Cao Guohua se enteró de que estaba en la lista negra de China cuando, en 2018, trató de comprar un billete de avión para un viaje de trabajo. “Como de costumbre, entré en la aplicación de Ctrip, la mayor agencia de viajes online del gigante asiático, y busqué el vuelo que necesitaba. Cuando fui a pagar, se abrió una ventana en la que me anunciaban que no tenía autorización para volar porque aparecía en la lista nacional de personas deshonestas”, recuerda esta joven de Shanghái, empleada en una multinacional de automoción alemana. “Me puse muy nerviosa y pensé que era un error. Pero traté de adquirir un billete de tren para el mismo trayecto y el sistema de la compañía de ferrocarriles —estatal— también me lo denegó”, añade.
Preocupada, Cao abrió Alipay en su móvil y descubrió que también se había desplomado su puntuación en el crédito social Zhima, el que ha diseñado el gigante del comercio electrónico Alibaba para reflejar el grado de confianza que le inspira cada uno de sus clientes y determinar así los servicios y beneficios a los que les da acceso. “Antes tenía casi 700 puntos —un nivel excelente— y ahora estoy en 581. Es una cifra que el sistema denomina como ‘moderada’, pero nunca en mi vida he visto una más baja. Ahora, ni siquiera puedo fraccionar los pagos que hago en Internet”, señala. En comparación, quien escribe estas líneas cuenta con 655 puntos.
Poco después, Zhu Zhengfu vivió una situación similar. “Fui a comprar un billete de tren y me dijeron que no podía viajar en los de alta velocidad, ni en otra clase que no fuese la última, porque estaba en la lista negra”, cuenta desde su localidad natal, en la provincia oriental de Zhejiang. Como en el caso de Cao, Zhu no salía de su asombro, porque no tenía conocimiento de haber cometido delito alguno o de tener causas abiertas con la justicia. Sin embargo, desde entonces, la vida de estas dos treintañeras es un drama: solo pueden moverse por el país en autobús o en la última clase de los trenes más lentos, no pueden alojarse en hoteles clasificados con estrellas o entrar a clubes nocturnos, tienen vetado el acceso a cualquier tipo de financiación y a productos de inversión, se les prohíbe la adquisición de propiedades y vehículos, y, si los tuviesen, sus hijos verían restringidos también los centros escolares en los que pueden matricularse. Se han convertido en parias.
“Tuve que dejar mi trabajo por vergüenza a que descubriesen mi situación y me echaran. Estoy desempleada desde entonces, y ni siquiera me atrevo a buscar pareja porque temo que mi caso termine convirtiéndose en una losa para su familia”, afirma Zhu, cuyos ingresos se limitan ahora a la venta de diferentes artículos a través de la red social WeChat, el llamado Whats App chino. “El problema es que, como estoy en la lista negra, tampoco puedo solicitar una licencia para comerciar legalmente. Es como si me hubiesen condenado al ostracismo. Pero yo no he hecho nada malo”, apostilla.
EL ORIGEN
Cao y Zhu ya saben por qué están en la lista negra. Son víctimas de un hombre: el padre de Cao, que fue también el jefe de Zhu. “Tenía una empresa de fabricación de correas de caucho, y le fue bastante bien durante muchos años. Pero apostó demasiado en Bolsa y se arruinó con el crash de 2015”, explica Cao, que hace un lustro desconocía cuál era la situación financiera de su progenitor. “Ahora sé que tuvo que pedir prestado dinero para pagar deudas que esperaba saldar con sus acciones, y nos pidió que firmásemos unos papeles. Creía que era un tema administrativo sin más importancia, me fie, y firmé”, comenta Cao. Algo parecido sucedió con Zhu. “Sabía que se trataba de un préstamo, pero la empresa nunca había dado problemas y firmé sin tener conciencia de dónde me estaba metiendo”, corrobora. Las huellas dactilares de Zhu y de Cao, estampadas en tinta roja, sellaron su fortuna cuando tenían 26 y 28 años, respectivamente. En realidad, aunque no tenían bienes ni dinero, las dos jóvenes estaban siendo utilizadas como garantía en unos préstamos que el empresario no logró devolver. Desafortunadamente para ellas, el padre de Cao no acudió a los bancos en busca de dinero, “porque la pyme tiene muy difícil financiarse en los canales regulares”, sino que firmó contratos con usureros disfrazados de entidades financieras P2P. Cuando los acreedores comenzaron a presionarle y vio que no podría pagar, huyó a Laos. Finalmente, sin notificar previamente a Cao y Zhu, las entidades financieras llevaron el asunto a los tribunales, que incluyeron a las dos mujeres en la lista negra sin que siquiera declarasen frente al juez.
