México se ha propuesto taponar los agujeros fiscales de lo que antes parecía un queso gruyere. Impulsado por la narrativa del combate a la corrupción del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha redoblado la ofensiva contra los privilegios de las grandes empresas para ampliar una recaudación históricamente baja. El empuje está dando resultados. América Móvil, la mayor empresa de telecomunicaciones de Latinoamérica y propiedad del magnate Carlos Slim, reconoció el martes que había pagado más de 8.000 millones de pesos, unos 430 millones de dólares, en concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) diferido entre los años 2016 y 2019.
El caso de América Móvil es paradigmático. Pese a su dimensión y posición dominante en el mercado, la empresa se había beneficiado de un diferimiento de pago de impuestos durante tres años. La ley que lo permitía, aprobada al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, buscaba favorecer a las compañías mexicanas frente a las extranjeras. En diciembre, América Móvil avisó al SAT del final de ese escenario e identificó 66 sociedades que volverían al régimen impositivo normal.
La autoridad tributaria está pasando la canasta para cobrar lo debido. “El SAT exhorta a los contribuyentes —particularmente a los llamados grandes contribuyentes— a cumplir con sus obligaciones fiscales con el Estado mexicano, en la forma en que mandatan las leyes tributarias”, rezaba un comunicado publicado el lunes. Parece business as usual, pero el analista Carlos Brown, del centro de investigación Fundar, apunta a un cambio de ciclo. “Tiene que ver con la intención del SAT de poner orden en las deudas”, dice. “Veo muy difícil que este tipo de beneficios ocurra de nuevo”.
El pago de América Móvil no es aislado. El SAT ha reclamado a Walmart México y al Grupo Alsea el pago de 10.000 y casi 4.000 millones de pesos (538 millones de dólares y 215 millones), respectivamente, por la operación de compraventa de 361 restaurantes de la cadena Vips, realizada en 2014. El anuncio ha tenido un impacto inmediato en la Bolsa con caídas de casi el 4% para Walmart este miércoles y del 6% para Alsea el lunes. Además, la agencia tributaria también ha reclamado 630 millones de pesos, 34 millones de dólares, a la empresa de telecomunicaciones Maxcom. Las compañías estudian acciones legales para disputar el reclamo.
El frente tributario es una de las prioridades del Gobierno de Morena, que ha hecho del combate a la corrupción su bandera y le ha llevado a endurecer la política fiscal hacia los grandes contribuyentes. El problema a atacar es viejo. La recaudación de México es la más baja de la OCDE. Un 16% del PIB frente al promedio de 34% en el club de las economías avanzadas. En 2019, el primer año de la Administración de López Obrador marcado por el estancamiento económico, la recaudación subió de forma marginal respecto al año anterior, pero el esfuerzo se quedó 108.000 millones de pesos (5.800 millones de dólares) por debajo de la meta marcada. El monto se acerca al presupuesto de ayudas a los adultos mayores, uno de los programas sociales estrella.
En este contexto, las exenciones fiscales no ayudan. Carlos Brown apunta a la laxitud del Estado hacia las grandes empresas. “Se generaban créditos fiscales que después se perdonaban; había programas de repatriación de capitales por los que, en lugar de pagar el 30 o 32% del ISR, se pagaba el 8%. Estas formas de ‘regularizar’ terminaban beneficiando a los grandes contribuyentes”, apunta el experto.
Para frenar esta pérdida recaudatoria, el Senado aprobó en diciembre una reforma constitucional para prohibir las condonaciones fiscales y también endureció las penas para quienes incurran en métodos de fraude como el de las facturas falsas. El giro coincide con el nombramiento en diciembre de Raquel Buenrostro, conocida por su mano dura en Hacienda, al frente del SAT.
El tamaño del pastel es cuantioso. Durante nueve años transcurridos en los Gobiernos de Felipe Calderón, del PAN, y de Enrique Peña Nieto, del PRI, se perdonaron 13.000 millones de dólares en impuestos a través de amnistías fiscales. Entre los grandes beneficiados estuvieron, por ejemplo, la Farmacéutica Roche y el grupo lechero Lala, con sendos perdones que rondaban los 130 millones de dólares.
El SAT quiere ingresar 187.000 millones de pesos, unos 10.000 millones de dólares, en impuestos adeudados por grandes contribuyentes, según información publicada por el diario La Jornada este miércoles y citando informes oficiales. “La administración tributaria tendría que ser muy eficiente, pero la cifra no me extraña”, dice el analista Adrián García, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. “El combate a las facturas falsas puede llegar a recaudar medio punto del PIB, un monto importante si se considera que la recaudación por el IVA en 2019 fue del 3.8%”.
El empuje de las autoridades tributarias se da en medio de un debate sobre la necesidad de una reforma fiscal en profundidad, un proyecto que López Obrador ha rechazado impulsar hasta la segunda mitad de su sexenio. Carlos Brown apunta al problema de la efectividad, no tanto de los niveles impositivos. “El problema no es la tasa nominal, sino la efectiva, que es de hasta la mitad en el caso de los mayores contribuyentes”. Aun así, Adrián García señala que tapar agujeros no basta: “Es un paso importante, pero el espacio fiscal es tan reducido que es una urgencia revisar las deducciones, los impuestos al capital, los ambientales”.
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