Diez meses y más de 140 recursos judiciales después, la remodelación de la base aérea de Santa Lucía ha dado inicio este jueves. La inauguración de las obras sabe a triunfo para el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se ha enfrentado a una batería de amparos judiciales desde que se planteó el proyecto. Santa Lucía tiene un presupuesto de 180.000 millones de pesos, unos 9.000 millones de dólares, y una fecha de inauguración, prevista para marzo de 2022. Tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), la reconversión de la base militar en aeropuerto civil se ha vuelto la principal apuesta del Ejecutivo para resolver la saturación aérea en torno a la capital.
Bajo un cielo plomizo, un grupo de excavadoras se ha encargado este jueves de arañar la tierra de las instalaciones para dar el pistoletazo de salida. La ceremonia se da tras superar el Gobierno los múltiples recursos legales promovidos por colectivos opuestos a la construcción de Santa Lucía. Molesto por los retrasos en el inicio de la obra, López Obrador ha tildado estas complicaciones de “sabotaje legal” en repetidas ocasiones. La situación de parálisis se destrabó después de que el Ejecutivo calificara la obra de “interés para la seguridad nacional” para así sortear los amparos.
El proyecto de Santa Lucía ha estado envuelto en polémica desde el inicio. López Obrador lo presentó como alternativa al NAICM, obra iniciada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y que ya llevaba un 30% de avance. Pese a las advertencias del sector empresarial, el presidente organizó una consulta ciudadana de cuestionada legalidad en octubre pasado, antes incluso de llegar al poder. Esta se saldó con la cancelación de esta obra billonaria, con una inversión prevista de alrededor de 285.000 millones de pesos, 14.000 millones de dólares, y con la apuesta por Santa Lucía.
López Obrador ha recurrido este jueves al argumentario habitual para defender la opción de la base militar frente al NAICM: menor coste y menor daño medioambiental. “Este es un mejor suelo para construir, suelo firme. Allá es un lago, una zona de hundimiento permanente”, ha dicho. El mandatario también ha apuntado al ahorro que espera conseguir gracias al menor coste de Santa Lucía, del que casi dos terceras partes son por el pago de bonos a empresas que habían invertido en el NAICM. “Vamos a cumplir en tiempo y forma con el presupuesto”, ha asegurado. Las nuevas instalaciones contarán con dos pistas de aviación civil y una militar, que se sumarán a las dos ya existentes en el aeropuerto de Benito Juárez de la capital y a una cuarta en la vecina ciudad de Toluca.
Frente a estas supuestas ventajas, expertos en aviación y diversos colectivos sociales han esgrimido razones logísticas y medioambientales para rechazar la obra. Santa Lucía se ubica a unos 45 kilómetros del Benito Juárez, una distancia que es a la vez demasiado cerca y demasiado lejos, según el criterio que se escoja. Por un lado, dificulta los transbordos y, por el otro, plantea desafíos de coordinación entre aeropuertos. En el plano medioambiental, varios grupos indígenas han presentado amparos por miedo al impacto de las obras sobre los recursos hídricos de la zona. El colectivo No Más Derroches, impulsado por el empresario Claudio X. González, ha anunciado que seguirá litigando para obtener una suspensión definitiva de las obras.
La construcción y el diseño estarán a cargo del Ejército, a quien pertenecen las instalaciones en la actualidad. Flanqueado por los jefes de las Fuerzas Aéreas y las terrestres, la ceremonia ha visualizado el ascendente y la influencia del brazo militar en la nueva Administración. El nombre con el que se bautizará a Santa Lucía, el del general revolucionario Felipe Ángeles, reafirma esa idea.
Durante la ceremonia, el mandatario ha querido marcar un punto y aparte con la Administración anterior, a quien ha acusado de llevar a cabo “proyectos faraónicos”. El Gobierno de Peña Nieto impulsó, además del NAICM, la construcción de un tren de alta velocidad entre Ciudad de México y Toluca y otro, hoy cancelado, entre la capital y la ciudad de Querétaro. Sin embargo, López Obrador no se queda atrás. La refinería de Dos Bocas en el Estado de Tabasco, con un costo aproximado de 8.000 millones de dólares, y el Tren Maya, con 1.400 kilómetros de longitud en la Península de Yucatán, son dos de sus prioridades.
Source link