México quiere llevar a juicio a más de una decena de fabricantes y distribuidores de armamento. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha presentado este miércoles una demanda civil en contra de 11 empresas de producción y distribución de armas en Estados Unidos a quienes acusa de emprender “prácticas comerciales, negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha confirmado que la acción legal ha sido presentada ante una corte federal en Boston (Massachusetts) con el objetivo de detener el flujo de armamento ilegal que llega al país desde Estados Unidos.
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El Gobierno mexicano afirma que la venta ilegal de estos fabricantes y distribuidores está detrás de al menos 17.000 asesinatos en México y que del 70% al 90% de las armas decomisadas en su territorio vienen de Estados Unidos. “No lo hacemos para meter presión a EEUU, sino para que no haya muertos en México”, dijo un funcionario mexicano cercano al caso. “Las empresas demandadas son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas en contra de población civil y autoridades de México”, señala Exteriores en un documento en el que explica la demanda, preparada en los últimos dos años. El Gobierno busca una indemnización por daños que será definida por el tribunal, pero que ―según estimaciones de la Cancillería― podría alcanzar el 2% del PIB de México. La exigencia se basa no solo en la violencia letal por el flujo de armas ilegales, sino también por afectaciones económicas, como la sangría de recursos públicos para sostener la guerra contra los grupos criminales, así como pérdidas a industrias como el turismo.
Los litigantes mexicanos esperan un proceso largo, de mucho tiempo. El primer reto para el Gobierno mexicano será demostrar ante la Corte que tiene derecho a demandar a los fabricantes de armas, como afectado directo. El segundo será superar el blindaje político y legal que tiene la industria armamentista en Estados Unidos. La propia Administración de Joe Biden ha puesto en la mira a principios de este año la llamada ley de inmunidad que protege los intereses de las principales empresas, para impulsar una legislación más sensata y que restrinja la presencia generalizada de armas en territorio estadounidense.
El debate sobre el control de armas es un tema que divide profundamente a Estados Unidos y México ha sido muy cuidadoso de que la demanda no se interprete como un intento de injerencia en la política interna de su vecino. El canciller, Marcelo Ebrard, ha señalado que México “no busca interferir en la política de Estados Unidos” sobre armas y que el proceso judicial involucra únicamente a las empresas. La Cancillería dio un aviso a la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México sobre sus intenciones al presentar esta demanda. Los funcionarios mexicanos lo han calificado como un “acto de cortesía”, aunque no han recibido una respuesta formal de sus contrapartes estadounidenses.
Las sociedades demandadas incluyen a algunos de los fabricantes más poderosos: Smith & Wesson; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company; Glock; Sturm, Ruger & Co y Witmer Public Safety Group, entre otros. Las ventas anuales de estas firmas a clientes en México, según el Gobierno mexicano, rebasan las 340.000 armas al año. Fue justamente en octubre de 2019, durante el operativo fallido en Culiacán para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, que pudieron verse fusiles como el Barrett calibre .50, capaz de derribar helicópteros y de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en manos de miembros del Cartel de Sinaloa. Dos años antes, la periodista Miroslava Breach fue asesinada tras recibir disparos de una Colt .38 Súper, una edición especial con un grabado inspirado imagen de Emiliano Zapata, un símbolo de la Revolución mexicana. Los ejemplos abundan.
En la relación bilateral, Estados Unidos, el principal consumidor de drogas en el mundo, ha presionado por décadas a México para tomar acciones decisivas contra el narcotráfico. El Gobierno mexicano ha tenido que lidiar con las exigencias de la Casa Blanca y con los roces permanentes por la desconfianza mutua en el combate al crimen organizado y la sospecha permanente de corrupción y colusión. Ebrard ha tratado de manejar el asunto como una negociación quid pro quo: priorizar el tema del trasiego de drogas rumbo al norte, a cambio de que los estadounidenses hagan algo sobre las armas que se envían hacia el sur.
El canciller ha insistido en que la demanda civil no sustituye a los esfuerzos políticos y al diálogo con Washington para atender el problema. “El Gobierno de México reclama que, derivado del comercio negligente, las armas llegan a nuestro país con mayor facilidad y alimentan el poder de fuego de organizaciones criminales”, se lee en un comunicado. El reclamo es que las empresas no solo no están haciendo los controles necesarios para saber a quién le venden esas armas, también están sacando cuantiosas ganancias. “Son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas”, señala el documento, “ [pero] siguen priorizando el beneficio económico y utilizan estrategias para promover armas cada vez más letales sin dispositivos de seguridad ni trazabilidad”.
La acción civil, vista como un acto “sin precedentes” por parte de la Cancillería mexicana, se anuncia un día después de la visita de Ebrard a El Paso (Texas) para conmemorar la matanza de agosto de 2019, en la que fueron asesinadas 23 víctimas, la mayoría de origen mexicano, por parte de un supremacista blanco. Se da también apenas unas horas después de que se diera a conocer que el fabricante alemán Sig Sauer había pedido autorización al Congreso estadounidense para vender armas al Ejército mexicano, en una operación que supera los cinco millones de dólares. Los funcionarios mexicanos no ven una contradicción en presentar una demanda civil contra unos y comprarle a otros, argumentando que lo que se busca atacar es el comercio ilegal. A la espera del arranque formal de un proceso legal que se entreteje inevitablemente con las cuestiones políticas, los litigantes mexicanos han dicho que están dispuestos a llegar hasta la Suprema Corte estadounidense de ser necesario.
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