Durante varios años, la organización Fundar —a la cual debemos haber alcanzado un logro histórico— sostuvo un pleito legal contra el Estado mexicano, consiguiendo que el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa obligara al Sistema de Administración Tributaria a hacer públicos los datos sobre las condonaciones y sobre las cancelaciones de impuestos que se llevaron a cabo durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto.
En total, las condonaciones y las cancelaciones que generosamente otorgaron las dos administraciones federales señaladas —los datos que se han hecho públicos abarcan el periodo comprendido entre enero de 2007 y mayo de 2015— dejaron como resultado la increíble cifra de siete mil novecientas personas físicas o morales elevadas a un olimpo que se encuentra muy por encima de la tierra que habitamos los mortales, así como la escalofriante cantidad de doscientos setenta y cuatro mil millones de pesos que no ingresaron nunca en las arcas públicas.
Ahora bien, las cantidades que recién he mencionado —las cuales he decidido escribir con letras y no con números porque me parece que de este modo resultan menos inaprensibles— son, de hecho, imposibles de dimensionar, a menos que las convirtamos en asuntos más humanos, terrestres e incluso pedestres. Así, lo primero que quiero señalar es que las personas físicas o morales beneficiadas por la gracia de un par de presidentes autoerigidos en emperadores constituyen —un poco más, un poco menos— el punto cero cuatro por ciento de todos los mexicanos, que es lo mismo que decir que se tendría que llenar el Estadio Azteca tres veces, con todo y el terreno de juego revestido de sillas, para encontrar a uno de los marqueses, barones o condes elegidos por el mismo báculo que desató una guerra sangrienta en sus provincias y que, años después, ante el reclamo de sus súbditos, decidió que los bufones contaran las historias del horror y las desapariciones.
—Punto cero cuatro por ciento: así encarna la desigualdad que tanto daño le ha hecho a nuestro país y así, también, una democracia se transforma en un régimen de excepcionalidad, con demasiados rasgos de feudalismo—.
Lo segundo que quiero señalar es que el monto que los señores emperadores plenipotenciarios don Felipe Calderón Hinojosa y don Enrique Peña Nieto, junto con sus socios políticos —sus barones y sus caballeros— y junto con sus socios económicos —sus duques, sus condes y sus marqueses— decidieron que estaban en poder de condonar, que estaban en poder de cancelar porque no era necesario para que la cosa pública funcionara, porque no le hacía falta pues a la hacienda del reino —claro, como buenos hombres del medioevo, pensaban que la hacienda era su hacienda— habría alcanzado, por poner solo un par de ejemplos, para pagar el presupuesto de la Secretaría del Trabajo durante los próximos setenta y cuatro años —pero claro, por qué les iba a importar esta Secretaría, si debía encargarse de los asuntos de los vasallos, los plebeyos y los siervos—, así como habría sido suficiente para comprar trece mil setecientos cincuenta millones de desayunos escolares, que es lo mismo que los desayunos escolares que serían consumidos, si todos los estudiantes de primaria y secundaria del país recibieran uno, durante los próximos cincuenta y ocho mil quinientos diez días, es decir, durante los próximos ciento sesenta años —pero claro, por qué les iba a importar que se alimenten aquellos que han demostrado que no necesitan comer más que una o dos veces al día; total, tres veces al día se come solo en el castillo y sus mansiones de verano—.
—Ciento sesenta años de desayunos escolares, desaparecidos de un plumazo: así encarna la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestro país y así, también, un régimen de excepcionalidad, con demasiados rasgos del feudalismo, se perpetúa en ancien régime—. Pero no hablemos solo de los emperadores, cuyos secuaces parecerían haber instaurado, por encima de las demás secretarías de gobierno, la Gran Secretaría de Beneficios y Prebendas, hablemos también de los suertudos que conforman los estamentos privilegiados —entre quienes relucen el Marqués Cabal Peniche, el Conde Valladares García, el Duque Salinas de Gortari, el Barón Fernández de Cevallos, el Archiduque Ramón Collado, el Caballero Cuauhtémoc Blanco, la Duquesa Galilea Montijo, el Gentilhombre Juan Gabriel, el Infante Carlos Ahumada, la Archiduquesa Yeidckol Polevnsky o la Baronesa Ana Gabriela Guevara—, quienes han trabajado tanto y han servido tan bien a sus señores —espero que el lector no se sorprenda, pero casi todos los nobles condonados fueron donantes, auspiciadores, imagen o promotores de las campañas de los emperadores— que no merecen tener obligación alguna, ni ahora ni antes —espero que esto tampoco sorprenda al lector, pero casi todos los nobles cuyas deudas fueron canceladas, también fueron beneficiados durante aquel despojo llamado Fobaproa—, porque a ellos les atañen nada más los beneficios.
—Un país con una micro minoría de beneficiarios y con una inmensa mayoría, compuesta por más de ciento veinte millones de seres humanos, a los que les atañen única y exclusivamente las obligaciones: así, además de la desigualdad y la corrupción, se encarna la injusticia y la coerción extraeconómica que perpetúa la sumisión—.
Por supuesto, los condonados por los emperadores no solo fueron personas físicas, también fueron personas morales —entre estas, relucen con brillo propio los reinos, ducados y marquesados de ICA, Roche, Casas Geo, Sabritas, Grupo Lala, Grupo Protexa, Aero California, Club Deportivo Toluca, Club de Fútbol Guadalajara, Halliburton de México, Deacero, Gemalto, Altos Hornos de México, Club Deportivo Cruz Azul, IUSA o Kimberly Clark—, todas las cuales, además de también haber sido donantes de las campañas de los emperadores y beneficiarias durante el Fobaproa y durante tantos otros rescates multimillonarios, han sido premiadas por el palacio de otras muchas formas: con terrenos a precios irrisorios, con apoyos para la exportación o la importación sufragados por los siervos, con información financiera y política clasificada y con préstamos monetarios inconcebibles tanto en monto como en intereses para los habitantes del mundo terrenal, por poner solo algunos ejemplos.
Sin lugar a duda, esta realidad, la de que somos un país atrapado económica, financiera y retributivamente en la época feudal y que es este el principal motivo de la desigualdad —que da lugar y que recicla la pobreza—, de la corrupción —que da lugar y que recicla la alta criminalidad y las violencias descontroladas— y de la injusticia y la coerción extraeconómica —que dan lugar a los beneficios de unos y a las obligaciones de los muchos; que sostiene una división social que no dista tanto de las castas, y que ampara la mayoría de los racismos que nos aplastan— es algo que la administración actual debe tener claro y ante lo cual debe proceder sin dilaciones ni clemencia, independientemente de que algunos de sus propios funcionarios o partidarios aparezcan en los diarios del palacio.
Quizá, entre todo el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, haya poca gente tan honesta y tan capaz como Arturo Herrera Gutiérrez, por esto es que debemos exigirle a él lo que exigirle a otros secretarios de Estado sería una pérdida de tiempo: acabe con las condonaciones, pero además anule las anteriores; limpie el palacio, saque de sus pasillos y habitaciones a las ratas; cuele el piso de igualdad que tanto nos hace falta; extráiganos de ese pasado feudal en el que continuamos atrapados, con una reforma fiscal y tributaria verdadera, y, por favor, no confíe en nadie o casi nadie, por más cerca que esté de usted o del presidente.
—El cuento aquel de que la culpa siempre es de un contador, como si estos fueran corruptos por venia propia, como si no hablaran pues con sus patrones o como si fueran el resultado del mayor experimento de trepanación intrauterina de la historia, también justifica y perpetúa la desigualdad, la corrupción y la injusticia—.
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