La alta comisionada de la ONU Michelle Bachelet, en una sesión del consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra el pasado 28 de febrero.FABRICE COFFRINI (AFP)
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, comenzará este lunes un polémico viaje oficial a China, de cinco días, en el que estará incluida una etapa en Xinjiang. Las ONG alegan que la visita de la expresidenta chilena por invitación de Pekín, que ha llevado cuatro años negociar, no se desarrollará en las condiciones necesarias para establecer de modo independiente la situación de los derechos humanos de la etnia uigur y otras minorías musulmanas en esa región occidental china. Según las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que junto a Gobiernos occidentales y la propia ONU han denunciado graves abusos contra los uigures, el viaje corre el riesgo de convertirse en una mera “operación de relaciones públicas” para el Gobierno del presidente Xi Jinping.
Desde que la Oficina de la Alta Comisionada planteó en 2018 el deseo de viajar a Xinjiang y gozar de un “acceso significativo” y sin trabas a personas y lugares en la región hogar de la minoría uigur, Pekín había indicado que solo aceptaría una visita “amistosa”. El viaje de Bachelet a China es el primero de un alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU desde el que realizó Louise Arbour en 2005. Según la oficina de Bachelet, la funcionaria internacional visitará Cantón y las ciudades de Kashgar y Urumqi, en Xinjiang. No se desplazará a Pekín, ya que la capital se encuentra en estado de semiconfinamiento debido a un brote de coronavirus. Aunque mantendrá encuentros con representantes de los Gobiernos nacionales y locales, al menos una parte se celebrará por videoconferencia, como una conversación con diplomáticos extranjeros destinados en la capital china.
También se reunirá con “organizaciones de la sociedad civil, representantes de empresas y académicos” y ofrecerá un discurso a los estudiantes de la Universidad de Cantón. El día 28, el último de su estancia, emitirá un comunicado sobre las conclusiones de su visita y ofrecerá una rueda de prensa. La oficina de Bachelet no ha ofrecido información más concreta sobre los términos en los que se desarrollará la visita.
Es improbable que entre las personalidades con las que se reúna la antigua jefe de Estado figure el académico Ilham Tohti, defensor de la igualdad de derechos entre los uigures y los han ―la etnia mayoritaria en China― y condenado a cadena perpetua tras haber sido declarado culpable de separatismo en 2014. Pekín ha negado por sistema desde entonces cada solicitud de diplomáticos y representantes extranjeros para visitarle en prisión.
La Oficina de la Alta Comisionada, Gobiernos occidentales y organizaciones defensoras de los derechos humanos acusan a China de graves abusos contra la minoría uigur, incluido el trabajo forzado. Algunos cálculos apuntan a que más de un millón de integrantes de esta etnia, de un total de 12 millones en Xinjiang, fueron enviados a campos de reeducación dentro de la campaña que Pekín lanzó en 2016 tras una serie de atentados violentos en los años previos.
El Gobierno de Xi alega que esos campos son centros de formación profesional a los que los residentes acuden voluntariamente para aprender un oficio y el idioma mandarín. Según Pekín, los centros han sido una herramienta fundamental contra el extremismo y el independentismo en la región, y la gran mayoría han quedado cerrados o reconvertidos tras cumplir su misión. Algunos analistas internacionales consideran que el resto se ha transformado en centros de alta seguridad.
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En junio del año pasado, más de 40 países en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reclamaron un “acceso sin cortapisas” a Xinjiang. Las ONG consideran que ese acceso debe incluir la posibilidad de hablar libremente con cualquiera, acceder al interior de prisiones y los centros que consideran de reeducación.
Más de 200 de estas organizaciones han lanzado un llamamiento para que se cancele la visita, al considerar que el viaje no contará con las condiciones para que Bachelet pueda examinar la situación sobre el terreno de manera independiente.
Las ONG también reclaman la publicación del informe sobre Xinjiang redactado por la Oficina de la Alta Comisionada, en consulta con expertos, y que el organismo de la ONU indicó a finales del año pasado que ya había concluido. La divulgación del documento, que inicialmente se esperaba para antes de los Juegos Olímpicos de Pekín en febrero, se ha ido retrasando y la institución con sede en Ginebra apunta ahora que la alta comisionada lo mostrará a las autoridades chinas durante su visita para recabar su opinión y comentarios.
“No es creíble que el Gobierno chino vaya a permitir a la alta comisionada ver nada que no quieran que vea, o dejar que los defensores de los derechos humanos, las víctimas y sus familias hablen con ella de modo seguro, sin supervisión y sin miedo a represalias”, ha declarado la directora para China de Human Rights Watch, Sophie Richardson. “El legado de Bachelet como alta comisionada se medirá por su disposición a hacer rendir cuentas a un Estado poderoso por los crímenes contra la humanidad perpetrados durante su mandato”.
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