LA CAÍDA EN DESGRACIA
“Ahora sé que mi padre llegó a acumular diez millones de yuanes (1,28 millones de euros) en deudas. La justicia ha embargado todos los bienes de mi familia, incluso la pensión de mi madre, pero nos siguen exigiendo el pago de varios millones. Yo estoy de acuerdo con que mi padre se responsabilice. Pero me parece injusto que nos destrocen la vida a nosotras, que no nos hemos beneficiado ni un yuan de ese dinero”, se lamenta Cao, que ha tenido suerte de que su empresa no la haya despedido al conocer su situación. La única solución que los usureros les dan es satisfacer gran parte de la deuda.
Un empleado del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), que también habla bajo condición de anonimato, reconoce que ese es el modus operandi de los usureros: logran que los préstamos sean avalados por varias personas, independientemente de que no tengan recursos y no sepan cuáles son las consecuencias a las que se exponen, y luego arremeten contra ellas en caso de impago. Saben que harán todo lo posible por salir de la lista negra. “El problema es que necesitaría más de diez años íntegros de mi sueldo actual para pagar el préstamo, y las limitaciones que me imponen dificultan que incremente los ingresos y salde la deuda. Es la pescadilla que se muerde la cola”, comenta Cao, que sospecha de la connivencia entre los usureros y el tribunal. “No sé qué puedo hacer para recuperar mi vida, y no tengo dinero para pagar a un abogado”, añade. Los casi diez millones de nombres que componen la lista negra de China son públicos, y los de Cao y Zhu son relativamente fáciles de encontrar. En una de las dos sentencias que pesan sobre ellas, los jueces justifican las restricciones que se les imponen afirmando que, “a pesar de tener capacidad para satisfacer la deuda, rehúsan hacerlo”. No obstante, preguntado por este diario sobre las aparentes deficiencias de procedimiento en este caso, el Tribunal Popular del Distrito de Hongkou decidió hace unos meses reabrir por sorpresa el caso y llamar a Cao a testificar, algo que el juzgado reconoce no haber hecho en un inicio.
TRATO DESIGUAL
Sin embargo, el tribunal considera que la firma de Cao y de Zhu es suficiente para condenarlas y rehúsa entrar a valorar las condiciones claramente ilegales de los préstamos. Según los documentos a los que ha tenido acceso esta revista, la empresa Xinxindai concedió al padre de Cao un préstamo por valor de 1,3 millones de yuanes (166.000 euros) a devolver en tres meses. Aunque el contrato estipula un interés del 9% —porcentaje dentro de la legalidad—, Xinxindai, una plataforma online de créditos P2P, suma comisiones por valor de 198.250 yuanes (25.416 euros). A petición de EL PAÍS Retina, en un banco español han calculado el tipo de interés de ese crédito en algo más del 61% anual. “Eso es usura y sería tumbado por cualquier juez en España”, afirman.
No en China. Y eso que, curiosamente, Xinxindai está envuelta en un escándalo de grandes dimensiones que ha desembocado incluso en multitudinarias manifestaciones de quienes depositaron su dinero para que concediese préstamos como el de Cao. La empresa debe más de 2.000 millones de yuanes (250 millones de euros), tiene innumerables causas abiertas en los tribunales y, curiosamente, también ha sido incluida en la lista negra por el de Hongkou. A pesar de todo, en una respuesta remitida por escrito a EL PAÍS Retina, los jueces se ratifican en su sentencia y conminan a las dos jóvenes a llegar a un acuerdo con los acreedores para levantar las restricciones. “Yo me pregunto cómo es posible que el Gobierno permita este tipo de empresas, porque el nuestro es solo un caso de muchos”, denuncia Cao.
