En el marco de la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, 59 países firmaron este martes una declaración conjunta en la que condenaron las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, pidieron elecciones libres, así como la liberación inmediata de los opositores y precandidatos presidenciales detenidos en las últimas semanas.
En el texto, los firmantes -entre los que se encuentra Estados Unidos- aseguran que comparten las preocupaciones de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Nicaragua, “incluida la impunidad persistente por las violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias”.
México y Argentina se abstuvieron de firmar la declaración, que fue respaldada por Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Francia, Alemania, España, Suiza y Reino Unido, entre otras naciones.
Este martes, durante la inauguración de la 47a reunión del Consejo, Bachelet señaló que desde su informe de febrero, ha observado un preocupante y acelerado deterioro de la situación de derechos humanos en Nicaragua, lo que “aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre”.
Mi Oficina ha observado un preocupante y acelerado deterioro de la situación de #DDHH. Esto aleja la posibilidad de que las y los nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre – @mbachelet #HRC47
🔗https://t.co/aaHXrf9PTW pic.twitter.com/Aa9LzlJm8z
— OACNUDH (@OACNUDH) June 22, 2021
En su declaración conjunta, los 59 países señalan que “el Gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables”.
“Instamos al Gobierno a que cese el hostigamiento contra periodistas y defensores de los derechos humanos y permita que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias”, dicen.
Las naciones manifiestan su preocupación porque el gobierno de Daniel Ortega no implementó “reformas electorales significativas” antes de mayo de este año, como lo pidió en marzo la Organización de Estados Americanos en una resolución respaldada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Igualmente, mencionan que las leyes promulgadas recientemente en el país centroamericano podrían restringir indebidamente la participación política, la libertad de expresión, la reunión pacífica y la libertad de asociación.
“La disolución arbitraria de partidos políticos y los procesos penales contra múltiples contendientes presidenciales y disidentes son especialmente preocupantes. Pedimos su liberación inmediata”, enfatizan.
Además, consideran que “es probable que estas medidas impidan la celebración de elecciones libres y justas en Nicaragua este noviembre”.
Por ello, instan a Nicaragua a que se comprometa con la comunidad internacional, permita la presencia de observadores electorales internacionales, reestablezca el diálogo y renueve la confianza en la democracia.
“Los nicaragüenses merecen elecciones libres y justas a través de un proceso transparente y creíble, y una solución pacífica a la crisis sociopolítica del país”, finaliza el texto.
México y Argentina, que se ofrecieron para facilitar un diálogo con el presidente Daniel Ortega, también se abstuvieron la semana pasada de firmar una resolución de condena en la OEA y llamaron a consultas a sus embajadores este lunes, debido a las “preocupantes acciones políticas-legales” del gobierno nicaragüense.
Este martes en Aristegui en Vivo, Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario de Relaciones Exteriores en América Latina y el Caribe señaló que en el caso de Nicaragua México prefiere emprender acciones concretas, como el llamado a consultas del embajador, en lugar de los “llamados a misa” de la OEA, debido a que no confía en la calidad de la intervención de este organismo multilateral.