Andrés Manuel López Obrador llegó minutos antes de las siete de la mañana a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de Coyoacán. Quería ser el primero en votar en su casilla, ubicada en la avenida Insurgentes Sur. Bajó del coche, el Jetta blanco que usaba cuando era candidato presidencial, y aguardó junto a la reja del edificio. Poco después se unieron su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, su hijo pequeño, Jesús, y César Yáñez, actual coordinador general de Política del Gobierno. Era la mañana del 1 de julio de 2018, las urnas aún no estaban abiertas y López Obrador hizo un comentario imprudente pese a la veda electoral: “Va a ser una jornada histórica. Más que una elección, es un plebiscito. La gente va a decidir entre más de lo mismo o un cambio verdadero y nosotros pensamos que la gente nos va a dar su apoyo para iniciar la cuarta transformación de la vida pública del país”.
La escena y sobre todo las palabras del mandatario, recogidas en el libro La democracia no se construyó en un día, escrito por Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), y el periodista Ernesto Núñez dan una idea del clima que se respiraba ese día. Y al menos una de esas premisas sigue vigente casi tres años después. El plebiscito en torno al político y su proyecto es lo que define los comicios de este domingo. Más de 93 millones de mexicanos están llamados a votar en la mayor convocatoria de su historia. Unas elecciones intermedias que renovarán a la Cámara de Diputados, las gubernaturas de 15 de las 32 entidades federativas, alcaldes, congresos locales, en su conjunto 20.417 cargos públicos, y que suponen el primer gran examen al Gobierno de López Obrador.
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El abismo de la violencia
La votación medirá las fuerzas del presidente y su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que ha dominado sin dificultad el tablero político desde 2018 mientras asistía a la desarticulación de la oposición y de las fuerzas tradicionales, el PRI y el PAN. Lo hará en un país convulsionado por la violencia. México se desangra entre balaceras, secuestros y asesinatos. Los ciudadanos, que sufren desde hace décadas un problema estructural de seguridad, acuden a las urnas tras vivir la campaña más sangrienta. Estas elecciones son las más grandes porque se eligen a miles de cargos locales, los más expuestos a las amenazas de las organizaciones criminales y los carteles que se disputan algunos territorios rurales, y en la larga campaña se han contabilizado casi 800 agresiones y 36 homicidios. El último, hace horas, un aspirante de Movimiento Ciudadano acribillado en Veracruz. Aun así, el presidente ha tratado de rebajar la alarma para atribuirse una buena gestión de la situación. “El país está en paz, hay gobernabilidad, no hay riesgos de inestabilidad, estamos enfrentando el flagelo de la violencia todos los días y se puede hablar de paz y de tranquilidad en el país”, manifestó. Y también las autoridades electorales han pedido serenidad. Lorenzo Córdova llamó a la participación masiva como mejor antídoto contra la violencia.
A eso se añade un contexto excepcional por la pandemia de covid-19, que ha dejado casi 230.000 muertos, y una campaña de vacunación marcada por los retrasos que solo se han desatascados en las últimas semanas. El ritmo de los contagios es desigual y si en la mayor parte del país se registra una caída sostenida, una tendencia que el viernes llevó a la jefa de Gobierno de Ciudad de México a decretar el semáforo verde por primera vez desde marzo de 2020, en el Caribe los casos han vuelto a aumentar. La medida adoptada por Claudia Sheinbaum, una de las figuras más prominentes de la formación oficialista, tiene el propósito de acelerar la reactivación de la economía, que el año pasado sufrió un desplome del 8,5% , el mayor desde la Gran Recesión.
Equilibrios en el Congreso
La seguridad es, junto con la economía, uno de los principales frentes del Gobierno y el balance después de tres años de mandato es insuficiente. Lo reconocen a EL PAÍS incluso fuentes de Cancillería. Las autoridades buscan superar el esquema de la antigua Administración del PRI de Enrique Peña Nieto, y afinar la estrategia con Estados Unidos, el país más interpelado por esta emergencia. Justo este lunes, la vicepresidenta Kamala Harris aterrizará en México para reunirse con el mandatario y abordar, entre otros, esta cuestión. Pero más allá de las intenciones, las elecciones de este domingo son relevantes también porque van a calibrar el poder de López Obrador y Morena en el Congreso, donde hasta ahora tiene mayoría absoluta, para legislar en materias como esta, es decir, políticas de Estado.
