El Gobierno de México y una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encabezada por su titular, Esmeralda Arosemena de Troitiño, acordaron dar continuidad a los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que durante una reunión llevada a cabo este lunes, se hizo una revisión técnica de los avances, con el objeto de “fortalecer los trabajos de cooperación y coordinación internacional para el caso Ayotzinapa, como el que actualmente existe con esta Comisión, para brindar asesoría técnica para su esclarecimiento”.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció que entre los acuerdos está el de dar continuidad al trabajo del GIEI. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, recordó que el compromiso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos “es mantener la participación del GIEI durante este proceso y hasta que se tengan resultados”.
Encinas aseguró que es prioridad para la Comisión robustecer los trabajos de judicialización y, para ello, se necesitan todas las capacidades técnicas de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), además del fortalecimiento técnico con personal altamente especializado en materia de desaparición forzada, tortura y derecho penal.
Como presidente de la Comisión presidencial para el caso #Ayotzinapa nos reunimos con la comisionada de la @CIDH, @esmeraldatroiti, el fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo y la subsecretaria @marthadelgado pic.twitter.com/Jj4e5sfvaf
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) September 6, 2021
Por su parte, el director general de Derechos Humanos y Democracia de la cancillería, Cristopher Ballinas, dijo que estos días de trabajo servirán para “concretar una agenda de trabajo, acordada por el Gobierno, la Comisión y la representación de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, para los siguientes meses”.
La delegación de la CIDH se reunirá con representantes de la FGR, de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La visita de la Comisión ocurre cuando faltan 20 días para que cumplen siete años, el próximo 26 de septiembre, de la desaparición de los estudiantes en Guerrero.
Durante su informe de gobierno, el pasado 1 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los dos compromisos pendientes de los 100 que hizo al asumir el cargo, son la descentralización del gobierno federal y conocer la verdad sobre el caso Ayotzinapa.
El gobierno de Enrique Peña Nieto dio un ‘carpetazo’ al caso en 2015, con la instauración de la llamada ‘verdad histórica’ que limitaba la responsabilidad de la desaparición de los estudiantes al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a su esposa, María de los Ángeles Pineda y al cártel Guerreros Unidos. Ello, sin tomar en consideración las evidencias que apuntaban al involucramiento de las fuerzas estatales, federales y el Ejército en los hechos, ya sea por acciones directas u omisiones deliberadas.
La versión del entonces procurador Jesús Murillo Karam, era que el cártel había incinerado a los estudiantes en el basurero de Cocula, lo que se demostró falso, de acuerdo con las investigaciones que demostraron la manipulación de las indagatorias y la obtención de confesiones bajo tortura.
El gobierno de López Obrador dio por terminada la ‘verdad histórica’ y se comprometió a llegar al fondo de lo sucedido. En julio del año pasado, se identificaron los restos del estudiante Christian Alfonso Rodríguez en la barranca de la Carnicería, alejada del basurero.
El gobierno busca extraditar de Israel a Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, y a quien las autoridades mexicanas requieren por denuncias de secuestro, tortura y de manipulación de evidencia en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes Ayotzinapa.
La Fiscalía General de la República (FGR) señala que Zerón de Lucio, quien fue encargado de la indagatoria del caso Ayoztinapa, participó en el encubrimiento del caso a cambio de un pago que le permitió robarse más de mil millones de pesos de la extinta PGR.
El exfuncionario aseguró que los casos son falsos y con trasfondo político, por lo que solicitó asilo en Israel desde diciembre de 2019, luego de haber estado una temporada en Canadá.
Zvi Tal, embajador del Estado de Israel en México, negó a través de sus redes sociales oficiales que el caso de extradición de Tomás Zerón se relacione con cuestiones políticas, luego de que el New York Times diera a conocer que el gobierno israelí utiliza el caso como protesta por el apoyo del gobierno mexicano a las indagatorias de las Naciones Unidas sobre las denuncias de crímenes de guerra de Israel contra los palestinos.
A mediados de agosto, el Gobierno mexicano reconoció el asesinato de al menos ocho personas vinculadas a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
(Con información de EFE y Aristegui Noticias)