Tras 16 horas de discusión, el pleno de la Cámara de Diputados avaló tres leyes educativas que incluyen propuestas de la CNTE; ahora toca al Senado su revisión.
La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, que forma parte de la legislación secundaria de la reforma educativa de mayo pasado.
A las 04:00 horas, el Pleno aprobó el dictamen en lo general con 251 votos a favor, 98 en contra y cero abstenciones; posteriormente, a las 05:02 horas, lo avaló en lo particular con 234 votos en pro, 81 en contra y cero abstenciones.
El dictamen se remitió al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
Durante la discusión en lo particular, presentaron reservas un diputado del PAN, dos del PRI, uno del PT, uno de MC, y uno del PRD.
De esas propuestas de modificación, sólo se aceptó la del PT, que fue presentada por el diputado José Luis Montalvo Luna, para precisar la definición de “personal técnico docente” en la fracción XV del artículo 7.
La discusión del dictamen inició a las 01:20 horas de este viernes con la fundamentación, en tribuna, a cargo de la diputada Flora Tania Cruz Santos (Morena), secretaria de la Comisión de Educación.
Inmediatamente la diputada Verónica María Sobrado Rodríguez (PAN) presentó una moción suspensiva, que fue rechazada por el Pleno.
En la fundamentación, Cruz Santos externó que con la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa “se termina el brutal ataque y desprestigio a los docentes” que inició en 2013.
“Los dictámenes que se van a votar hoy, derivados de la nueva reforma de 2019 que se promulgó el 15 de mayo de este año viene a dar a luz y esperanza al sistema educativo nacional y a un país que por años vio en olvido la educación pública”, expresó.
Comentó que el proyecto de Ley General para la Carrera de las Maestras y los Maestros –conformado por 107 artículos divididos en seis títulos, y 24 preceptos transitorios– tiene la tinta de todos los grupos parlamentarios.
Subrayó que, “de ninguna manera, es un sustituto de la extinta Ley General del Servicio Profesional Docente, sino que esta es la garantía de un sistema de profesionalización permanente de las maestras y los maestros, formativo y no punitivo”.
También destacó que en ninguna parte de la ley se ocupa el término de “pase directo” o algo similar para la admisión a las plazas. “Se acabaron las injusticias y la venta de plazas”.
Posteriormente, diputados de los ocho grupos parlamentarios hicieron uso de la tribuna para fijar la postura de sus bancadas, y luego diversos legisladores hablaron en pro y en contra del dictamen.
A favor lo hicieron los diputados Mildred Concepción Ávila Vera (Morena), Armando Reyes Ledesma (PT), María de Jesús García Guardado (Morena), Lorena del Socorro Jiménez Andrade (Morena), Hildelisa González Morales (PT) y Estela Núñez Álvarez (Morena).
En contra, Jacobo David Cheja Alfaro (MC), Cynthia Iliana López Castro (PRI), Felipe Fernando Macías Olvera (PAN), Verónica Juárez Piña (PRD), Arturo Escobar y Vega (PVEM) y Anilú Ingram Vallines (PRI).
La Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros establece los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión y revaloriza a estos como profesionales de la educación, con pleno respeto a sus derechos.
Señala que el Estado ejercerá la rectoría de la educación y se priorizará el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de recibir una educación conforme con los principios, fines y criterios establecidos en el artículo 3º de la Constitución Política.
Detalla que el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros tendrá como propósito contribuir a la excelencia de la educación en un marco de inclusión y de equidad, bajo los principios, fines y criterios previstos en la Ley General de Educación.
Plantea crear un Sistema Abierto y Transparente de Plazas manejado por la Federación, en el cual se registrarán las vacantes por parte de los directores de las escuelas, de los superiores jerárquicos en el plantel educativo y de las autoridades de las entidades federativas.
Apunta que la participación de las autoridades educativas de los estados y de las representaciones sindicales se dará en un proceso público tripartita en el que se den a conocer los resultados de la ponderación del proceso de promoción.
Estas “representaciones sindicales” estarán incluidas para decidir la asignación de plazas, los ascensos e incluso los cambios de centros de trabajo de los empleados de la educación, esto como una “garantía en el respeto de los derechos de los trabajadores”.
Con objeto de fortalecer a las escuelas normales públicas, a la Universidad Pedagógica Nacional y a los centros de actualización del magisterio, de acuerdo con las necesidades del servicio educativo, el ingreso a estas instituciones corresponderá a la demanda prevista en el proceso de planeación educativa de la autoridad competente.
Para tal efecto, la SEP constituirá un modelo para los procesos de admisión a dichas instituciones públicas. Una vez definida la demanda futura por región.
La admisión al servicio de educación básica que imparta el Estado se realizará por medio procesos anuales de selección, a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales.
En este mecanismo se apreciarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos y asegurar la contratación del personal que cumpla con el perfil profesional.