La previsión es que la próxima Cámara de Diputados sea más fragmentada, sobre todo por el reparto de los 500 escaños —elegidos de forma directa y proporcional—, lo que obligaría a la formación oficialista a negociar con más frecuencia con sus aliados, especialmente el Partido Verde, para sacar adelante sus iniciativas. López Obrador lleva tres años tratando de impulsar lo que califica de “cuarta transformación”, un conjunto de reformas estructurales con las que pretende dejar una huella en la historia del país. Las referencias constantes a dos de sus modelos, los presidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, ayudan a hacerse una idea de esa ambición. A pesar de que el contexto sea hoy radicalmente distinto al de mediados del siglo pasado, existe todavía una concepción en parte de la izquierda mexicana de que los verdaderos jefes de Estado, “los grandes héroes son los que expropiaron y nacionalizaron”, según el análisis del consultor David Shields.
En los últimos meses el mandatario ha acelerado su plan con un paquete de leyes energéticas que buscan revolucionar el sistema eléctrico y de los hidrocarburos fortaleciendo a dos empresas del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex frente a la iniciativa privada. Las dos medidas están paralizadas en los tribunales, pero ese rumbo ha encendido todas las alertas de los sectores económicos, reflejadas también por la creciente fuga de capitales, al igual que la reforma de la justicia ha desencadenado un cuerpo a cuerpo entre el gobernante y la judicatura.
López Obrador ha optado, desde el comienzo de su mandato, por la sobreexposición. Y si con esa estrategia corre el riesgo de aumentar el desgaste de su Gobierno y de Morena, al mismo tiempo la usa, desde el púlpito cotidiano de sus conferencias de prensa matutinas, para librar batallas ideológicas, profundizar la polarización y convertirse en el principal eje del debate político. Por eso también estos comicios son un plebiscito, aunque a menor escala que unas presidenciales. Desde las mañaneras el mandatario ataca a sus adversarios, lanza acusaciones de corrupción basándose en insinuaciones, ha cruzado en varias ocasiones la frontera de la separación de poderes y el INE considera que la gran mayoría de sus comparecencias durante la campaña no han sido neutrales. La autoridad electoral le ordenó retirar los contenidos de cuatro de ellas y este ha accedido, a regañadientes y rechazando la medida.
La batalla territorial
El enorme protagonismo del presidente, que mantiene elevadas cotas de popularidad entre un electorado hastiado con la política tradicional, se debe también a la ausencia de sus contrincantes. Morena se auto proclama como formación progresista, pero en la práctica es un movimiento atrapalotodo con fronteras ideológicas muy difuminadas. Y muchas actitudes del propio mandatario, por ejemplo sus ataques al movimiento feminista, han dado cuenta de un ideario nítidamente conservador. Sin embargo, tanto el PRI como el PAN, y también la izquierda del PRD, han sido barridos casi del todo de la escena política federal y carecen de liderazgos fuertes.
La batalla con la oposición se juega sobre todo a escala territorial, en la que estas fuerzas acuden a menudo en coalición en una suerte de “todos a una contra Morena”. Este domingo se renuevan los Gobiernos de casi la mitad de los Estados y el clima preelectoral prefigura una confrontación especialmente dura en el norte del país. La disputa en Nuevo León, locomotora económica de México, elevó la expectación por el impulso y la omnipresencia durante la campaña del candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, que busca convertirse en un contrapeso del Gobierno desde la franja fronteriza. Pero si allí a Morena se le complicó la carrera electoral, esta formación se ha permitido más lujos en el sur, confiada del apoyo de un electorado más golpeado por la economía. Ocurrió, por ejemplo, en Guerrero, donde tanto el presidente como la dirección del partido respaldaron hasta final a Félix Salgado Macedonio, un candidato denunciado por violación que finalmente fue inhabilitado por el INE por no haber justificado unos gastos de precampaña.
Rumbo al futuro
Todavía no se han abierto las urnas de estas elecciones intermedias, pero ya durante la campaña el debate político ha girado más en torno a las expectativas relacionadas con las presidenciales de 2024 que sobre los resultados de estos comicios. El presidente aún no ha llegado a la mitad de su sexenio y en las últimas semanas ha repetido que no tiene intención de volver a postularse, lo que además supondría una reforma constitucional para la que no se dan las condiciones de consenso suficientes. Aun así, cuando termine el escrutinio quedarán más definidas también las casillas de salida. Del lugar que puedan ocupar los partidos de la oposición a la discusión sobre la sucesión de López Obrador.
Se leerán con atención la conformación de la Cámara de Diputados, la procedencia territorial del voto, los resultados en los Estados del norte y también los de Ciudad de México, puesto que Sheinbaum es, junto con el canciller, Marcelo Ebrard, la dirigente morenista que más suena para recoger el testigo del presidente. Aunque todo se vaya a jugar a largo plazo, la partida acaba de comenzar.
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