En colchonetas tiradas en el suelo, sin duchas y con unos cuantos bidones de agua para asearse. Decenas de migrantes recién llegados a la isla de Gran Canaria aguardan así, en mitad de una crisis sanitaria, las 72 horas que marca la ley para su custodia policial. Desde que se decretó hace más de dos semanas la cuarentena obligatoria para los viajeros procedentes del exterior, los sindicatos policiales se opusieron a meter a los inmigrantes en los calabozos y desde el pasado 26 de mayo, una nave en el puerto de La Luz habilitada por la Delegación de Gobierno ejerce de comisaría. En ella hay solo cuatro baños químicos, material abandonado y un puñado de finas mantas para cubrirse.
Un oficio del jefe superior de Policía de Canarias, José María Moreno, describe las condiciones del lugar y cómo un grupo de más de 70 personas sobrepasó “ampliamente” las 72 horas de custodia a la espera de su traslado a un centro de acogida. Cuando los agentes llegaron a la nave tuvieron que despejarla porque hallaron más de 80 palés con cajas llenas de documentos “a destruir” y material que debían conservar. “La nave tiene bastante polvo y restos de cartón y madera”, señala el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS. “Con una manguera y escobas se trata de dejar la instalación lo más limpia posible”.
Aquel 26 de mayo entraron en el local 86 personas llegadas en dos pateras, entre ellas 14 menores, que al día siguiente pasaron a cargo de la Dirección General de Protección de la Infancia, responsable de su tutela. Más de medio centenar de ellos ya habían pasado 15 horas en el suelo del muelle esperando su traslado, según la prensa local. Al día siguiente, la Policía solicitó a la Secretaría de Estado de Migraciones que asumiese su alojamiento. La falta de plazas retrasó la acogida.
Los test realizados al grupo arrojaron dos positivos de coronavirus y los afectados fueron ubicados “en una zona más apartada del recinto”. Cumplidas las 72 horas que marca ley (excepto para casos de terrorismo), Moreno comunicó en ese oficio que los agentes se retiraban de la nave y que mantendría apenas una patrulla para “evitar cualquier altercado”. Finalmente, Cruz Roja asumió su acogida. El local vuelve a alojar ahora a más de 40 personas, según fuentes policiales.
Las islas han recibido desde que se decretó el estado de alarma, el pasado 14 de marzo, a 1.245 personas. En el archipiélago –como en la Península– no hay un catálogo de infraestructuras que puedan habilitarse cuando hay un repunte de llegadas y se improvisan soluciones sobre la marcha: colegios, polideportivos, albergues… Como también ocurre en Ceuta y Melilla, el traslado de los migrantes a la Península aliviaría la presión en estos territorios, pero el Ministerio del Interior se resiste a autorizarlo.
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