La diputada morenista Reyna Celeste Ascencio Ortega presentó este martes una iniciativa para reformar el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para que las organizaciones no gubernamentales que reciben recursos extranjeros públicos o privados no puedan promover modificaciones legislativas o participar en litigios estratégicos.
De acuerdo con la exposición de motivos, el proyecto tiene por objeto “regular y transparentar los recursos que organizaciones no gubernamentales reciben de gobiernos y corporaciones extranjeras, y que se dedican a desarrollar actividades de cabildeo y litigio en contra de México”.
La legisladora Ascencio señala que “la cuarta transformación del país enfrenta muchos adversarios, algunos de ellos son intereses extranjeros y los grandes capitales que sólo buscan mantener sus privilegios y concesiones, y para ello ‘financian’ a organizaciones no gubernamentales, a fin de que promuevan o retrasen cambios legislativos, o bien, para que estas organizaciones no gubernamentales interpongan recursos y juicios en contra de las decisiones que afectan los intereses de sus patrocinadores, estas organizaciones se escudan en la protección de grupos vulnerables, el medio ambiente o la defensa de los derechos humanos”.
La diputada acusa “simulación y corrupción” de las organizaciones, ya que considera que al recibir recursos de gobiernos extranjeros o de grandes empresas, ello compromete su independencia y autonomía para responder a quienes las financian.
En ese sentido, señala que “el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha propuesto separar el poder político del poder económico, y ello pasa por las organizaciones supuestamente civiles que responden a grupos privados o a potencias extranjeras”.
Acusa que diversos proyectos de la “cuarta transformación” se han visto entorpecidos por actividades de litigio y cabildeo realizado por organizaciones y asociaciones civiles financiadas desde el extranjero y que en ocasiones, los intereses del exterior “se confabulan con grupos conservadores del país, y utilizan a las organizaciones civiles como fachada para impulsar su agenda ante las instituciones públicas”.
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“En efecto, tal como lo ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, estas organizaciones promueven el golpismo y se trata de evidentes actos de intervencionismo que violan nuestra Soberanía Nacional, es totalmente inmoral que gobiernos y empresas extranjeras quieran tener injerencia en la vida nacional”, apunta.
La legisladora cita las palabras pronunciadas por el mandatario en algunas de sus conferencias matutinas, en las que ha denunciado el financiamiento del gobierno de Estados Unidos a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, a la que se refirió como “un grupo que encabeza Claudio X. González”, así como la asociación Artículo 19.
La propuesta de reforma, incorpora un párrafo a la fracción primera del artículo 82 de la Ley del ISR, en el que menciona que si las organizaciones reciben donaciones en forma directa o indirecta de gobiernos, asociaciones o empresas extranjeras deberán informar al Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de Gobernación, desglosando el origen, monto y precisando el porcentaje que constituye de sus ingresos totales.
En la tercera fracción, incorpora el permiso a las organizaciones para que realicen acciones de litigio estratégico, además de otras actividades destinadas a influir en la legislación.
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Sin embargo, agrega que si éstas reciben donaciones públicas y privadas del extranjero, tendrán vedadas dichas tareas.
De no cumplir con lo dispuesto, “se les revocará la autorización para recibir donativos deducibles fiscalmente”.
“En otras palabras, ¿por qué debemos permitir que intereses extranjeros promuevan leyes o decisiones públicas en México? ¿Es legítimo que organizaciones civiles mexicanas se presten para ello y encima gocen de beneficios fiscales? O que haya grupos de conservadores que las financien y de paso obtengan un recibo deducible de impuestos”, señala Ascencio.
“En suma, queremos acabar con un negocio donde intereses extranjeros y empresariales contratan a estas organizaciones y éstas simulan que defienden derechos humanos, cuando en realidad promueven una agenda antinacional y contraria al cambio verdadero”, menciona en el texto.
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