El reciente feminicidio de Leonila De la Cruz demuestra la necesidad de mantener acciones de protección a las mujeres indígenas: activista Tukarima Iyaly.
Por Karina Cancino
Mujeres indígenas de los pueblos originarios náayeri, wixárika, odam y náhuat de Nayarit exigen continuidad de programas y recursos del Gobierno de México para erradicar la violencia de género en sus comunidades ante el anuncio de recortes presupuestales y la vigencia de la alerta de género en la zona serrana local.
La activista y defensora de Derechos Humanos -Premio Nacional de la Juventud 2014- Tukarima Iyaly Carrillo Díaz resaltó que el reciente feminicidio de una mujer náayeri -Leonila De la Cruz Pancho- al interior de su domicilio, demuestra la necesidad de mantener acciones de protección a las mujeres indígenas.
“Hace falta trabajo para prevenir la violencia de género y mejorar la condiciones de las mujeres indígenas; no hay instancias para ellas, había las Casas de la Mujer Indígena pero ya no existen, era una ayuda. Por eso lo que se demanda es presupuesto para prevenir y erradicar la violencia en nuestros sitios”, sostuvo.
La activista refirió que en estos sitios, las mujeres de los pueblos originarios se daban cuenta de sus derechos y la manera de hacerlos valer, además de que recibían atención jurídica y acompañamiento en caso de ser violentadas; aunque con este anuncio y el cierre del organismo en sus comunidades, se mantienen a la expectativa.
“La condición de las mujeres indígenas en la actualidad, se siguen viendo como objetos sexuales, inferiores, incapaces como instrumento de la casa, como vientres; que debemos estar a disposición y las órdenes del hombre, es penetrante el machismo en las comunidades indígenas y las agresiones se dan por el hecho de ser mujeres, por eso hace falta atención”, dijo.
El 4 de agosto de 2017, la Secretaría de Gobernación (Segob) activó la alerta de género en 7 municipios de Nayarit: Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Río, Santiago Ixctuintla, Tecuala y Tepic; así como “acciones específicas” en los de mayor población indígena, Del Nayar, Huajicori y La Yesca.
En estos últimos municipios, la Segob estableció que debían imponerse medidas que transformaran los usos y costumbres tendientes a propiciar la violencia contra las mujeres, y establecer redes comunitarias para prevenir y atender la violencia de género.
En México, las 35 Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana forman parte del Programa de Derechos Indígenas, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) donde se atiende y capacita a las mujeres para la defensa de sus derechos sexuales y reproductivos, así como prevención de violencia de género contra ellas.
A partir de la contingencia sanitaria por el coronavirus, el gobierno de México decidió desde el pasado 3 de abril suspender el subsidio al Programa de Derechos Indígenas, que para este 2020 tendría un presupuesto cercano a los 200 millones de pesos.