Los Gobiernos de México, Colombia, Argentina y Bolivia han cerrado filas este lunes con el expresidente peruano Pedro Castillo, depuesto y detenido la semana pasada tras su intento de disolver el Congreso y declarar un estado de excepción en el país andino. En un comunicado conjunto, los Ejecutivos encabezados, respectivamente, por Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro, Alberto Fernández y Luis Arce manifiestan “su profunda preocupación por los recientes sucesos” y piden a las autoridades encargadas ahora de gestionar la transición respeto por la investidura del maestro rural.
Castillo tomó posesión a finales de julio de 2021 tras ganar las elecciones frente a la derechista Keiko Fujimori. Tras su destitución por el Parlamento, asumió el mando su número dos, la vicepresidenta Dina Boluarte, quien se enfrenta a la ira de los manifestantes que han tomado las calles. Ante las protestas, que ya han dejado cinco muertos, la política ofreció celebrar elecciones en 2024 en lugar de convocarlas en 2026, esto es, al término del mandato. En este contexto, estos Gobiernos, que forman parte de un eje de izquierda en América Latina del que Castillo nunca fue un verdadero representante, señalan que el ex líder sindical “desde el día de su elección fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Según su argumento, el mismo que utilizó en su momento la Administración de Castillo, también los procesos judiciales que acorralan al político -la Fiscalía le acusó abiertamente de encabezar una organización criminal” dedicada a amañar contratos- también supone una violación del artículo 25 de esa convención. “Nuestros Gobiernos”, prosigue el comunicado, “hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Así, México, Colombia, Argentina y Bolivia exhortan “a quienes integran las instituciones a abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”. Además de eso, piden garantías para el exmandatario, que tras su arresto fue trasladado al mismo penal donde cumple condena Alberto Fujimori. “Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado”, se lee en el comunicado.
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