Miles de húngaros se unieron este sábado a la marcha anual del Orgullo de Budapest para apoyar a las personas LGTBI y protestar contra la ley del Gobierno del ultraconservador Viktor Orbán que prohíbe difundir información relacionada con ese colectivo en cualquier ámbito donde haya menores. Ese veto no solo afecta a las escuelas y los medios de comunicación sino que incluso, según temen las asociaciones de homosexuales y transexuales del país, podría hacerse extensivo a las calles de Hungría.
Muchos manifestantes -la mayoría eran jóvenes y adolescentes- denunciaron que esta norma retrotrae al país a épocas pasadas: “La ley es una barbaridad. Vivimos en el siglo XXI, cosas como esta no deberían ocurrir. Ya no estamos en la época comunista, esto es la UE y todo el mundo debería poder vivir libremente”, afirmó Istvan, de 27 años, que asistió a la manifestación con su novio.
Organizada dentro de los actos del Festival del Orgullo en Budapest, la marcha transcurrió en un ambiente festivo por el centro de Budapest y contó con el aval de más de 40 embajadas e instituciones culturales extranjeras en Hungría que emitieron una declaración de apoyo. “Animamos a que se tomen medidas en todos los países para garantizar la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género”, escribieron los firmantes, entre los que se encuentran las embajadas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania.
La polémica norma a la que los participantes en el acto del sábado mostraron su oposición ha entrado en vigor este mes después de que el Parlamento del país la aprobara el 15 de junio gracias a la mayoría absoluta de la que dispone el conservador partido Fidesz, del primer ministro Orbán. Esta ley ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de la Unión Europea. El 15 de julio, Bruselas anunció la apertura de un expediente de infracción contra Hungría al entender que la nueva disposición legal viola los derechos fundamentales.
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Una encuesta realizada el mes pasado por la organización demoscópica Ipsos reveló que el 46% de los húngaros apoyaba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta postura favorable a los derechos de la minoría homosexual de prácticamente la mitad de la población húngara no ha disuadido a Orbán de convertir lo que define como “valores tradicionales” en cuanto a la moral sexual en uno de sus estandartes.
La hostilidad que el Gobierno húngaro ha mostrado hacia la minoría LGTBI se ha agudizado en los últimos meses hasta culminar con la aprobación de la ley que Orbán define como “protectora de la infancia”. Para algunas de las personas que participaron el sábado en la marcha del Orgullo, la norma tiene en realidad un objetivo electoralista pues el primer ministro espera revalidar su poder en las elecciones previstas para abril de 2022. “Esto no es más que una distracción que trata de destrozar el país. Es una provocación con motivo de las elecciones”, sostuvo Boglarka Balazs, una economista de 25 años que participó en la marcha y que tildó la ley de “herramienta de campaña”.
“En lugar de proteger a las minorías, el gobierno de Fidesz-Demócratas Cristianos utiliza las leyes para convertir a los miembros de la comunidad LGTBI en parias en su propio país”, criticaron los organizadores de la marcha en un comunicado en el que recalcaron la oposición del colectivo a los “políticos ávidos de poder” y rechazaron la “intimidación” de los miembros de esa minoría.
El miércoles, el primer ministro Orbán anunció que la ley anti-LGTBI será sometida a referéndum para “combatir la presión de la UE”, a través de un vídeo difundido en la red social Facebook. Luego acusó a Bruselas de haber “atacado claramente a Hungría por su ley de protección de la infancia [la norma anti-LGTBI]”, antes de denostar lo que describió como “difusión de propaganda sexual en los jardines de infancia, las escuelas, la televisión y los anuncios”. Al día siguiente, su jefe de Gabinete, Gergely Gulyas, preciso que la consulta tendrá lugar a finales de este año o principios de 2022.
El referéndum incluirá, según precisó el propio Orbán, cinco preguntas que, por su formulación, parecen dirigidas a buscar el no. Entre ellas, se interrogará a los húngaros sobre si apoyan la celebración de talleres de orientación sexual en las escuelas sin su consentimiento o si creen que los procedimientos de reasignación de sexo deben ser promovidos entre los niños. El primer ministro precisó que las preguntas versarán a su vez sobre si los contenidos que afectan a la orientación sexual de los niños deben ser ofrecidos sin restricciones y si los procedimientos de reasignación de sexo deben estar disponibles para los menores.
La apertura del expediente por parte de la UE a Hungría es el primer paso de un proceso que puede acabar en el Tribunal de Justicia de la UE y tener como consecuencia la suspensión de la financiación europea a este país. A finales del año pasado, Bruselas se dotó de un reglamento de condicionalidad al Estado de derecho, que permite por primera vez suspender los fondos a los países donde la buena gestión de los recursos comunitarios no esté garantizada por la ausencia de las adecuadas estructuras administrativas, de auditoría o judiciales. La norma nació precisamente con vocación de frenar la deriva autoritaria en países como Hungría o Polonia.
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