La tensión aumenta en Moldavia, una pequeña antigua república soviética incrustada entre Rumania y Ucrania. Las amenazas que generan la guerra en territorio ucranio, recrudecida en las últimas horas por la nueva ofensiva rusa, y la crisis interna fruto del conflicto bélico condujeron el pasado viernes a la caída del Gobierno proocidental encabezado por Natalia Gravilita. La dimisión, que ya se anticipó en octubre, llega horas después de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunciara el jueves en Bruselas que los servicios de espionaje de su país habían interceptado documentos de Rusia que mostraban que el presidente ruso, Vladímir Putin, planeaba un golpe de Estado.
El plan, según la información de Ucrania, se llevaría a cabo con la ayuda con ayuda de ciudadanos de Bielorrusia, Serbia y Montenegro con entrenamiento militar que acometerían acciones violentas enmascaradas bajo manifestaciones. La presidenta de Moldavia, la proeuropea Maia Sandu, aseguró el lunes que el intento de Rusia de emprender acciones subversivas no es nuevo. “En otoño ya hubo intentos de desestabilizar y socavar el Estado, pero no lograron su objetivo gracias a la rápida intervención de nuestras instituciones de seguridad y orden público”, añadió. Las autoridades moldavas cerraron el espacio aéreo este martes, desde el mediodía a las tres de la tarde, por motivos de seguridad, sin precisar más detalles.
El pasado otoño, la atención se centró en la crisis energética provocada por Rusia, cuyo objetivo sería provocar un gran descontento entre la población y generar violentas protestas. Esta vez, según subrayó la presidenta, el intento de desestabilización incluiría la incorporación de elementos “subversivos con entrenamiento militar, camuflados con ropa de civil, que emprenderían acciones violentas”. Entre esas acciones se contempla, según la jefa de Estado, el ataque contra edificios estatales y la toma de rehenes. El objetivo, añadió Sandu, de esas “acciones violentas disfrazadas de protestas por parte de la llamada oposición”, sería “forzar el cambio de poder en Chisináu”. La jefa de Estado añadió que los documentos recibidos desde Kiev aportan “ubicaciones y aspectos logísticos de la organización de esta actividad subversiva”.
La presidenta de esta república de apenas 2,6 millones de habitantes indicó que el plan de Moscú contempla la introducción de extranjeros en el país que asumirían las acciones violentas. El material supuestamente interceptado por Ucrania contiene instrucciones sobre las reglas de entrada a Moldavia para ciudadanos de la Federación Rusa, Bielorrusia, Serbia y Montenegro.
Rusia niega las acusaciones
Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, rechazó este martes las acusaciones y las tachó de “gratuitas” y sin fundamento. Para la diplomática, estas afirmaciones están basadas en información clasificada que es imposible de verificar y que “luego utilizan para justificar sus propias acciones ilegales”. Zajárova cree que Kiev desea “implicar a Chisinau en una dura confrontación con Rusia”, al tiempo que Moldavia utiliza esta “información falsa con el fin de utilizar el mito de la amenaza rusa para distraer a los ciudadanos moldavos de los problemas internos, causados ante todo por el fracaso de la política socio-económica de la actual administración, y para fortalecer la lucha contra la disidencia y los oponentes políticos”.
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Estados Unidos expresó, en cambio, su inquietud por un presunto complot ruso con el objetivo de derrocar el gobierno moldavo. “Las informaciones son profundamente preocupantes”, pero, “no están fuera de los límites del comportamiento ruso”, declaró John Kirby, coordinador para la Estrategia de Comunicación del Consejo Nacional de Seguridad de La Casa Blanca, en rueda de prensa.
Por su parte, Maia Sandu denunció que el Kremlin contaría en la ejecución de su plan con “varias fuerzas internas, especialmente grupos criminales como la formación (política prorrusa) Șor y todos sus brazos, veteranos y personas del entorno de [el oligarca fugitivo Vladimir] Plahotniuc”. Sandu añadió que el objetivo de estas acciones pasa por “socavar el orden constitucional y cambiar el poder legítimo de Chisinau a uno ilegítimo. “Esto pondría a nuestro país a disposición de Rusia y detendría el proceso de integración europea”, aseveró.
