México ha reabierto este martes la puerta al sector privado para la explotación petrolera. El secretario (ministro) de Hacienda, Arturo Herrera, ha anunciado que la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgará 15 licitaciones a empresas entre noviembre y el primer semestre de 2020 para exploración de terrenos y extracción. La intención del Gobierno mexicano es complementar la inversión pública, prevista para el próximo año en 86.000 millones de pesos (unos 4.400 millones de dólares) y en clara senda alcista, con la privada. El anuncio supone un paso más hacia la flexibilización de la postura inicial del presidente, Andrés Manuel López Obrador, muy crítico con la reforma energética de su predecesor, Enrique Peña Nieto, que tenía en la apertura al sector privado uno de sus pilares fundamentales. El peso se recuperaba un 0,3% frente al dólar en la jornada.
La recuperación de la petrolera nacional, envuelta en una profunda crisis derivada de una merma en la producción y un endeudamiento que se ha disparado en la última década —hasta convertirla en la firma energética más endeudada del planeta—, se ha vuelto la gran apuesta de López Obrador. Con ese objetivo en la mira —México sigue siendo productor neto de crudo, aunque no de gasolina, pero el sector energético ha ido perdiendo peso tanto en el PIB como en los ingresos tributarios—, el Ejecutivo de Morena decidió primero realizar una fuerte reducción a la carga fiscal de la nacional y después dar una importante inyección de capital para tratar de evitar la debacle de una de las mayores empresas públicas de la región, que arrastraría consigo a la deuda soberana. Las agencias de calificación de riesgos han condicionado la nota crediticia mexicana a la recuperación de Pemex.
Ahora, el Gobierno ha anunciado que lanzará 15 contratos de servicios a largo plazo para la producción petrolera. Según había explicado el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, se trata de acuerdos formulados bajo un modelo de asociación pública-privada, a través de la cual la petrolera le paga a la empresa por barril producido a un precio variable en función de la actividad y el riesgo que presente los campos explorados. “Pemex deja clara su apertura a esquemas de negocios con el sector privado, bajo un estricto cuidado de sus intereses, con acuerdos justos y transparentes”, había anunciado en julio pasado, tras asegurar que las nuevas licitaciones dejaban atrás prácticas en las que la nacional “siempre salía perdiendo”.
El jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, había anticipado este lunes la apertura al afirmar que el Ejecutivo cederá a la iniciativa privada la exploración y producción en aguas profundas. Además, la Administración de López Obrador dejará a ese sector la producción de gas, según señaló en un evento público el también empresario, quien representa junto con el equipo de Hacienda, una de las voces más favorables en el Gobierno a la cooperación con el sector privado, la aplicación de políticas económicas ortodoxas y la defensa del defenestrado aeropuerto de la Ciudad de México.
Las declaraciones de Romo dejaron entrever la posibilidad de que el Gobierno retome los contratos con empresas privados —conocidos como farmouts en la jerga de la industria—, una posibilidad que abrió la reforma energética de Peña Nieto y que el actual presidente había señalado por su ineficacia durante el anterior sexenio. “Cuando empiecen a producir, vamos a revisar la posibilidad de continuar con esos contratos”, había dicho tras anunciar que su Administración no utilizaría más ese modelo de contratación.
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