Postrada en su cama, Ana Estrada dice que se siente “feliz y contenta” porque el estado peruano decidió no apelar el histórico fallo de un juez que le reconoce su derecho a tener una muerte asistida, en un país donde la eutanasia es ilegal.
“Es una causa individual, en este caso, pero espero que sirva de precedente”, afirmó Estrada a Reuters, poco después de que los Ministerios de Justicia y de Salud y el seguro social estatal dijeran la noche del martes que respetarán la sentencia del juez, para que la mujer tenga “una muerte digna”.
Estrada, psicóloga de 44 años, sufre desde hace tres décadas de polimiositis, una enfermedad rara que ataca sus músculos y no tiene cura, con un deterioro progresivo. Está conectada a un respirador mecánico la mayor parte del tiempo y es asistida casi a diario por una enfermera.
La mujer inició hace unos cinco años una batalla judicial para solicitar y permitir, en caso lo decida y “llegue el momento”, la eutanasia. El código penal peruano dice que ayudar a morir a una persona es un delito y es castigado con cárcel.
“Creo que es un logro no solamente mío, no sólo de mi causa, sino también es un logro del derecho y de la justicia en el Perú“, dijo Estrada, con una voz apagada y entrecortada.
#LoÚltimo Décimo Primer Juzgado Constitucional de la @CSJdeLima ordena al Ministerio de Salud y a EsSalud respetar la decisión de Ana Estrada Ugarte, de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia.
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— CSJ de Lima (@CSJdeLima) February 25, 2021
La eutanasia no es permitida en muchos países y en Perú, donde la mayoría es católica, muchos conservadores se oponen fuertemente a esta práctica. En Latinoamérica, Colombia permite el procedimiento bajo ciertas condiciones.
“El juzgado ha reconocido para el caso de Estrada el derecho a morir con dignidad”, dijo a Reuters el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez. “Ha reconocido su autonomía, voluntad y libertad para poder, en su momento, tomar la decisión de poner fin a su vida porque considera que ya no sería digno continuar viviendo en una situación de sufrimiento”.
Fueron los abogados de la Defensoría del Pueblo los que tomaron el caso de Estrada en un país donde también está prohibido el aborto y el matrimonio entre las personas de mismo sexo.
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El fallo judicial emitido la semana pasada dispone que el seguro estatal de salud EsSalud brinde “todas las condiciones” para el ejercicio de la eutanasia de Estrada, el cual deberá ejecutarse dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha que Estrada manifieste su voluntad de poner fin a su vida.
EsSalud indicó en un comunicado que cumplirá con el fallo judicial y que conformará comisiones médicas para elaborar un protocolo al respecto. El seguro social estatal dijo asimismo que “respetará irrestrictamente la decisión de los médicos, en el libre ejercicio de su derecho a la objeción de conciencia, frente a lo dispuesto por la sentencia judicial”.
La sentencia ordena en este caso no aplicar el código penal, es decir libra de cualquier castigo al médico que eventualmente suministre un fármaco destinado a terminar la vida de Estrada.
“Físicamente mi salud se ha deteriorado, se me hace mas difícil hablar, me canso mas”, dijo Estrada, quien mantiene un blog desde el 2016 denominado “Ana busca la muerte digna”.
“Va llegar en un momento que ya no pueda ni siquiera poder escribir, o poder manifestarme”, señaló. “Mi cuerpo falla, pero mi mente y mi espíritu están felices. Quiero que el ultimo momento de mi vida siga siendo así, en libertad, con paz, tranquilidad y con autonomía, quiero que se me recuerde así”.
(Reuters)