La Administración del presidente Joe Biden ha logrado arrancar un compromiso a los gobiernos de México, Honduras y Guatemala para reforzar sus fronteras. Tyler Moran, un consejero del mandatario en temas de inmigración, afirmó a la cadena televisiva MSNBC que los ejecutivos de los países mencionados han aceptado elevar el número de elementos de seguridad para robustecer la vigilancia en los puntos de tránsito en la ruta hacia el norte. El anuncio fue confirmado por la portavoz de la Casa Blanca, Jen Paski, quien afirmó que la Administración de Andrés Manuel López Obrador en México tiene a 10.000 uniformados en su frontera con Guatemala, 1.200 elementos más que los que fueron reportados el 22 de marzo. El mes pasado registró el récord de cruces ilegales a Estados Unidos en los últimos 15 años. Más de 172.300 migrantes fueron detenidos por agentes de inmigración. Entre ellos 18.800 menores que llegaron solos y que se han convertido en el rostro del fenómeno de 2021.
Tyler Moran ha afirmado que el acuerdo impedirá a los traficantes de personas, contrabandistas y carteles “aprovecharse de los menores durante su camino” y que las medidas también “los protegerán”. El Gobierno de México, a través de la secretaría de Relaciones Exteriores, ha reaccionado esta tarde al anuncio de la Casa Blanca matizando el supuesto aumento de tropas. “México mantendrá el despliegue ya existente de fuerzas federales en su zona fronteriza, con el objetivo de hacer cumplir su propia legislación migratoria”, señala el comunicado. La Administración de López Obrador “sostiene que el desarrollo económico y social es la única solución de fondo al fenómeno migratorio”, añade el texto de las autoridades.
La vicepresidenta Kamala Harris, quien recibió el encargo de Biden para hacer frente a la situación en la frontera, sostuvo el miércoles una llamada con el presidente López Obrador. Ambos acordaron mantener un trabajo conjunto para “contrarrestar el contrabando humano y la trata de personas”. Harris también comunicó al mandatario mexicano los esfuerzos “orientados a incrementar la asistencia humanitaria”, una mayor inversión, que se destina a los países del Triángulo Norte de Centroamérica, que tienen a los altos niveles de pobreza e inseguridad como principales motores de la expulsión.
México aumentó durante marzo el número de redadas y operativos para reducir el tráfico ilegal de personas, pero estos no han dado los resultados esperados debido a las restricciones forzadas por la pandemia y las condiciones limitadas de los centros de detención del país norteamericano. Las cosas parecen cambiar en abril gracias a la presión de las autoridades estadounidenses sobre los vecinos. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha afirmado este lunes que el aumento del número de elementos de la Guardia Nacional mexicana en la frontera con Guatemala ha duplicado el número diario de arrestos en la zona. Este fin de semana, por ejemplo, empleados del Instituto de Migración rescataron a 136 personas de una casa de seguridad en el estado de Tlaxcala, centro de México, donde se hallaban 68 personas de núcleos familiares y 19 menores solos.
Las estadísticas del Gobierno de Estados Unidos señalan que también ha incrementado la migración de unidades familiares. Esto es uno o dos padres que emprenden la ruta al norte con algún hijo. De acuerdo con los números publicados la semana pasada 52.900 personas con estas características fueron detenidas en la frontera. Durante febrero, en cambio, 19.200 migrantes de este grupo estuvieron en custodia.
Nuevos nombramientos
Al mismo tiempo que intenta controlar la situación en la frontera, la Administración de Biden pretende transformar el sistema de control de inmigración. La Casa Blanca ha confirmado esta mañana que el presidente estadounidense ha propuesto seis nuevos nombramientos en posiciones clave del Departamento de Seguridad Interior (Homeland Security). Entre ellos se encuentran dos grandes críticos de las políticas migratorias de Donald Trump. Este bloque de seis designaciones debe ser avalado por el Congreso en las próximas semanas.
Chris Magnus, el jefe de policía de Tucson (Arizona) desde 2016, ha sido nominado al puesto de comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La CBP, por sus siglas en inglés, es el gran aparato de vigilancia a lo largo de los más de 3.000 kilómetros de frontera gracias a la patrulla fronteriza. Magnus, casado con un hombre desde hace 15 años e hijo de un emigrante noruego, tiene una larga trayectoria en los cuerpos policiales desde que entró a la fuerza de Lansig (Michigan). Posteriormente fue jefe de las policías en Fargo (Dakota del Norte), Richmond (California) y en Tucson, cerca de México. Educado en Harvard, su gestión ha sido conocida por buscar una visión más progresista y un entrenamiento enfocado en que los agentes sean menos agresivos y construyan mejores relaciones con sus vecinos.
Otra hija de emigrantes será la encargada de los servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés). Ur Mendoza Jaddou, de madre mexicana y padre iraquí, creció en Chula Vista, California, muy cerca de la frontera con México. Jaddou, una abogada de Stanford y la Universidad de California, es encargada desde 2018 de un mecanismo que vigila y califica las políticas migratorias de la Administración federal. Antes fue asesora del Departamento de Seguridad Interior durante la presidencia de Barack Obama. Entre los otros nombramientos también destaca el del coronel John Tien, quien fue asesor de seguridad especializado en la situación de Irak y Afganistán con el expresidente demócrata.
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