Para evitar este escenario, la mandataria pidió a todas las instituciones del Estado la máxima vigilancia e instó al Parlamento de Moldavia a adoptar “lo antes posible los proyectos de ley que doten al Servicio de Información y Seguridad (SIS) y a la fiscalía de las herramientas necesarias para combatir con mayor eficacia los riesgos para la seguridad del país”. “Todos aquellos que participan en estas acciones dirigidas contra el estado de la República de Moldavia, elementos externos, miembros de partidos políticos y grupos criminales, y todos aquellos que los protegen, deben rendir cuentas”, puntualizó Sandu.
Más tarde, la coalición formada por el Partido Socialista con los comunistas tachó la declaración de irresponsable y exigió que las pruebas se hicieran públicas. “Si el SIS tiene evidencias, debe presentarlas al público. De lo contrario, tales declaraciones pueden considerarse como una provocación destinada a llevar a Moldavia a un conflicto militar, causando histeria en la sociedad, intimidando a la oposición e intensificando la represión política contra todos los insatisfechos dentro del país”, precisó en un comunicado la alianza de izquierdas. El partido opositor Șor arremetió con más dureza contra la presidenta al acusarla de intentar usurpar el poder, al mismo tiempo que incitó a convocar nuevas protestas para este domingo. Marina Tauber, vicepresidenta de esta formación afín al Kremlin, advirtió de que si se conceden más facultades a los órganos de seguridad del país “habrá nuevos abusos de poder y violaciones de los derechos humanos”.
Dimisión forzada
El Ejecutivo moldavo atravesó en los últimos meses varias crisis graves que erosionaron fuertemente su imagen y nivel de confianza: la llegada de refugiados de Ucrania, el aumento de precios y la crisis energética. Esos factores provocaron un descontento masivo entre la población, fomentado por los partidos prorrusos. La dimisión de la primera ministra, Natalia Gravilita, y de su Gabinete, el pasado viernes, intentaba reparar la maltrecha imagen del Gobierno. La presidenta, Maia Sandu, ya dejó entrever su descontento con el Gobierno el 2 de noviembre, cuando, respondió en una entrevista que “seguro que hay espacio para algo mejor”.
Por otra parte, la presidenta necesita compartir la responsabilidad política con el Gobierno. Aunque Gavrilița logró mantener la estabilidad económica en momentos críticos y logró un apoyo externo esencial, nunca conectó con la población. Una encuesta de enero refleja que la exprimera ministra no aparece en la lista de líderes políticos en los que confían los ciudadanos. Sin embargo, Maia Sandu necesita confiar en un primer ministro que tenga tracción política en las elecciones presidenciales del otoño de 2024.
Otro de los motivos que provocaron la dimisión del Gobierno está en la lentitud de las reformas. Moldavia ha emprendido una serie de reformas importantes, desde la justicia hasta la energía y desde infraestructuras hasta el campo de la seguridad. Todos están sujetos a la demanda de integración en la UE y la ruptura con el legado prorruso. A pesar de la importante ayuda de Rumania y otros socios occidentales, algunos cambios han arrastrado y creado descontento dentro del partido gobernante PAS y entre sus seguidores.
Además, el apoyo de Gavrilita a su viceprimer ministro, Andrei Spinu, una figura controvertida del PAS, tampoco la ha ayudado. La exprimera ministra se habría puesto del lado de Spinu varias veces en polémicas decisiones. Sandu pronunció un duro discurso ante el Gobierno en diciembre, precisamente tras una extraña decisión de Spinu, que entregó a Transnistria —una región autoproclamada independiente de facto gracias al apoyo de Rusia— todo el gas comprado a Gazprom a cambio de electricidad. Después, la presidenta solicitó al Gobierno que explicara públicamente la decisión y que reorganizara su actividad en el sector energético, lo que todavía no ha ocurrido.
Los analistas consideran que el primer ministro designado, Dorin Recean, comparte la orientación prooccidental de la jefa de Estado, de quien es un fiel colaborador.
Mihai Isac, especialista en política interna de esta república, explica por teléfono: “No esperamos un cambio en el rumbo europeísta de Moldavia, al contrario. Es probable que el Gobierno de Recean ponga un énfasis aún mayor en la agenda proeuropea”. Recean se centrará más en los temas de seguridad, dado que fue ministro de Interior y encabeza el Consejo de Seguridad, en un contexto en el que el país está bajo la amenaza constante de Rusia y del enclave separatista de Transnistria”, subraya el experto.
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