Si México hubiera tenido un desempeño promedio frente a la pandemia de Covid-19, “se habrían evitado alrededor de 190 000 muertes por todas las causas en 2020”, según un informe del Institute for Global Health Sciences, realizado por encargo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“Con la undécima población más grande del mundo, es el tercer país con más muertes por COVID-19 reportadas a escala global. México ocupa el cuarto lugar en exceso de mortalidad en una muestra mundial que incluye todos los países con más de tres millones de habitantes y datos completos de mortalidad, con aproximadamente un 43% más de muertes en 2020 de lo que se hubiera esperado en relación con 2018-2019. El promedio de los países de la muestra es del 17.3%”, señala el documento.
Señala que la alta prevalencia de enfermedades crónicas, en combinación con la falta de atención médica oportuna y de calidad, puede haber contribuido a una mortalidad relativamente alta en la población joven el país.
“El 50.6% de todas las muertes han ocurrido entre la población menor de 65 años, en comparación con el 18.7% en Estados Unidos”, precisa.
“Los datos muestran que México fracasó en su respuesta a la pandemia en relación con países comparables. El país tiene una de las tasas más altas de casos y muertes por COVID-19 a pesar de ocupar los últimos lugares en aplicación de pruebas. Esta escasez de pruebas implica que el subdiagnóstico y el subregistro de las muertes por COVID-19 es muy sustancial”, apunta el documento.
La alta tasa de mortalidad en la población en general, señala, puede estar relacionada -de acuerdo con la evidencia disponible- con “una alta proporción de muertes extrahospitalarias” que representan cerca del 58 por ciento.
También identifica grandes desigualdades en el acceso a pruebas y atención médica; una gran variación en la calidad de la atención y una carga muy desigual de la enfermedad entre regiones y grupos sociales; altas tasas de mortalidad entre pacientes hospitalizados con Covid-19 son muy altas (alrededor del 50 por ciento en el IMSS) y no han disminuido sustancialmente durante la pandemia.
“La fragmentación del sistema de salud ha contribuido a las inequidades. Los casos y muertes se han concentrado desproporcionadamente en los municipios con mayores niveles de marginación socioeconómica, especialmente en las zonas urbanas”, menciona.
El estudio identifica diez aspectos en los que la política de salud no incorporó adecuadamente la evidencia científica y no siguió un enfoque precautorio:
1) La gravedad potencial de la enfermedad COVID-19;
2) La incertidumbre sobre la inmunidad adquirida;
3) La efectividad del uso de mascarillas;
4) La transmisión por individuos asintomáticos o presintomáticos;
5) La transmisión aérea;
6) La importancia de aplicar pruebas generalizadas, la investigación de brotes, el rastreo de contactos y el aislamiento asistido;
7) La regulación de medidas de control de viajes y fronteras;
8) Los riesgos asociados con nuevas variantes;
9) Las prioridades de vacunación;
10) La adaptación de medidas de salud pública a los niveles observados de riesgo epidemiológico, sobre todo en la Ciudad de México a finales de 2020, cuando las autoridades hicieron caso omiso de los lineamientos establecidos para posponer las medidas de confinamiento, lo que contribuyó a un pico de casos y muertes.
El documento asegura que como consecuencia de lo anterior, México fue golpeado por una sola ola que “ha fluctuado entre niveles muy altos y extremos de Covid-19 sin corregir las políticas para controlar la transmisión”.
Por lo tanto, recomienda que las autoridades federales cambien rápidamente a un enfoque colaborativo que dependa centralmente del Consejo de Salubridad General e involucre ampliamente a las comunidades científicas y de salud, así como a las principales instituciones educativas y los actores relevantes de la sociedad civil.
También plantea necesario el establecimiento de “una comisión asesora y supervisora independiente y permanente, formada por un conjunto diverso y prestigioso de miembros de las comunidades académicas y científicas, con un mandato claro para revisar decisiones de políticas, hacer recomendaciones y analizar la evidencia científica emergente”.
Igualmente señala que en el mediano plazo se requiere de reformas legislativas con el fin de fortalecer la arquitectura institucional para la gestión de emergencias de salud y los procesos de toma de decisiones
Además, se necesitan reformas legales y financieras para aumentar la capacidad y la autonomía de los Institutos Nacionales de Salud y otras instituciones básicas de salud pública.
El informe concluye que el gobierno mexicano no tuvo una comunicación “clara, prudente y correcta sobre el nivel real de riesgo y acerca de cómo actuar al contraer la enfermedad”, lo que contribuyó con los efectos devastadores de la pandemia en el país.
“El presidente y otros líderes políticos de alto nivel no predicaron con el ejemplo cumpliendo con las recomendaciones internacionales de salud. La sociedad civil y la academia desempeñaron un papel clave en la verificación de los hechos y el análisis de los datos disponibles, contribuyendo a una mejor caracterización de la carga real de enfermedad en el país”, señala el texto.
El Institute for Global Health Sciences identifica que México ha tenido grandes retrasos en la notificación de casos y el procesamiento de datos dentro de los sistemas de información sanitaria como un obstáculo más para tomar decisiones informadas.
“En una epidemia que cambia rápidamente, las decisiones a menudo se han basado en información obsoleta. Se pusieron a disposición del público las bases de datos epidemiológicos, en un paso hacia la transparencia por el que las autoridades merecen reconocimiento. Esto permitió a la comunidad científica, los medios de comunicación y la sociedad civil realizar análisis independientes de la pandemia y validar, y en ocasiones complementar o reinterpretar, la información proporcionada por las autoridades de salud”, puntualiza el documento.
La Respuesta de Mexico Al Covid by Aristegui Noticias on Scribd
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