La Secretaría de Economía informó que el miércoles un tribunal internacional desestimó la mayoría de las reclamaciones de la empresa de Singaupur PACC Offshore Services Holdings Ltd (POSH) en contra del Estado mexicano.
El país deberá pagar a la empresa cerca de 6.7 millones de dólares como indemnización, lo cual equivale a menos del 3% del monto inicialmente reclamado.
La empresa singapurense mantuvo una relación comercial con la empresa mexicana Oceanografía, S.A. de C.V. (“Oceanografía”), a la cual le fletó embarcaciones mediante empresas subsidiarias mexicanas y singapurenses.
POSH reclamó que algunos actos realizados por autoridades mexicanas contra Oceanografía afectaron sus inversiones en México. Ante esta situación, POSH reclamó una compensación económica en contra del Estado mexicano superior a los 227 millones de dólares.
El caso Oceanografía data de 2014, cuando la empresa naviera que daba servicios de transporte y reparación de pozos a Petróleos Mexicanos (Pemex), fue acusada por Citibanamex de pedir créditos por 500 millones de pesos supuestamente para realizar trabajos para la petrolera, mediante la utilización de facturas falsas.
El proceso legal derivado de la acusación, provocó el aseguramiento de la empresa y la detención de su presidente Amado Yáñez, que fue liberado posteriormente. Oceanografía demandó a Banamex por el caso, que llevó a la empresa a la quiebra en 2016.
Los tribunales reconocieron una deuda de 112 millones de pesos de la naviera con Citibanamex y no los más de 6 mil millones de pesos que reclamaba.
Debido al caso, la empresa POSH consideró que sus intereses comerciales fueron afectados por las acciones del Estado mexicano, por lo que llevó el asunto a un tribunal internacional, en el marco del Acuerdo para la Protección y Promoción Recíproca de las Inversiones entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Singapur (“APPRI México-Singapur”).
Economía explicó que el Tribunal desestimó las reclamaciones de POSH, debido a que carecían de méritos, considerando que los actos de autoridades mexicanas no eran expropiatorios y tampoco eran injustos e inequitativos, salvo una medida relacionada con la detención temporal de algunas embarcaciones propiedad de POSH.
Por lo tanto, México deberá pagar una cantidad de indemnización significativamente menor que la reclamada inicialmente.
“La defensa del Estado mexicano demostró que prácticamente todas las reclamaciones de POSH carecían de méritos y que la cuantificación de los daños reclamados era inapropiada, evitando con ello una condena multimillonaria en contra de México”, señaló la secretaría.
Apuntó que el resultado del arbitraje es “producto de cuatro años de arduo trabajo que demuestra el profesionalismo que distingue a los funcionarios de la Secretaría de Economía”.
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