México otorgará protección a mexicanos en Texas, ante la posibilidad de que se apruebe una ley que permite a autoridades policiales del estado a detener a migrantes que considere “sospechosos” de cruzar ilegalmente la frontera con México.
“Nosotros vamos a proteger en primer lugar a nuestros connacionales y tenemos 11 consulados en Texas que tienen instrucciones para brindar protección, apoyo, orientación en caso de que se enfrenten algún problema”, aseguró la canciller Alicia Bárcena.
Está disposición un sistema de apoyo legal para cualquier persona que empiece a tener ya algún problema.
La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) argumentó que la legislación, conocida como SB 4, es “inconstitucional”, por lo que sostuvo la postura de México es en contra de su aprobación.
Esta ley es profundamente inconstitucional porque el tema migratorio en Estados Unidos es federal.
“No vamos a permitir ninguna acción el estado de Texas ni las autoridades ni los policías ni nadie que actúe en materia migratoria a nivel Estatal”, subrayó.
La canciller detalló que en la próxima audiencia del caso, donde se va a tomar la decisión final y que se llevará a cabo el 3 de abril, presentarán un amicus curiae para exponer la postura de México sobre el tema.
“Mandamos una cosa que se llama ‘amicus curiae’, amigos de la corte, donde estamos poniendo nuestra defensa, más bien los puntos de vista de México”, dijo.
Bárcena recordó que el 26% de la población de Texas es de origen mexicano, por lo que señaló que la contribución que realizan los connacionales a la economía texana.
Esto después de que la Corte Suprema de Estados Unidos permitiera el martes que entre en vigor la ley, conocida como SB 4, que autoriza a las fuerzas del orden de Texas a detener a las personas sospechosas de entrar ilegalmente en Estados Unidos, otorgando a los funcionarios locales poderes que durante mucho tiempo han estado en el Gobierno federal.
Sin embargo, la mañana del miércoles un tribunal federal de apelaciones bloqueó la norma.
Anteriormente, el Gobierno de Joe Biden interpuso una demanda en enero para detener la ley, conocida como SB 4 y cuya entrada en vigor estaba prevista inicialmente para el 5 de marzo.
Argumentó que viola la Constitución y la ley federal al interferir con el poder del Gobierno de Estados Unidos para regular la inmigración, así como en contra de un precedente de la Corte Suprema de 2012.
La ley es una de las diversas medidas puestas en marcha por Greg Abbott para disuadir la inmigración en el estado, entre ellas el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y de las fuerzas del orden del estado en el marco de su Operación Lone Star y la colocación de alambre de concertina y barreras de boyas flotantes en el río Bravo.
Your browser doesn’t support iframes
(Con información de Reuters)
Source link