Sin duda, proliferan. Un estudio estima que, en 2019, la banca en la sombra aportó el 18,5% de toda la financiación del país. Según un informe de Moody’s, estas entidades tienen activos por un valor de alrededor de 59,1 billones de yuanes (7,5 billones de euros) y, a pesar de los intentos del Gobierno por limitar su volumen, crecieron en 100.000 millones de yuanes (12.820 millones de euros) solo en el primer trimestre de 2020. “Hay mucha gente que no tiene acceso a financiación por canales regulares y se ve obligada a buscar créditos fuera del sistema”, explica Olivia Long, una diseñadora gráfica freelance que pidió un préstamo similar a los de Cao y Zhu para construir una vivienda en su localidad de origen, en la provincia de Hunan.
“Solicité 200.000 yuanes (25.000 euros) a tres años, y me pidieron que consiguiera la firma de más gente, sin que importase quiénes. También solicitaron las direcciones de mi casa y de mi oficina, así como el horario en el que suelo trabajar”, relata. Ella no ha tenido problemas, pero reconoce que la entidad funciona de modo mafioso. “No tengo ni idea de intereses, así que solo me fijé en si podría pagar las cuotas, que ascendían a casi 10.000 yuanes al mes. También me exigieron que contratase un seguro de accidente que cubre 237.800 yuanes, y por el que pago 1.800 al mes. Es mucha presión, porque si la carga de trabajo baja, no podría pagar y no sé qué sucedería”, añade.
HACIA EL CONTROL DIGITAL COMPLETO
La respuesta se la pueden dar Cao y Zhu, que ahora temen al sistema de crédito social con el que China experimenta en diferentes lugares y que planea introducir a nivel nacional en breve. El objetivo es determinar la confianza que merecen los ciudadanos y cortarles las alas a quienes defraudan o son deshonestos, un término poco conciso que otorga a las autoridades el grado de arbitrariedad con el que se sienten a gusto. En cualquier caso, en el nuevo sistema las dos jóvenes aparecerán siempre en el último escalón del crédito social, y eso puede acarrear nuevas restricciones.
“Yo no estoy en contra de las listas negras, y creo que son necesarias para controlar a quienes estafan a la gente o delinquen. Pero creo que la justicia debería analizar cada caso de forma pormenorizada y exigir a las entidades financieras que las personas que se ponen como garantía de un préstamo tengan bienes suficientes para hacer frente a un posible impago, como se hace en el resto del mundo”, afirma Zhu.
Cao es más crítica: “Sin duda, estoy enfadada con mi padre. Pero me decepciona que el Gobierno permita esta trampa en la que caemos muchos y que los tribunales no hagan justicia. Yo creía que China era un país justo, me creía todo lo que contaba la propaganda, pero ahora veo las oscuras sombras del sistema”. Sin la separación de poderes de un Estado de Derecho, en China no se diferencia el Estado del Gobierno, ni este del Partido Comunista. “El nuestro no es un caso político, sino un problema que le podría afectar a cualquiera. Pero nadie quiere escucharnos y nadie nos ayuda”, sentencia Cao.
El establecimiento de un sistema de crédito social supondrá un paso más en la estrategia de control total de la población china, y puede conferir a los dirigentes la capacidad para imponer restricciones como las que sufren Cao y Zhu sin necesidad de pasar por los tribunales. Cómo denunciar puntuaciones erróneas e injustas o limitar el efecto que asuntos políticos pueden tener en el crédito social serán claves para determinar el poder que el sistema otorgará al Gran Hermano chino. “A veces, siento que mi única salida es escapar del país”, sentencia Cao.
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