Por su parte, Alfredo Figueroa sostuvo que la forma en la que AMLO debe poner orden tiene que estar dentro del marco constitucional, si no, sólo emitirá decretazos.
México asumió desde 2015 el convenio marco para el cambio climático con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el fin de disminuir la emisión de gases con efecto invernadero; sin embargo, con el “Acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, esta meta no se cumplirá, consideró el exprocurador fiscal de la Federación Gabriel Reyes Orona.
“Pero esto tiene otras consecuencias también muy graves y severas, porque con motivo de la reforma constitucional y de la reforma que establece la ley de transición energética y la ley de la industria eléctrica, fincaron proyectos muy importantes con inversionistas del exterior, que derivan en pagos concretos del Estado mexicano en favor de estos empresarios que han invertido en México, concretamente los certificados de energía limpia”, dijo durante la Mesa de Análisis de Aristegui en Vivo.
“México ya está en la ruta directa de incumplir sus compromisos de la siguiente década en materia de emisión de gases con efecto invernadero, pero también está en la vía de incumplir los pagos de certificados de energía limpia a todas estas empresas”, agregó.
Si bien Reyes Orona reconoció que existe una intermitencia en el servicio eléctrico, aseveró que ésta no es provocada por los generadores eólicos o fotovoltaicos, sino por deficiencias en el sistema de transmisión y distribución, y en el cambio radical que hubo en el consumo de energía eléctrica.
“La respuesta del Estado a todo esto fue hacer una grotesca reforma constitucional sin tocar el texto de la Constitución. A través del acuerdo publicado por la Secretaría de Energía el pasado 15 de mayo, lo que se hace es entorpecer la interconexión de forma que no importa si ya estás listo o no, no vas a poder hacerlo porque no te van a permitir interconectarte”, sostuvo.
“El presidente López Obrador ha señalado la existencia de una confabulación, pero ésta no existe al menos de parte de los particulares; existe una confabulación en el sector público”.
Asimismo, lamentó que ese mismo día, en la página del Poder Judicial se publicará un posicionamiento con la interpretación constitucional en materia de industria eléctrica.
“El problema que tenemos que enfrentar ahora va a ser un problema en el cual claramente el Poder Judicial ha establecido, en común acuerdo y en colaboración con el Ejecutivo Federal, una interpretación que anula la reforma constitucional de 2013, reintegrando la generación a las actividades estratégicas del Estado y, por lo tanto, a las actividades de servicio público que tienen una absoluta regulación por parte de la Sener”, acotó.
De esta forma, manifestó, se le dará la capacidad al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para regular los precios de generación.
“Esto nos va a llevar a que en el país habrá sentencias ya previamente acordadas y prefabricadas de común acuerdo con los nuevos juzgados y tribunales de consigna, que son los especializados en materia de competencia económica, que van a decir en contra del texto constitucional que la generación es parte de las actividades estratégicas del Estado; esto hará que en México todas estas empresas pierdan sus inversiones, lo cual nos va a llevar a tribunales internacionales”, abundó.
Por su parte, el exconsejero del IFE y analista político-electoral, Alfredo Figueroa, consideró que si bien México vive una etapa compleja en tema energético, lo que ve detrás de esta política que está desarrollando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de energía es una preocupación central con cómo el Estado mexicano está enfrentando la incapacidad de colocar diésel en el mundo y cómo, a partir de eso, toma medidas para ayudar a otra industria del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex).
“La forma en la que se pone orden tiene que estar dentro del marco constitucional y no a su manera, y entendiendo que hay un problema importante en términos de posibles abusos de la industria eléctrica privada, sino se van a emitir decretazos y políticas públicas que no están basadas en imponer una determinada forma de transformar la realidad, que no pasa necesariamente por los canales democráticos”, opinó.