La admisión al servicio público educativo estará sujeta a la disponibilidad de plazas vacantes definitivas, temporales y de nueva creación, así como a las estructuras ocupacionales autorizadas; es decir, el número de las vacantes se definirá de conformidad con las necesidades del servicio público educativo y la disponibilidad presupuestal, con base en la planeación que realice el Sistema Educativo Nacional.
Con el propósito de atraer al personal docente que ingrese al servicio de educación básica o docente en servicio y propiciar su arraigo escolar en zonas de alta pobreza o de marginación, alejadas de las áreas urbanas, se establecerán incentivos económicos superiores en los niveles de la promoción.
Ley de Educación, aprobada
La noche del jueves, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular, con mayoría de Morena y sus aliados, la Ley General de Educación con 285 votos en favor y 128 en contra de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano.
Después de la aprobación en lo general, y tras desahogar más de 50 reservas a diversos artículos por diputados de oposición, algunos de los cuales declinaron su participación en tribuna, la mayoría de Morena con los partidos del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Encuentro Social dieron luz verde a dicha ley.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, dio por aprobado el dictamen de la Ley General de Educación e instruyó para que pasara al Senado.
Además, los diputados aprobaron, en lo general y en lo particular, el dictamen que expide la Ley Reglamentaria del artículo 3º de la Constitución Política en materia de Mejora Continua de la Educación, que forma parte de la legislación secundaria de la reforma educativa de mayo pasado.
La nueva ley reglamentaria en materia de Mejora Continua de la Educación establece el Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización para el personal docente, además de reglamentar las evaluaciones diagnósticas, cuyos resultados “en ningún caso tendrán efecto sobre la permanencia en la plaza de las maestras y de los maestros”.
A las 00:28 horas de este viernes, el Pleno aprobó el documento en lo general con 284 votos a favor, 123 en contra y cero abstenciones; posteriormente, a las 01:17 horas, lo avaló en lo particular con 273 votos en pro, 113 en contra y cero abstenciones.
Durante la discusión en lo particular, el PRI presentó en tribuna tres propuestas de modificación; el PAN, una; MC, una, y el PRD, tres. Todas fueron desechadas.
La discusión inició a las 20:50 horas de ayer jueves con la fundamentación del documento, en tribuna, por parte de la diputada Zaira Ochoa Valdivia (Morena), secretaria de la Comisión de Educación; tras ello, la diputada María Marcela Torres Peimbert (PAN) presentó una moción suspensiva que fue rechazada por el Pleno.
Durante la fundamentación, Ochoa Valdivia señaló que el proyecto de ley –que consta de 68 artículos divididos en seis títulos, y 14 preceptos transitorios– ordena crear un Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación que será coordinado por un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y de patrimonio propio.
Comentó que el Sistema Nacional tendrá como atribuciones: realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del sistema educativo nacional; determinar indicadores de resultados; establecer criterios para el certificado de los procesos; emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, del desempeño escolar, de resultados de aprendizaje, de la mejora de las escuelas y de la organización y profesionalización de gestión escolar.
El organismo coordinador se denominará Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y el Sistema Integral de Formación, Actualización y Capacitación, que será retroalimentado por evaluaciones diagnósticas.
Al respecto, la diputada expresó que “no se trata, como señalan algunos, del costoso y nada autónomo INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación) que desapareció con las reformas constitucionales”.
“Se trata de una institución diferente, responsable de garantizar a las y los maestros su derecho, que en evaluación pone el acento, en procesos que permiten identificar espacios, necesidades que requieran medidas y competencias, una evaluación que permita desarrollar políticas pertinentes en la formación de maestros, de infraestructura, culturales y curriculares, de apoyo social para avanzar con equidad hacia la excelencia”, dijo.
La ley tiene como objeto regular el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación que será un conjunto de actores, instituciones y procesos estructurados y coordinados.
El Sistema Nacional tiene como objetivo garantizar la excelencia y la equidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, para contribuir al desarrollo integral del educando.
La legislación señala que el personal que ejerza las funciones de docentes, directiva o de supervisión tendrá derecho a acceder a un sistema integral de formación, capacitación y actualización. El Estado garantizará lo necesario para que dicho personal en la Federación, entidades federativas y municipios, tenga opciones de formación, capacitación y actualización, cuyos contenidos serán elaborados con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, además de tomar en cuenta los contextos locales y regionales de la prestación de los servicios educativos, así como las condiciones de vulnerabilidad social.
Menciona que la oferta de formación, capacitación y actualización deberá centrarse en la mejora continua de las maestras y los maestros; vigorizar el desempeño académico de los educandos, a partir de una oferta amplia de métodos pedagógicos; favorecer la equidad; propiciar la excelencia de la educación que imparta el Estado; ser gratuita, diversa y de excelencia; incorporar la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, así como aprovechar y promover el uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital.
Estipula que los recursos materiales y financieros del extinto INEE pasarán a formar parte de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. (Con información de Ntmx y Notilegis)