El gobierno de México amplió las vías laborales y de refugio con los países del norte de América central, es decir, Honduras, Guatemala y El Salvador del mismo modo que solicitó el respaldo de los Estados Unidos para las comunidades mexicanas que residen en dicho país.
Lo anterior fue alcanzado en el marco de la IX Cumbre de las Américas, como muestra de la voluntad de cooperación y liderazgo regional en la materia, dado que el gobierno federal se comprometió con medidas ambiciosas y puntuales que robustecen la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La Declaración de Los Ángeles avanza en el objetivo común de una migración ordenada, segura y regular en las Américas, enfatizando medidas para fortalecer a las comunidades que reciben flujos migratorios substantivos; la expansión de mecanismos de movilidad laboral; medidas de gestión migratoria más humanas; y la respuesta coordinada ante situaciones de emergencia. En consecuencia, México respalda la Declaración y la complementa con una serie de nuevas medidas concretas en favor de la movilidad laboral, el sistema de refugio y la protección a grupos vulnerables.
En materia de movilidad laboral, el Gobierno de México trabajará con su similar de Guatemala a fin de lanzar un nuevo programa de cooperación laboral. La propuesta incluye incorporar entre 15,000 y 20,000 migrantes de Guatemala en México por año, con miras a expandir para personas de Honduras y El Salvador en el mediano plazo.
De manera complementaria, el Gobierno de México expandirá el programa basado en las Tarjetas de Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF) con el objetivo de duplicar sus emisiones, de 10,000 a 20,000 documentos por año. Ambos programas se llevarán a cabo con el respaldo la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) a fin de reclutar personas trabajadoras de manera ética, acompañar los procesos de solicitudes de visas desde el norte de Centroamérica y robustecer la vigilancia de sus derechos laborales.
En conjunto con organismos del Sistema de las Naciones Unidas, como Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Acnur), México buscaría facilitar oportunidades de empleo a 20,000 personas refugiadas reubicadas e integradas en los próximos tres años, a partir del 2022.
Asimismo, México tiene un mercado laboral sólido tanto para nacionales como para personas extranjeras, indica la SRE en el documento, además de una tradición solidaria y un compromiso con el refugio a nivel americano y global.
“Es un esfuerzo del gobierno federal, encabezado por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), así como de autoridades estatales, municipales y del sector privado, con un papel clave de la Acnur, que resulta en una ganancia para las personas refugiadas, las empresas y la sociedad en su conjunto”.
Adicionalmente, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron la creación de dos nuevos grupos bilaterales de trabajo. El primero buscará la suscripción de un memorándum de entendimiento que fortalezca programas de visas y la defensa de los derechos laborales de las personas mexicanas que laboran en los Estados Unidos. Ambos gobiernos trabajarán conjuntamente para llevar a cabo procesos de reclutamiento ético que respeten los derechos humanos y laborales de las personas trabajadoras.
El nuevo mecanismo buscaría fortalecer la cooperación entre ambos gobiernos en la implementación de los programas de trabajadores temporales H-2A y H-2B, incluyendo un enfoque en los estados del sur de México, a fin de promover el desarrollo en la región.
Por parte del Gobierno de México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del Servicio Nacional de Empleo, asumiría la promoción y difusión de sus vacantes e identificará los mejores mecanismos para acercar el capital humano que se requiere para cubrirlas.
Como parte de la agenda del nuevo grupo binacional se tiene contemplado el diseño de un programa piloto para identificar y contratar trabajadoras y trabajadores mexicanos en sectores específicos. El programa tiene como objetivo que las industrias en Estados Unidos estén vinculadas a sectores esenciales y que las personas trabajadoras que participen sean principalmente de los estados del sur de México.
Este esquema permitirá reforzar el papel de ambos gobiernos en el reclutamiento de potenciales personas trabajadoras, elevando la protección en contra de intermediarios y reduciendo la posibilidad de abusos, como es el cobro de cuotas para poder obtener una visa de trabajo temporal.
El segundo grupo de trabajo binacional trabajará con el objetivo de diseñar e implementar nuevas medidas con el objetivo de proteger los derechos de las y los menores en situación de movilidad en ambos países. Bajo el espíritu de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, México y Estados Unidos estrecharán su cooperación, junto con agencias de la Organización de las Naciones Unidas, para que las autoridades de los dos países brinden una atención adecuada a las y los de menores en situación de movilidad, un grupo vulnerable clave.
Finalmente, el Gobierno de México reiteró en el documento la importancia de atender las causas estructurales de la migración a fin de brindar alternativas económicas a las personas migrantes para hacer valer su derecho a permanecer en sus comunidades de origen. En aras de robustecer los distintos programas de desarrollo económico, el Gobierno de México continua trabajando con sus socios regionales hacia una próxima conferencia en la materia, a celebrarse próximamente en el norte de Centroamérica.
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