Los habitantes de Necoclí, un pequeño municipio colombiano sobre el mar Caribe, están habituados a ver en su puerto a los migrantes que se embarcan para cruzar el Golfo de Urabá y desde la otra orilla aventurarse a atravesar la selvática frontera con Panamá, conocida como el tapón del Darién. Pero la llegada masiva de los últimos días ha provocado que cerca de 10.000 migrantes —en su mayoría haitianos, aunque también asiáticos y africanos—, permanezcan varados en sus playas y sus calles a la espera de su turno para salir en botes hasta Capurganá, un recorrido de 66 kilómetros, y de allí a Centroamérica y Estados Unidos.
Las aglomeraciones en plena pandemia del coronavirus preocupan a las autoridades del municipio, con 21.000 habitantes en su casco urbano y servicios básicos deficientes, que temen una crisis humanitaria y han elevado un grito de auxilio para pedir el apoyo de la Cancillería de Colombia. “Los hoteles, los hostales, las casas de familia no dan abasto para atender esta población”, explicó a la prensa este martes César Zúñiga, el director de Gestión del Riesgo de Necoclí. La transportadora marítima del lugar evacua a diario unos 750 migrantes, pero cada noche arriban entre 1.000 y 1.200 personas, lo que está provocando el amontonamiento, agravado los fines de semana, cuando la empresa se dedica solo a transportar turistas, ha detallado el funcionario.
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Esos números palidecen frente al fenómeno de la migración desde Venezuela, pues Colombia es por mucho el principal destino de esa diáspora con más de 1,7 millones de ciudadanos del país vecino en su territorio —para los que implementa un Estatuto Temporal de Protección—. Pero la situación de Necoclí es un microcosmos de las tensiones que puede producir la presión migratoria en una pequeña población. Aunque la presencia masiva de migrantes ha activado la economía, los locales no pueden hacer uso de los servicios bancarios colapsados por los visitantes, y los turistas no logran acercarse a las playas, atestadas en todo momento, se lamentan desde la Administración municipal. Temen que la situación empeore y demandan la ayuda de las autoridades nacionales. Aunque hay migrantes asiáticos, africanos y cubanos, la inmensa mayoría son haitianos, hasta nueve de cada 10, señalaron a EL PAÍS fuentes de la Alcaldía.
Las autoridades migratorias de Colombia han registrado más de 25.000 migrantes irregulares este 2021, la gran mayoría ciudadanos haitianos en tránsito. “Colombia no es la causa, ni el origen de la migración irregular. Sin embargo, como país, nos preocupa está situación, teniendo en cuenta que las redes de tráfico de migrantes tratan a las personas como mercancías, exponiéndolas a situaciones peligrosas, en las que, incluso, pueden llegar a perder la vida”, advertía la semana pasada Juan Francisco Espinosa, director de Migración de Colombia, al apuntar que es un flujo histórico que ha tenido picos de hasta más de 35.000 personas en un año. Aunque negó entonces que las cifras sean tan elevadas como aseguran desde Necoclí, señaló que se ha reunido con autoridades panameñas, así como con la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, con el propósito de buscar nuevas estrategias que permitan mitigar este fenómeno.
La Defensoría del Pueblo también se hizo eco del llamado de la Alcaldía de Necoclí y ha pedido a las entidades tanto nacionales como del departamento de Antioquia poner en funcionamiento planes de contingencia que atiendan y garanticen los derechos de la población migrante y refugiada con vocación de tránsito ante un posible colapso por la concentración de personas que transitan por la peligrosa ruta del tapón del Darién. En lo que va del año, unas 33.000 personas provenientes de Haití, Cuba, Chile, Senegal o Ghana han pasado por ese corredor, según los cálculos de la Defensoría.
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