La decisión de la Generalitat de no acceder a aplazar 15 días el voto de censura contra la directiva del FC Barcelona sirvió de coartada al presidente Josep Maria Bartomeu y a su junta para dimitir en bloque y eludir un referéndum al que tenían pánico después de ser firmado por 19.532 socios. Bartomeu torpedeó el proceso desde el día que se autentificaron las firmas, el pasado 9 de octubre, con el argumento de que pretendía cerrar las cuentas con más tiempo y menos limitaciones de las que tendrá la comisión gestora que se constituirá hoy con ocho miembros procedentes de la comisión económica y disciplinaria del club y cuyo presidente será el economista Carles Tusquets (Barcelona, 1951). La condición de presidente de la comisión económica supone por tanto que Tusquets debería tener conocimiento también de las cuentas del Barcelona.
A Bartomeu le preocupaba el vacío de poder que puede generar su salida y la dificultad que tendrá la gestora para celebrar unas elecciones a corto plazo —dispone de un máximo de tres meses— y tomar una serie de decisiones deportivas y económicas “inaplazables y de gran abasto” en palabras del presidente del Barça. El reto es cerrar antes del 5 de noviembre un acuerdo en la mesa de negociación para la adecuación salarial de la plantilla y de los trabajadores del club, “una medida que, si no se aplica, puede tener consecuencias muy graves en el futuro inmediato del club”, en palabras de Bartomeu.
Reducir 190 millones. El consejo de Bartomeu ha sido víctima de la grandilocuencia, la que le llevó a presentar un presupuesto de 1.047 millones para la temporada 2019-2020, el más alto de una entidad deportiva, a los 828 millones previstos para el ejercicio 2020-2021 —el beneficio contabilizado sería de un millón e incluye la asistencia de público al estadio desde febrero de 2021—. Las pérdidas del curso pasado ascienden a 97 millones y se estima que la deuda puede superar los 800 millones. Números que, en cualquier caso, exigen de inmediato reducir la masa salarial en 190 millones si se atiende a las cifras que manejaba últimamente Bartomeu.
Las dudas de Messi. El club ha gastado 1.092,35 millones en fichajes desde 2015 y no ha conseguido compensar las salidas de Neymar, Xavi e Iniesta. Bartomeu se equivocó al intentar cambiar pieza por pieza sin atender a la cultura futbolística azulgrana, convertido el presidente en esclavo del ecosistema del vestuario (el mejor pagado de Europa: 392 millones). A pesar de renovar a Piqué, Ter Stegen, De Jong y Lenglet, a los que se ha reducido el salario a cambio de ampliar los contratos para aliviar los números de la entidad, no ha conseguido despejar las dudas que tiene Messi. El argentino, que el pasado verano fue retenido contra su voluntad por el expresidente, puede negociar su futuro a partir de enero, cuando se celebrarán seguramente las elecciones a la presidencia. El 10 puede ser una carta ganadora para cualquier candidato si decide seguir en el Camp Nou. Aunque Messi tenía un problema con Bartomeu, cuando el jugador fue el gran icono del mandato del presidente, hoy parece más dispuesto a irse que a quedarse.
El Barçagate. Los Mossos mantienen abierta la investigación sobre el contrato que el Barcelona firmó con I3 Ventures para monitorizar las redes sociales y difamar a los opositores y críticos al tiempo que se cuestionaba a jugadores como Messi y Piqué. La dimisión de seis directivos y la acusación de posible corrupción, expresada en la frase “puede que alguien haya metido mano en la caja”, sacudió el Camp Nou. Tampoco se ha cerrado la carpeta Neymar después de que el club ya fuera condenado por fraude fiscal y quedaran exonerados Bartomeu y el expresidente Sandro Rosell, una de las manchas que muchos socios no perdonan a los exmandatarios del Barcelona. La huida del brasileño al PSG marcó un cambio drástico de las relaciones del Barça con Qatar, patrocinador del club en 2010, enemigo desde que el club parisino fichó a Neymar. La judicialización ha sido una constante de las dos últimas juntas, fiscalizadoras por naturaleza desde la acción de responsabilidad emprendida contra Joan Laporta, el expresidente que seguramente se vuelva a presentar en 20.
Las elecciones. “La gestora no tiene ninguna garantía de poder celebrar unas elecciones a corto plazo”, advirtió Bartomeu, al que sus opositores coincidían en considerar un tapón para poder actuar y solucionar los problemas del Barça. Los comicios deberán ser convocados en un máximo de 90 días a partir de hoy, de manera que seguramente se celebrarán en enero, un mes antes de las elecciones autonómicas previstas para el 14 de febrero. Aunque ambas están condicionadas por la evolución de la pandemia, antes se conocerá al presidente del Barça que al de la Generalitat. Las relaciones de Bartomeu con el Govern han sido especialmente tensas desde el 1 de octubre de 2017, cuando el equipo azulgrana jugó a puerta cerrada contra el Las Palmas. El presidente no consiguió la complicidad de los Mossos ni del Govern que le pedía Javier Tebas, presidente de LaLiga, para suspender el encuentro ante las cargas policiales que se sucedieron aquel día en Cataluña. Los independentistas han desconfiado de Bartomeu en la misma medida que se le ha calificado de nacionalista desde Madrid.
El expresidente señaló a la Generalitat en su adiós del Barça. Tuvo una salida forzada, al igual que Josep Lluís Núñez, Joan Gaspart y Sandro Rosell, mientras que Joan Laporta superó una moción de censura antes de agotar su mandato en 2010. “Se me ha insultado y amenazado”, denunció Bartomeu, que en su mandato intentó reconducir las relaciones con la familia Cruyff, punto de desencuentro desde la presidencia de Rosell, y acabó por anunciar proyectos que suenan a música celestial como la Superliga, el Barça Corporate y la financiación del Espai Barça. El problema es que ya nadie se lo tomaba en serio desde que en enero empezó a tocar teclas con el despido de Valverde.
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