre entre la canciller y los líderes de los Estados prevista para el próximo lunes 12, según confirmó este viernes la portavoz adjunta del Gobierno, Ulrike Demmer. No está previsto celebrarla durante toda la semana. En cambio, el Ejecutivo alemán adelantará su reunión semanal al martes —normalmente la celebra los miércoles— para proponer a los partidos y las regiones la modificación de la ley y conseguir que el Gobierno federal y los Länder actúen de forma coordinada, añadió Demmer.
La norma que se modificará es la Ley de Protección contra Infecciones, que se aprobó durante la primera ola de la pandemia para conceder amplias competencias al ministro de Sanidad, Jens Spahn. Hasta hace pocas semanas, las reuniones periódicas entre la canciller y los Estados acababan con acuerdos que después las regiones respetaban, pero ese consenso empezó a resquebrajarse en marzo. Algunos no aplicaron el llamado freno de emergencia que habían pactado a principios de ese mes: una marcha atrás en la desescalada si se superaba una incidencia de 100 casos por 100.000 habitantes en siete días. Lo cierto es que prácticamente ningún Estado ha vuelto a cerrar lo que había abierto. Los últimos encuentros se han prolongado durante horas ante la imposibilidad de pactar medidas comunes. La última rueda de prensa de Merkel tras una de esas reuniones fue casi a las tres de la mañana, después de 12 horas de negociaciones.
El objetivo de la modificación es “actuar de modo federal”, dijo la portavoz del Ejecutivo. El texto precisará qué restricciones se aplicarán en las regiones que superen una incidencia semanal de 100 y será obligatorio cumplir. Actualmente la media del país está en 110 casos por 100.000 habitantes y lleva subiendo desde mediados de febrero, cuando se situó en torno a 60. El pico de incidencia se registró antes de Navidad, cuando se rozaron los 200 casos por 100.000 habitantes. Según datos del Instituto Robert Koch, en las últimas 24 horas se han registrado 296 fallecidos por coronavirus.
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