“Nada ha avanzado: está muerto, lo mataron, pero ¿quién mandó matarlo?”. él dijo. “Es exasperante”.
A veces, los ecologistas simplemente desaparecen. Solo en la comunidad yaqui, ocho personas desaparecieron el año pasado, y si fueran víctimas de asesinato, encontrarlas podría ser difícil. Los cuerpos a menudo se ocultan o destruyen, dejando poca evidencia del crimen. La práctica se conoce como desaparición forzada, y en México está muy extendida: más de 100.000 personas se les considera desaparecidos desde 1964, según cifras gubernamentales.
Global Witness registró 19 desapariciones forzadas de activistas por el derecho a la tierra en México en 2021, incluida Irma Galindo Barrios, ambientalista, que se había enfrentado a intimidaciones de funcionarios locales debido a su trabajo en defensa de los bosques en el estado sureño de Oaxaca. Desapareció en octubre pasado y no ha sido vista desde entonces.
La violencia ha continuado este año. En marzo, un activista ambiental indígena, José Trinidad Baldenegro, fue asesinado en el estado norteño de Chihuahua. Su hermano, Isidro Baldenegro, destacado ambientalista, fue asesinado en 2017.
A pesar de los peligros, muchos ambientalistas siguen comprometidos con la preservación de sus tierras y recursos.
“Desde niño te enseñan que hay que luchar por los intereses de la tribu, el agua, la tierra”, dijo Jiménez, el activista yaqui. “Seguimos adelante con la gente, la gente es la que nos hace fuertes”.
Christina Noriega contribuyó con este reportaje desde Bogotá, Colombia.
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