La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al determinar que personal militar sometió a actos de tortura y violencia sexual a una mujer detenida arbitrariamente el 9 de septiembre de 2009 en Coatzacoalcos, Veracruz.
También se acusa a los soldados de vulnerar el interés superior de la niñez, ya que sus dos hijos menores de edad estaban presentes cuando la mujer fue violentada.
Según el expediente de la Comisión, la víctima se encontraba en su hogar en compañía de su esposo, cuando escuchó ruidos y salió de su habitación. En el inmueble había alrededor de 13 elementos militares quienes derribaron la puerta y le solicitaron identificarse. Acto seguido, le preguntaron por “el dinero, por la droga y su jefe” y posteriormente le ataron las manos, le colocaron una venda y la subieron a una camioneta de la Sedena.
Cuando era trasladada, dos soldados que la custodiaban le realizaron tocamientos en su cuerpo, la amenazaron con abusar sexualmente de ella, advirtiéndole que “debía cooperar” o matarían a sus hijos.
Finalmente, la víctima ingresó a un Centro de Readaptación Social del Estado de México donde actualmente continúa privada de la libertad.
Aun cuando la Sedena la detuvo en su domicilio particular, reportó que había sido capturada durante un patrullaje. También informó que, tras ser asegurada, aceptó su participación en la comisión de diversos ilícitos y formar parte de una organización criminal.
Al ser entrevistados por personal de la CNDH, testigos señalaron que el personal militar se “equivocó” de casa e ingresó a la de la detenida, causando múltiples destrozos, con lo cual se acredita que la víctima fue detenida de manera ilegal y arbitraria.
Al acreditar violaciones graves a los derechos humanos, la Comisión solicitó al titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, proceder a la reparación inmediata del daño causado a las víctimas directas e indirectas de este caso, incluyendo para ello una compensación justa tomando en cuenta la gravedad de lo ocurrido, a través de la Recomendación 67VG/2022.
También se solicitó colaborar en el trámite y seguimiento de la carpeta de investigación iniciada por lo ocurrido, así como emitir una circular para exhortar al personal castrense a cumplir con las directrices en materia de prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; además de la violencia y la tortura sexual.
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