El Gobierno mexicano ha defendido este martes su política de contención frente al fenómeno migratorio, tras la detención de 371 centroamericanos que se dirigían hacia Estados Unidos. El episodio confirma el endurecimiento de la postura de la Administración y el giro respecto a la política de puertas abiertas anunciada a principios de año. Pese a las críticas de ciertas organizaciones de la sociedad civil, el Ejecutivo del presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en la necesidad de “regular” el flujo creciente de personas que atraviesa el país hacia el vecino del norte -unos 300.000 en los últimos tres meses, según datos oficiales-. “No queremos que tengan libre paso, no solo por cuestiones legales, sino por cuestiones de seguridad”, ha dicho esta mañana en rueda de prensa el presidente.
Agentes de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración (INM), el organismo encargado de gestionar las entradas, acorralaron el lunes por la tarde a una caravana integrada por unos 3.000 migrantes irregulares, en su mayoría hondureños, mientras marchaba por la carretera en el municipio de Pijijiapan, en el Estado de Chiapas, al sur del país. Algunas personas intentaron escapar monte a través, en tanto que otras fueron obligadas a montarse en autobuses oficiales. Los detenidos, entre los que hay niños, han sido trasladados a centros de internamiento en la ciudad fronteriza de Tapachula mientras se “regulariza” su estancia.
La operación provocó momentos de tensión. Algunos migrantes han denunciado agresiones por parte de las fuerzas de seguridad, mientras que las autoridades han defendido su actuación y culpado a grupos de centroamericanos de ser ellos los agresores. “Sí hubo por un grupo de estas personas agresión con piedras y por eso se solicitó el apoyo de más personal de la Policía”, ha dicho este martes el comisionado del INM, Tonatiuh Guillén, quien ha buscado quitar hierro al episodio, al defender el carácter cotidiano de este tipo de operaciones. “Lo hacemos todos los días. Son iniciativas de control migratorio”.
Pese al discurso de normalidad, esta detención masiva es la prueba más contundente hasta ahora del cambio de postura del Ejecutivo en la materia. En enero, las autoridades empezaron a conceder a los recién llegados visados humanitarios, un permiso renovable de un año que permitía a los migrantes trabajar en cualquier parte del país y acceder a los servicios sociales. La medida fue celebrada por las ONG como un avance respecto a la política de mano dura enarbolada por el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto para contener las caravanas en octubre pasado.
Sin embargo, la creciente presión del Gobierno de EE UU sobre México y la reciente amenaza de Donald Trump de cerrar la frontera si no se reduce el flujo migratorio han contribuido a un giro. La secretaria de Gobernación [ministra del Interior], Olga Sánchez Cordero, anunció a finales de marzo un “plan de contención” ante la escalada en el número de llegadas. Además, anunció que se limitaría la emisión de visas humanitarias, dando prioridad a las mujeres, los niños y las personas mayores de 65 años. En vez de las visas, el Gobierno ahora busca impulsar la llamada “tarjeta de visitante regional”, mucho más restringida: limita la movilidad de los migrantes a cuatro Estados del sur de México y les aleja, por tanto, de su objetivo de cruzar la frontera a EE UU. “Preferimos atender a la población de Centroamérica en el sur y sureste”, ha defendido este martes López Obrador, citando los altos índices de violencia en los Estados del norte del país, donde miles de personas esperan a que EE UU tramite sus solicitudes de asilo.
La nueva política ha rebajado la presión sobre la frontera norte a costa de convertir al sur del país en un contenedor migratorio y de desbordar su infraestructura de acogida. Ramón Verdugo, miembro de la ONG Todo por Ellos, denuncia la lentitud de los procedimientos y la “cerrajón” del Gobierno federal. “Argumentan que las oficinas regularizarán los trámites, aunque después les niegan la atención o les detienen y les deportan”, dice. Parte de los detenidos en Pijijiapan habían estado esperando en un centro deportivo a que les concedieran una visa humanitaria, asegura el activista. Sin embargo, después de semanas de espera, las autoridades les dijeron que solo podían aspirar a las tarjetas de visitante, por lo que los migrantes decidieron continuar su camino.
Solo en el Estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, hay más de 5.000 personas retenidas en instalaciones del INM, según cifras del propio Instituto, a la espera de que se tramiten los permisos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha denunciado las condiciones de “hacinamiento” en que se encuentran y pedido que se garantice “una estancia digna”. “Los centros están desbordados y son insalubres; los migrantes no están recibiendo el apoyo médico y de alimento necesario”, coincide Ramón Verdugo.
En el frente diplomático, México intenta limar asperezas con EE UU. Tras subrayar la importancia de los vínculos bilaterales, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha anunciado este martes una visita a Washington a principios de mayo, donde se tratará el tema migratorio. Más allá del plan de contención que está poniendo en práctica México, López Obrador ha insistido en la necesidad de invertir en la región centroamericana y el apoyo de EE UU es una pieza clave de esa estrategia: “El planteamiento de fondo que estamos haciendo al Gobierno de Estados Unidos es que con urgencia se apoye el desarrollo en los países hermanos de Centroamérica”, ha declarado.
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